INTRODUCCIÓN

El abuso sexual y la explotación sexual infantil son un problema en todos los países y abarcan todas las clases sociales. Cualquier niña o niño, sin distinción de edad, sexo o condición socioeconómica puede ser víctima.

Según datos del Ministerio de Asuntos Sociales se estima que en España el 23% de las niñas y el 15% de los niños han sufrido algún tipo de abusos sexuales. En cuanto a las denuncias que se plantean se infiere que sólo un 10% de los casos son denunciados.

La figura del adulto como referencia de protección y cuidado se transforma, en estos casos, en figura amenazante. Máxime cuando en la mayoría de los casos el abuso es intra familiar. Los datos del Servicio de atención psicológica al menor del la Dirección General de la Familia, Menor y Adopciones, de la Consellería de Bienestar Social así lo corroboran. En los 83 casos atendidos en el año 1999, en el 35% de los casos en los que existían abusos, el abusador era el padre biológico. Y sólo en el 13% de los casos, los perpetradores eran desconocidos para el niño. Este hecho aumenta la complejidad de la intervención puesto que se tiene que defender al niño de su propia familia, con las dificultades legales que esto trae consigo. Además del efecto psicológico supone para el menor la ambivalencia del vinculo familiar, debido al afecto y rechazo que puede sentir cuando el abusador es el padre, abuelo, hermano, etc.

LA DETECCIÓN DEL ABUSO

Todos podemos poner en conocimiento la sospecha de abusos sexuales, agresiones sexuales o explotación sexual. Sólo con que se tenga esa sospecha es importante actuar y debemos recordar que las personas que abusan sexualmente de menores no responden al estereotipo que podamos tener de delincuente habitual, pudiendo estar perfectamente integrados socialmente, y tener un reconocimiento personal y social notable.

De igual manera el parentesco tampoco evita estas prácticas, ya hemos señalado que la gran mayoría de abusos son intra familiares, así que no debemos extrañarnos si el presunto perpetrador es el padre o un familiar cercano. En cualquier circunstancia y ante la menor duda lo mejor es ayudar al niño y facilitar su exploración psicológica por un equipo de expertos.

Se observa de forma preocupante, especialmente cuanto median conflictos familiares y procesos de separación, y/o en lucha por la custodia del menor, el aumento de las falsas denuncias. En algunos casos los menores son utilizados y sometidos a exploraciones psicológicas y médicas innecesarias ya que no existen bases fundadas para pensar que estén sufriendo algún tipo de abuso. Aunque estos casos se pueden detectar con relativa facilidad a través de análisis del testimonio del menor y la valoración familiar, es necesario señalar el coste psicológico que dicha experiencia supone para los menores implicados. En primer lugar, debido a que la acusación se hace sobre un miembro del entorno familiar, lo que lleva a la ruptura de vínculos con la persona denunciada y con el entorno. Además, en algunas ocasiones espacialmente los menores de corta edad, llegan a creerse víctimas de abuso sexual, aunque no lo hayan sufrido. En estas mismas circunstancias se llega al extremo de la utilización del menor en procesos judiciales innecesarios, con denuncias motivadas por intereses espurios, con las consiguientes situaciones de estrés y alteraciones de la vida cotidiana del menor.

Por otra parte se da el caso de padres y profesionales que, bien por experiencias personales de abusos sufridos, bien por el impacto social del tema, están especialmente sensibilizados, de forma que ante conductas sexuales normales dentro del desarrollo evolutivo del menor o ante otros indicadores, pueden alarmarse y someterlo a exploración.

En estas situaciones, no tiene porque haber consecuencias negativas, puesto que una adecuada exploración psicológica especializada en abusos sexuales no debe suponer ningún costo para el/la menor. Las exploraciones médicas estarían indicadas cuando se tiene constancia de que el abuso ha sido muy reciente y/o genital/analmente intrusivo. Considerando las directrices de la Academia Estadounidense de Pediatría para la evaluación de abuso sexual, donde señala, que en la mayoría de los casos no se encuentran indicios físicos anormales (el examen genital en niñas sexualmente abusadas era claramente anormal solamente en el 14% de casos).

Sin embargo, si aparecen consecuencias muy negativas, en los casos en los que los adultos que deben proteger al menor, no quieren ver lo que esta ocurriendo, son incapaces de detectar las señales más alarmantes, no escuchan las quejas de la víctima y no aceptan las evidencias más notables tras exámenes psicológicos y/o médicos. En estos casos las menores, puesto que la gran mayoría son niñas o adolescentes, aparecen doblemente desamparadas, ya que las personas que tienen que protegerla se convierten en sus agresores: uno por acción, el padre y otra por omisión, la madre. Aunque este binomio se puede alterar en las muy raras ocasiones en que la madre puede ser la abusadora.

Con esto no queremos decir que las madres no pretejan a sus hijas, ni queremos asignarle el papel de cómplices cuando, en la gran mayoría de las ocasiones son víctimas de la tragedia. Pero son tan desoladores estos casos que no podemos dejar de señalarlos, aunque haciendo constar que el único y verdadero responsable de los hechos siempre es el abusador.

EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES EN LA DETECCIÓN DEL ABUSO SEXUAL

Atendiendo a lo anteriormente expuesto el papel de los profesionales relacionados con los niños, como médicos, personal sanitario, profesores, asistentes sociales, psicólogos, educadores, personal de servicios sociales es fundamental para detectar los abusos y colaborar en la atención a estos niños. Los profesionales que trabajan con niños y adolescentes tienen la obligación profesional y humana de velar por su bienestar. Sin embargo son pocas las víctimas de abusos que le cuentan su experiencia a profesionales próximos a ellos.

Podemos estimar que una de las causas de la diferencia entre las tasas reales de abusos sexuales y los casos detectados, se debe a la falta de implicación de los profesionales que trabajan con menores.

Las dificultades que los distintos profesionales encuentran a la hora de detectar los abusos y derivar correctamente los casos en los que probablemente el menor esté en situación de riesgo o ya haya sufrido abusos sexuales están relacionadas con:

· La incredulidad ante los hechos, especialmente si el "sospechoso" es otro profesional o un miembro de la familia del niño.

· Los profesionales no se encuentran a menudo con este problema por lo que no están entrenados para abordarlo.

· Desconocen los indicadores que ayudan a detectarlos.

· El hecho de que la detección del abuso pueda suponer una denuncia judicial.

· El temor a la denuncia y a sus consecuencias, muchas veces por desconocimiento del procedimiento judicial.

· El temor del profesional de que su preocupación sea infundada y las consecuencias que pueda tener esa falsa alarma.

Por todo ello, consideramos de vital importancia ofrecer información que facilite las buenas prácticas en proceso de detección y derivación de abusos sexuales para los profesionales que trabajan con menores. No se espera de estos profesionales que hagan un diagnóstico especializado y mucho menos juzguen los hechos. Su labor es la de informar de la sospecha y apoyar al niño en su labor cotidiana.

Dra. María Pérez Conchillo

Directora del Servicio de Atención Psicológica al Menor

Instituto de Psicología y Sexología Espill. Valencia

Instituto@espill.org