SANTANDER.- Un vecino de Astillero (Santander) de 45 años, que había sido condenado en 1990 por violar a una niña de ocho años y detenido en 16 ocasiones, nueve de ellas también por agresión sexual, fue detenido ayer por agresión sexual a dos niñas, de 10 y siete años, según informaron fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas del pasado viernes, según informa Europa Press. El presunto agresor fue capturado por familiares de una de las niñas, que lo entregaron a la policía.

SOCIEDAD

Sábado, 9 de octubre de 1999

Absuelto un hombre que se «revolcaba» con dos niñas

MONTSERRAT MARTINEZ

BARCELONA.- La Audiencia de Barcelona ha condenado a 11 años y nueve meses de cárcel a Bartolomé Lopera Espinar, de 56 años, por abusar sexualmente de dos de las nietas de su novia.

Sin embargo, los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona absuelven al acusado de los supuestos abusos a las otras dos nietas al considerar «normal» en el seno de la citada familia -aunque «chocante»- que el abuelo se revolcara desnudo con las niñas en la cama. La fiscal pedía una pena total de 50 años para el acusado.

SOCIEDAD

Lunes, 25 de octubre de 1999

SENTENCIA / EL MISMO JUEZ LO CONDENA A SIETE AÑOS DE PRISION POR ESE DELITO

La Audiencia de Córdoba propone el indulto para un padre que violó a su hijo

El tribunal considera la armonía familiar más importante que la agresión

CORDOBA.- La Audiencia Provincial de Córdoba propone que, por el bien de una familia, se conceda un indulto a un padre al que, en la misma sentencia, condena a siete años de prisión por agredir sexualmente a su propio hijo de cuatro años.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera probado que el padre penetró analmente al menor y que le causó desgarros que lo obligaron a acudir a un médico, aunque también considera probado que el progenitor es «de intachable conducta, gozando del afecto y consideración por parte de sus convecinos así como del cariño de su esposa e hijos».

El tribunal afirma que el procesado, Francisco G.M., llegó a su casa de la localidad de Posadas tras el trabajo y decidió darse una ducha antes de cenar, ante lo cual el menor de sus tres hijos quiso ducharse con él, lo que al parecer hacía con frecuencia. Cuando ambos se hallaban en la ducha, el procesado penetró analmente a su hijo, lo que le hizo sangrar levemente, por lo que avisó a la madre y le dijo que el niño se había caído sobre el tapón del bote del gel de baño.

Los padres llevaron al niño al médico, que decidió que el menor fuese examinado en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde dos pediatras observaron que las heridas no se correspondían con la causa indicada por los padres y pusieron los hechos en conocimiento del Juzgado de Guardia.

Convencimiento

La sentencia considera que estos hechos constituyen un delito de agresión sexual y que es prácticamente imposible que las lesiones que tenía el menor se hubiesen producido como decía el padre, además de que son típicas de una introducción del pene «tal y como lo describen científicamente los manuales especializados». Todo ello lleva al tribunal al «pleno convencimiento» de la existencia del delito, aunque considera que no se pueden obviar las «peculiares» circunstancias de este caso, en el que «el cariño recíproco de una familia unida persiste, así como la plena confianza en el procesado» y el «gran afecto que el menor tiene hacia su padre».

Añade el tribunal que las relaciones entre el procesado y su familia son «inmejorables» y resalta que, en ese ámbito familiar, no existe una actitud de «repudio» ante el acusado, ya sea porque consideran que lo que ocurrió fue un accidente o porque, «conociendo la verdad, han perdonado y preferido ignorar el suceso en aras de mantener esa buena armonía familiar».

Por todo ello, la pena «que inevitablemente ha de imponerse» en caso de que tuviera que cumplirse repercutiría negativamente no sólo en el acusado, sino también en su familia que, además, se vería privada de la única fuente de sustento, señala la sentencia.

De esta forma, considera el tribunal que la pena que ha de imponer no satisfaría en su plenitud los intereses de la justicia material, por lo que «estima procedente» proponer la concesión del indulto para el condenado, con suspensión de la ejecución mientras se tramite el expediente.

Por otra parte, M.L., un hombre de 61 años, vecino de Abrucena (Almería), ha ingresado en prisión como presunto autor de la violación de una niña de nueve años. Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre, y los padres de la menor no tuvieron noticia de ellos hasta que la niña tuvo que someterse a una revisión médica, según informaron fuentes de la Guardia Civil.

La agresión a la niña tuvo lugar en un palomar que tiene el acusado en Abrucena, municipio donde la familia de la pequeña solía pasar los fines de semana.

Cuando la madre llevó a la niña al médico, aquejada de una infección, se enteró de lo sucedido, ya que las exploraciones descubrieron algunos desgarros y le hicieron sospechar que la pequeña había sido penetrada vaginalmente. Finalmente, la niña explicó lo ocurrido, lo que dio lugar a la presentación de una denuncia ante la Guardia Civil.

SOCIEDAD

Martes, 26 de octubre de 1999

«¿Qué sentido tiene que el padre ingrese en prisión y cumpla siete años de cárcel?»

Habla el juez de Córdoba que pide el indulto para el hombre que violó a su hijo de cuatro años

SILVIA MORENO

SEVILLA.- Juan Ramón Berdugo, uno de los jueces de la Audiencia de Córdoba que solicitó, en la misma sentencia, el indulto y condenó a siete años de cárcel a un hombre por violar a su hijo, que ahora tiene cuatro años, se mostró ayer sorprendido por la polémica suscitada. Para él, sí hubo agresión sexual, aunque la familia lo niega.

Y se pregunta: «¿Qué sentido tiene que el padre ingrese en prisión cuando esa medida no iba a causar ningún beneficio a ninguna de las partes implicadas y cuando el hecho en sí no había tenido repercusión social?».

«Una pena meramente represora no serviría de nada, ni beneficiaría a nadie, de ahí la propuesta de indulto», argumentó Berdugo. El magistrado, además, destacó que este mecanismo estaba contemplado por la ley y que el tribunal había condenado porque había pruebas suficientes. «Hay que ver el caso concreto», defendió.

El juez insistió: «¿Qué fin tiene una pena?», se preguntó, y añadió que «si la pena ha de tener una readaptación social del delincuente y, en este caso, ya estaba de antemano lograda, la Sala hizo la propuesta del indulto conscientemente».

El acusado siempre negó que hubiera penetrado a su hijo, versión que fue respaldada por la propia madre, relató el magistrado, quien también recordó que la conducta del acusado no había despertado alarma social en la localidad cordobesa de Posadas, donde reside la familia.

«Fue conmovedor el cariño que sentía el hijo hacia su padre», destacó el magistrado rememorando el momento del juicio en el que el pequeño fue corriendo hacia su padre, al que no veía desde hacía un año y medio.

En opinión del juez, se trató de «una violación con unas características muy peculiares» ya que, dijo, «es el único caso que he visto que el propio chico asumía lo que había sucedido, decía que se había caído y nunca llegó a acusar directamente al padre».

No obstante, Berdugo subrayó que la versión del padre, tras las pruebas médicas practicadas, «es totalmente irreal e imposible de creer».

La propia sentencia recoge que Francisco G.M. es «de intachable conducta, gozando del afecto y consideración por parte de sus convecinos, así como del cariño de su esposa e hijos».

Los hechos ocurrieron cuando la madre oyó un grito de su hijo y fue corriendo al cuarto de baño, donde el padre y el hijo se estaban duchando juntos. El padre dijo que el pequeño se había caído y que se le había introducido por el ano el bote del gel. No obstante, el médico que lo atendió destacó que los desgarros anales del pequeño eran los típicos de una agresión sexual.

Respecto a si la madre no denunció por miedo o porque su marido era la única fuente de ingresos, el magistrado dijo que, quizá, considera que lo ocurrido fue un accidente o porque «ha perdonado, en aras a mantener esa buena armonía familiar».

No hubo denuncia familiar. Fue el médico que atendió al pequeño quien dio parte al juzgado.

La Junta de Andalucía recurrirá la sentencia

La Junta de Andalucía va a recurrir la polémica sentencia de la Audiencia de Córdoba. El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, anunció ayer en Málaga que su departamento va a hacer todo lo que esté en sus manos para defender los intereses del menor e ir contra una sentencia que tachó de «injusta» y de «absoluta aberración».

El indulto no es razonable ni lógico, según el consejero, ya que se ha violado «el derecho más importante que tiene precisamente un menor, y además lo ha violado su propio padre, como reconoce la sentencia», por lo que «no hay razón para el indulto».

La propuesta de perdón recogida por el juez se basa en el buen comportamiento y la conducta intachable del padre violador con sus vecinos y allegados, algo que es visto desde la Consejería como un «mecanismo perverso».

Apuntó que crearía un «gravísimo precedente jurídico» el hecho de que el condenado fuera indultado y que ello «iría siempre en contra de los intereses del bien a proteger, que en este caso no es el padre, sino el niño».

«Un menor ha sido violado por su padre, la sentencia así lo dice y lo reconoce. Ninguna tranquilidad para la familia puede ser mayor que su padre esté en la cárcel, por lo que no puede haber indulto», aseveró el consejero de Asuntos Sociales.

SOCIEDAD

Miércoles, 27 de octubre de 1999

«En Guadalcázar, un referéndum daría el sí al indulto»

Los vecinos de un hombre condenado por violar a su hijo apoyan que se le perdone

ARISTOTELES MORENO

CORDOBA.- En la apacible vida de Guadalcázar, localidad cordobesa de poco más de mil habitantes, se han visto las cámaras de televisión en escasísimas ocasiones. La última, no hace menos de cinco años y con motivo de una tromba de agua que acabó por anegar parte de sus calles. Pero en esta ocasión, se han rebasado todas las expectativas. La controvertida sentencia que condena a siete años de cárcel y a la vez solicita el indulto para un vecino por violar a su hijo de cuatro años ha atestado el pueblo de trípodes y cámaras de televisión.

El caso ha levantado un revuelo sin precedentes. Pero la polémica no es nueva. Se desató hace ya 15 meses, cuando una dotación de la Guardia Civil se presentó en el pueblo con una orden judicial para llevarse al pequeño, que, en ese momento, se encontraba en el colegio.

«Cuando vimos a tantos agentes, dijimos: aquí pasa algo», recuerda el alcalde de Guadalcázar, Francisco Rejano.

La noticia recorrió la localidad como una exhalación y Francisco G.M. salió presto a dar su versión y a exigir la devolución del menor de sus tres hijos.

«Todo el mundo lo conoce y nadie podía pensar que fuera capaz de hacer una cosa semejante. Nació aquí y es una persona que ha estado siempre en todo», explica el edil, que gobierna la localidad desde hace ocho años con mayoría absoluta.

«Yo lo he visto llevando a sus hijos a la piscina y estar siempre pendiente de ellos, sin quitarle la vista ni un momento», agrega. «Nadie tuvo nunca queja de su comportamiento».

Pocas suspicacias

La incredulidad aún reina en el vecindario, aunque ya empiezan a surgir algunas suspicacias, sobre todo, a la vista del eco que está teniendo la polémica sentencia de la Audiencia.

Pero, sea certera o no la condena, la mayoría de la gente respalda la petición de indulto propuesta por los magistrados. «Entiendo la posición del consejero», añade Rejano, refiriéndose al anuncio de Isaías Pérez Saldaña de que la Junta recurrirá el veredicto, «pero pienso, personalmente, que haríamos mucho mejor no metiendo al padre en la cárcel, para que la familia no se quede sin sustento».

«Yo soy del PSOE», agrega, «y podría optar por lo fácil y no complicarme la vida, pero conozco la historia y la familia». «Ese niño», abunda el alcalde, «demuestra un cariño especial por su padre. Nunca exhibió una reacción hostil y existen muchas posibilidades de que el asunto se olvide y se reconstruyan las relaciones familiares. El padre, además, ya ha pasado lo suyo».

Desde el suceso, el niño ha vivido en compañía de una tía, hermana de la madre, que reside en La Carlota, pueblo también de la provincia de Córdoba.

La madre sí ha tenido trato con su hijo, pero la autoridad judicial ha impedido que lo tenga el padre, cuyo único contacto se limita a un emotivo encuentro en los pasillos de la Audiencia, con ocasión de la vista.

Tras la publicación de la sentencia, el joven padre ha recibido numerosas muestras de apoyo entre sus convecinos. Francisco G.M. mantiene su inocencia, pese al veredicto de los jueces y el informe médico que certificó que el desgarro fue producido por una penetración anal y no por el impacto de un bote de gel, como defendió desde un principio.

El hombre cuenta, igualmente, con el respaldo de un escrito firmado por 600 vecinos del pueblo, que exigen la vuelta del niño al seno familiar.

«Aquí, un referéndum», sostiene el alcalde, «daría el sí al indulto».

Pero en los tribunales el resultado no está tan claro. El fiscal jefe de Córdoba, Narciso Ariza, anunció ayer que informaría desfavorablemente si el Gobierno llega a tramitar el indulto de Francisco G.M. Ariza fundamenta su opinión en la «repugnancia social y trascendencia» que tiene el hecho para los derechos del menor. El fiscal jefe, sin embargo, efectuó una cerrada defensa de la sentencia de la Audiencia de Córdoba, que ha disparado un considerable revuelo social y jurídico.

«Comprendo la indignación», argumentó, «pero si se ahonda, se observa que concurren circunstancias que justifican la sentencia». Ariza calificó al condenado como un «hombre normal y querido», y explicó que su familia «ha hecho un círculo alrededor de él».

Con respecto al anuncio del consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, manifestó: «No tiene conocimiento y debía haberse callado. Además, la Junta no tiene potestad para recurrir», puesto que no está personada en el procedimiento.

MADRID

Sábado, 25 de septiembre de 1999

TRIBUNALES

La Audiencia ordena la puesta en libertad de los pederastas de Alcalá

LORENZO MARINA

MADRID.- La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ordenó, la noche del jueves, la puesta en libertad sin fianza de José Luis Llanes Menéndez, de 60 años, y Miguel Angel García Menéndez, de 54, procesados por varios delitos de abusos sexuales a menores en Alcalá de Henares. El fiscal pidió para los acusados un total de 22 y ocho años de cárcel, respectivamente.

Los acusados salieron el jueves en libertad de la prisión de Alcalá poco antes de las 21.00 horas. Esta decisión sorprendió a todas las partes, máxime cuando la Sección Tercera de la Audiencia Provincial había dictado esa mañana el visto para sentencia.

Tanto la acusación particular como el fiscal imputaron durante el juicio a los dos procesados abusos sexuales a un total de seis menores en Alcalá de Henares. Los menores eran, presuntamente, captados en billares y salas recreativas de esta localidad. Los abusos se cometieron previo abono de cantidades que oscilaban entre las 500 y las 1.300 pesetas.

Este periódico se puso ayer en contacto con las partes cuando acababan de conocer la noticia. Al cierre de esta edición, la sentencia aún no había sido notificada. «Sabemos que están en libertad. Yo he hablado con los padres de los tres hermanos que declararon en el juicio y están aterrorizados. Se han ido de rositas», apuntó Pedro Bernardo Prada, abogado de la acusación particular.

Lógicamente, la opinión de la defensa era diametralmente opuesta. Alfredo Surroca, abogado defensor de Miguel Angel García, aseguró: «Estoy agradablemente soprendido por la celeridad, aunque no me sorprende si el tribunal ha hecho caso a la petición de la defensa», puntualizó el letrado.

En lo que sí coinciden tanto la acusación particular como la defensa de los imputados es en que el tribunal se ha ceñido a las peticiones de esta última al milímetro.

La defensa de José Luis Llanes solicitó la eximente incompleta de su cliente por trastorno mental, aunque reconoció que Llanes practicó un abuso sexual. Mientras, el abogado defensor de Miguel Angel García admitió también un abuso sexual. Tanto uno como otro pidieron para sus defendidos un total de un año. El tribunal, al parecer, descontó este tiempo del año y tres meses que los acusados han pasado en prisión preventiva.

MADRID

Sábado, 18 de septiembre de 1999

PEDERASTAS DE ALCALA

Cinco de los menores reconocieron a sus agresores

LORENZO MARINA

MADRID.- Desde el banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, José Luis Llanes y Miguel Angel García presenciaron ayer cómo cuatro menores relataron los abusos sexuales que, presuntamente, sufrieron en 1998 a manos de los inculpados.

Los menores, con edades entre nueve y 14 años, describieron cómo los acusados les captaban en billares y salones recreativos de Alcalá y Torrejón de Ardoz, aunque uno de ellos aseguró no reconocer a los inculpados. Los menores eran embaucados por unas 500 o 1.300 pesetas. Posteriormente eran conducidos a una furgoneta donde se consumaba el abuso sexual a cambio de la exigua cantidad de dinero.

José Luis Llanes, de 60 años, y Miguel Angel García, de 54 años, están acusados de un total de 11 delitos continuados de prostitución y dos de abuso a seis menores. El fiscal pide para José Luis Llanes un total de 24 años de cárcel y 15 años para su cómplice.

El abogado de la acusación particular solicita 10 años de cárcel para cada uno de los imputados por un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal.

En la primera sesión del juicio, los inculpados reconocieron al tribunal haber abusado de los menores, aunque matizaron que su intención era no hacer daño.

La jornada concluyó con la declaración de dos psiquiatras que debatieron si la personalidad de Llanes era psicótica o no, es decir, si podía dicernir entre la realidad y su imaginación.

Los psiquiatras apuntaron que José Luis Llanes, cuando trabajaba como dentista en la Seguridad Social, acudía a la consulta con un hacha. El motivo: «Porque los pacientes se ríen de mí y no quiero que se cachondeen», según relató a los psiquiatras.

MADRID

Jueves, 23 de septiembre de 1999

Tribunales/CAPTABAN CON DINERO A MENORES EN BILLARES

El fiscal pide 30 años de cárcel para dos pederastas de Alcalá de Henares

LORENZO MARINA

MADRID.- El fiscal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial pidió ayer un total de 22 años de cárcel para José Luis Llanes, un médico de 60 años, por cinco delitos de abuso sexual continuado y dos delitos de acceso carnal con menores.

Asimismo, el ministerio público solicitó un total de ocho años de cárcel para su compinche, Miguel Angel García, de 54 años, por cuatro delitos de abuso sexual de menores.

Los dos procesados, presuntamente, captaron niños con edades entre nueve y 14 años en recreativos y billares de Alcalá de Henares y de Torrejón de Ardoz durante 1998. Los imputados, que reconocieron en todo momento los hechos durante las tres sesiones del juicio, ofrecían a los menores cantidades de dinero entre las 500 y las 1.300 pesetas. Posteriormente, los subían a una furgoneta, donde consumaban los abusos.

No obstante, tanto el fiscal como la acusación particular mantuvieron durante la vista que estos abusos pudieron producirse con anterioridad al verano del 98. Esto conllevaría que la edad de los menores fuera inferior.

La representante del ministerio público apuntó que el ofrecimiento de dinero a cambio de los abusos sexuales «coartaba la libertad del menor. Era un consentimiento viciado», agregó.

El abogado de la acusación particular, Pedro Bernardo Prada, fue más allá y afirmó que el principal acusado «es un peligro para la sociedad. Tiene entendimiento, pero tiene la voluntad torcida», dijo.

La defensa, por su parte, trató de demostrar que José Luis Llanes tiene sus facultades mentales disminuidas. El juicio quedó ayer visto para sentencia.

SOCIEDAD

Martes, 7 de septiembre de 1999

TRIBUNALES / LE CAUSO UN DAÑO MORAL «MINIMO»

Piden el indulto para un hombre que violó a una deficiente mental

BARCELONA.- La Audiencia de Barcelona ha rebajado la pena y ha pedido el indulto para un guardia urbano de Barcelona que mantuvo relaciones sexuales con una deficiente mental. Los magistrados de la Audiencia consideran en su sentencia que la víctima de los abusos sexuales, debido a su minusvalía, recibió un daño moral que «fue mínimo por no decir nulo» y que es incapaz de discernir entre lo bueno y lo malo.

Por esta razón y porque el procesado, el policía municipal de Barcelona José Mendoza Burgos, de 54 años, intentó suicidarse tras los hechos y es «incapaz de controlar sus emociones y sus deseos sexuales», el tribunal le impone sólo cuatro años de prisión, pena que la sala aún considera «excesiva», por lo que pide al Gobierno un indulto parcial para reducirla a la mitad, según informa Efe.

La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona también ha decidido mantener en libertad al acusado, al que propone que siga un tratamiento psiquiátrico. La ejecución de la pena ha quedado en suspenso mientras se tramita el indulto. El fiscal había pedido en total 39 años de prisión al imputar al acusado tres delitos de violación o agresiones sexuales.

La sala aprovecha la sentencia para subrayar que con las diferentes reformas y con la actual regulación «no bastará mantener relaciones sexuales con un enajenado para que quepa catalogar las mismas como delictivas», salvo que la enfermedad mental de la víctima le comporte una pérdida de sus facultades y el acusado abuse del trastorno mental, lo que hizo el agente, aunque se le aplica una pena mínima en este caso.

El actual Código Penal, dice la sentencia, «supone un evidente paso adelante al abrirse al enajenado a una sexualidad compartida que en textos legales anteriores a la reforma se le negaba indiscriminadamente, condenando a toda persona con trastorno mental a no poder mantener ningún tipo de relación sexual».

Los magistrados también recogen en el texto de la sentencia que a estas personas se les «privaba de un derecho tan elemental como el de tener una vida sexual compartida por el simple hecho de tener una enfermedad mental, como si no hubiera discapacitados mentales perfectamente capaces de tener sentimientos, mantener relaciones afectivas y comprender la trascendencia y valoración moral y social del acto social».

SOCIEDAD

Domingo, 19 de septiembre de 1999

El pederasta español es culto, mayor y de clase media-alta

Un estudio de la Universidad de Valencia revela los rasgos del agresor sexual de niños

PEDRO SIMON

MADRID.- El señor de la maleta regala chucherías a cambio de favores. El señor de la chaqueta gris acaricia a los pequeños y les enseña un globo. El señor de pelo cano coloca, cada tarde, su abominable cepo para la infancia... Sexo con niños. ¿Quién se esconde al otro lado del espejo? El pederasta español ya tiene el rostro descubierto.

Mayor de 35 años, sin antecedentes delictivos, integrado en su entorno social, profesional cualificado y generalmente desligado del alcohol y otras sustancias. Todo un agresor sexual de guante blanco para un oscuro asunto.

Por primera vez, un trabajo criminológico ha compuesto las piezas del puzzle. Sobre el tapete los principales rasgos de un monstruo de nuestros días. Un logro que intenta arrojar un poco de luz en un tenebroso problema: en España, el 23% de las niñas y el 15% de los niños sufren abusos sexuales antes de los 17 años.

Un estudio diferencial entre agresores sexuales de adultos y niños -elaborado por tres profesores de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido, María José Beneyto y Fernando Canet- pretende señalar las «características que ofrecen diferencias significativas entre ambos grupos para motivar criterios a la hora del diagnóstico».

El trabajo está basado en 76 entrevistas realizadas entre 1993 y 1996 a agresores sexuales de todo tipo que cumplían condenas en diversas cárceles de Cataluña y Valencia. Los resultados apuntan a una curiosa conclusión: si la violación de adultos es un delito relacionado con los bajos fondos, la pederastia es una aberración de la clase media-alta.

El retrato robot del hombre de los caramelos nos muestra a un tipo adulto. Si el 90% de los violadores comunes tiene menos de 35 años, en el caso de los caza niños la cifra se da totalmente la vuelta: cerca del 70% supera esa edad.

A las canas del pederasta, el trabajo le añade otro llamativo señuelo. Mientras que los agresores sexuales de adultos no suelen tener una profesión definida y sufren más el paro; los pederastas lucen corbata, muestran una mayor cualificación laboral o están ya jubilados.

«Estos datos», señala la investigación, «parecen reflejar la procedencia más marginal de los agresores de adultos con respecto a los paidófilos».

¿Qué hicieron antes de convertirse en acosadores? El trabajo llevado a cabo por los profesores valencianos alimenta la diferenciación del violador delincuente y del pederasta integrado. Si el 75% de los aficionados a abusar de los más pequeños tiene una hoja limpia en lo referido a los datos delictivos, la cifra se reduce ostensiblemente entre los violadores al uso (algo más del 50%).

«Sabemos que los agresores de menores no suelen incluir una personalidad antisocial», explica el informe, «cosa mucho más probable entre los agresores sexuales de adultos, que son en muchas ocasiones delincuentes comunes».

Lo cierto es que las adicciones del pederasta, ese enfermo ancestral de la Historia de la Humanidad, se reducen a la jaspeada carne de la preadolescencia, al pantalón corto de la temprana edad.

En el estudio criminológico se abunda en esta cuestión. Aunque más de la mitad de los agresores sexuales no consume drogas, los que lo hacen tienen entre sus víctimas a los adultos. La sustancia más consumida entre paidófilos es el socialmente admitido hachís (33,3%). La droga por excelencia entre los violadores, la brutal heroína (44,4%).

La edad, la condición laboral, la extracción social, el consumo de drogas... Y la reincidencia. El acosador infantil acostumbra a repetir sus acciones tantas veces pueda.

Si la literatura especializada cifra entre un 20% y un 30% los casos de agresores reincidentes, en el terreno de los que abusan de los menores, al parecer, la cuestión se dispara.

El hecho de ser un agresor habitualmente conocido en el entorno familiar, la apariencia de normalidad del sujeto y el miedo a denunciar los hechos por parte de la víctima son el caldo de cultivo apropiado para la tenebrosa acción del pederasta... ¿Cuándo volverá a actuar? ¿Dóndehabita? Desconfíe del señor de la maleta que regala chucherías.

Uno de cada tres abusos se produce en la familia

Un dato espeluznante: uno de cada tres abusos tiene lugar en el entorno familiar... En estos casos, el agresor sexual del menor suele ser el padre biológico (40%). A una considerable distancia, siguiendo la estela en el despreciable ranking, le siguen un tío de la víctima (19%), un hermano (12%) y un abuelo (11%).

Según datos aportados por la Comisión Nacional del Día del Niño, el retrato de la víctima es el de una chica de 12 años sometida a tocamientos o violaciones vaginales por parte de un tipo que hace las labores de padre, padrastro o compañero sentimental de mamá.

¿Cuánto hace que comenzó el infierno? Las estadísticas recogidas en la Fundación ANAR -donde tienen un teléfono de atención al menor- reflejan que, en el caso de las agresiones sexuales, la frecuencia con la que se producen los abusos es ocasional el 40% de las veces, semanal en el 20% de las denuncias y a diario el 10% de las ocasiones.

«Es un trastorno crónico de la sexualidad»

«El pederasta se caracteriza por sufrir un trastorno crónico de la sexualidad, reincide muchísimo y deja unas secuelas terribles en sus víctimas», asegura Javier Urra, defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. A juicio de Urra, hay claves definitorias del agresor de menores. «Siempre niegan su participación en los hechos y no asumen ninguna responsabilidad, estamos hablando de personas inmaduras, con un trastorno consciente de su sexualidad», afirma. «Suelen ser tipos que se portan bien en la cárcel debido a que el objeto de su obsesión no está en ese entorno, sino fuera».

En el 20% de los casos el agresor es otro niño

Los últimos datos reflejan que, en el 20% de los casos, el agresor de menores es también otro niño. Según afirman desde la ONG Save The Children, lo mejor para atajar el problema es «romper el silencio que rodea al asunto».

¿Cómo prevenir los acontecimientos? Los niños que tienen más riesgo de sufrir este tipo de abusos son los que encuentran falta de cariño en su propia familia. Con el tiempo, el menor puede entrar en una espiral que va desde el fracaso escolar a una precocidad sexual pasando por actitudes violentas injustificadas.

Lo peor de todo: los datos de la Guardia Civil señalan que, en 1998, 14 menores considerados incapaces fueron víctimas de vejaciones sexuales.

OPINION

Jueves, 12 de agosto de 1999

IMPRESIONES

Para frenar abusos de los cascos azules

Los cascos azules de la ONU tendrán más difícil, a partir de ahora, abusar de la posición privilegiada y la impunidad de que han gozado en su desempeño de misiones de paz. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha establecido un decálogo para ellos que permite que puedan ser juzgados por los tribunales locales de los países donde van e incluso por un tribunal internacional si han cometido crímenes de guerra. En los últimos años, la imagen de los cascos azules y, por extensión, de la ONU quedó seriamente dañada: las denuncias de abusos sexuales, violaciones, fomento de la prostitución e incluso actos de sadismo se sucedieron en diversas misiones de paz: especialmente sangrante fue el caso de Somalia, pero también ocurrió en Croacia, Angola, Mozambique... No se puede participar en una misión de paz y contribuir a instaurar el terror.

SOCIEDAD

Martes, 22 de junio de 1999

CAMPUS

Todo lo que no sabe del abuso sexual en la infancia

Presentada la primera guía para padres sobre un problema díficil de detectar

DALE FUCHS

MADRID.- Digamos que la niña se queda en casa con su padre, un tipo muy trabajador con aspecto aparentemente normal.

Y digamos que el padre, agobiado por su jefe y enfadado con su mujer (quien, esta noche, ha salido otra vez con las amigas) se sienta frente a la tele a beber unas copas. Y se emborracha.

Y llama a la niña y la pide que vaya al salón a acompañar a su papá un ratito. Le dice a la nenita que se acerque un poco más. Que se levante esa bonita falda un poquito. Que le toque allí un ratito, debajo de los pantalones...

¿Una pesadilla que sólo se ve en las películas?

La mayoría de las padres españoles diría «sí», según Carlos Ladrón de Guevara, director de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Muchos padres, explica, aún no se dan cuenta de que, en los casos de abuso sexual, el agresor suele ser no un desconocido perverso sino un conocido, a menudo un pariente o el mismo padre. Y aún no se dan cuenta de que, si la nenita se anima a contar la historia, esta chica -como otras víctimas- no mentirá.

Hay otras cosas importantes que los padres no saben sobre el abuso sexual, por lo que la Confederación ha elaborado una guía que desmiente los mitos, describe los efectos y explica la ley respecto a una clase de abuso que afecta a la vida de una de cada cinco niñas en España y uno de cada 10 niños.

La guía, entregada a 2.000 asociaciones de padres de alumnos desde marzo, lanza este mensaje: «Los abusos sexuales nos afectan a todos». No importa la edad, ni la clase social. Y por lo tanto, no sólo los psicólogos sino también los padres pueden tomar medidas para prevenir los abusos y, si pasa lo impensable, detectarlos y denunciarlos.

SOCIEDAD

Lunes, 7 de junio de 1999

Condenado un sacerdote por tener relaciones sexuales con menores

La víctima que lo denunció intentó suicidarse

AGUSTIN YANEL

MADRID.- El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años y nueve meses de prisión impuesta a un sacerdote de Cuenca, por haber aprovechado su influencia como director espiritual para mantener relaciones sexuales durante varios años con cinco hermanos, todos ellos menores de edad, desde que tenían ocho o nueve años. De otros tres delitos similares ha sido absuelto, porque ya han prescrito.

El sacerdote tendrá que indemnizar con cinco millones de pesetas al único hermano que denunció los hechos, y durante nueve años no podrá ejercer la docencia ni ninguna actividad relacionada con menores.

En 1971, el sacerdote Francisco Javier L. fue destinado a Mota del Cuervo (Cuenca), donde trabajó como ayudante del profesor de Religión en el Instituto y como director espiritual. Allí comenzó a mantener frecuentes contactos sexuales con un alumno de nueve años. Más tarde conoció a un hermano de ese niño, cuatro años más pequeño que él, y cada vez que lo veía comenzaba a tocarle y le ordenaba que se desnudara.

En 1981 el sacerdote fue trasladado a otra localidad, pero cada semana pasaba varios días en Mota del Cuervo porque el alcalde le pidió que continuara al frente de la Casa de la Cultura. Durante seis años aprovechó esas visitas semanales para mantener relaciones sexuales con el primero de los hermanos.

Fuerte influencia

Llegó a influir tanto en él, que el niño, cuando cumplió 18 años, dejó su casa y se marchó al pueblo donde vivía el sacerdote, donde fundaron el llamado Monasterio de Texada. Las relaciones sexuales continuaron hasta que el joven las suspendió «de manera tajante» en 1992, según señala la sentencia, y decidió no ordenarse sacerdote.

Durante esos años el religioso, ahora condenado, aprovechó sus visitas semanales a Mota del Cuervo para mantener relaciones sexuales con el segundo hermano. Le explicaba que la masturbación personal es un acto «egoísta y censurable», pero que eso no era así cuando participaba una segunda persona. Ese niño también dejó su casa al cumplir la mayoría de edad, pese a la oposición del padre, e ingresó en el monasterio. En 1994 entró en una grave crisis espiritual y el propio sacerdote pidió ayuda a una psicóloga.

En las mismas visitas semanales a Mota del Cuervo el sacerdote entabló amistad con un tercer hermano de 11 o 12 años, a quien realizó con frecuencia tocamientos sexuales durante tres o cuatro años, hasta que el menor decidió voluntariamente poner fin a esa relación.

El acusado hizo lo mismo con un cuarto hermano, de ocho años, hasta que éste, a la edad de 12, también suspendió esas relaciones.

La Audiencia de Cuenca consideró probado, y el Tribunal Supremo lo ha confirmado ahora, que Francisco Javier L. también mantuvo ese tipo de relaciones sexuales con un quinto hermano de los anteriores y con otros tres niños.

Estos hechos se descubrieron porque el segundo de los hermanos citados, que necesitó ayuda psicológica e intentó suicidarse en dos ocasiones, presentó una denuncia contra el sacerdote en 1996, que le llevó al banquillo y a la cárcel.

[Por otra parte, el Tribunal Supremo (TS) ha anulado una sentencia que condenaba a tres hombres por tráfico de droga, por haber sido dictada por un tribunal uno de cuyos magistrados no había participado en el juicio. En una sentencia a la que Efe tuvo acceso, el TS anula una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona que condena a José Ramón F.G. y Rafael E.C. a seis años de prisión y multa de medio millón de pesetas, y a José Luis P.R. a cuatro años dos meses y un día de cárcel y la misma multa].

SOCIEDAD

Lunes, 28 de junio de 1999

La Iglesia irlandesa se tambalea

Cientos de personas que vivieron o estudiaron en sus centros han presentado denuncias por abusos

CRISTINA FRADE

Corresponsal

LONDRES.- Hace cinco años, las Hermanas de la Caridad disfrutaban de tanto respeto en la sociedad irlandesa que el Gobierno decidió ilustrar los billetes de cinco libras con la efigie de su fundadora, Catherine McCauley. Hoy, la reputación de esta orden de monjas y de toda la Iglesia católica se tambalea.

Son ya 35 los miembros del clero condenados en los tribunales irlandeses por abuso sexual de menores, y esto no es más que la punta del iceberg. La policía estudia cientos de denuncias por motivos similares contra internados regentados por religiosos.

El último caso ha sido el de la monja Nora Wall, de 51 años. Hace dos semanas se convirtió en la primera monja del país condenada por un delito sexual, al ser declarada culpable de la violación de una niña de 10 años que se encontraba a su cargo en 1988.

La víctima había sido enviada al colegio de St. Michael, en el condado de Waterford, porque los servicios sociales temían que su padre abusara de ella. Wall dirigía la institución en nombre de las Hermanas de la Caridad y, según el testimonio de la chica, no tardó en llevarla a su cuarto y meterla en su cama para abusar de ella y, en una ocasión, invitó también a un vagabundo esquizofrénico, Paul McCabe. Mientras el hombre la violaba, la monja la sujetaba por los tobillos.

Wall rechazó las acusaciones y dijo que eran fantasías de la niña. Sin embargo, el vagabundo declaró que cuando preguntó a la monja si no habían hecho algo malo, la hermana Dominic, como se hacía llamar, le había contestado: «Sólo Dios sabe lo que es malo».

Disculpas

La pena que McCabe y Wall tendrán que cumplir no se conocerá hasta el próximo 23 de julio, pero las Hermanas de la Caridad ya han difundido una disculpa y han instado a todas las mujeres que hayan sido víctimas de abusos a que acudan a la policía.

Hace dos años, tuvieron que indemnizar con más de cinco millones de pesetas a los padres de un bebé que murió cuatro días después de llegar a uno de sus centros en 1955. Según el informe del forense, el cadáver de la pequeña presentaba diversas quemaduras, además de un agujero en una pierna.

Cientos de alumnas de Goldenbridge, otro internado de la misma orden religiosa, sito en Dublín, han presentado también denuncias por los malos tratos que sufrieron en la década de los 50. «Era como un campo de concentración, sin ánimo de ofender a las personas que pasaron por campos de concentración auténticos», ha dicho Bernadette Fahy, en un libro sobre sus terribles experiencias.

Al catálogo de horrores han contribuido igualmente los curas de otros colegios como el St. Joseph de Tralee y el Artane de Dublín: más de 130 sacerdotes se enfrentan a acusaciones de abusos sexuales. La mayoría se remonta al periodo entre los años 50 y los 70, una época en que la Iglesia católica era omnipotente en Irlanda.

El mes pasado, un programa de televisión, States of fear (Estados del miedo), reveló la existencia de documentos oficiales que demuestran que el Gobierno estaba al corriente de estas prácticas, pero prefirió hacer la vista gorda.Ahora no le va a quedar más remedio que investigarlas.

SOCIEDAD

Viernes, 4 de junio de 1999

TRIBUNALES / EL SUPREMO DUDA DE LAS VERSIONES DE UNA TOXICOMANA Y UNA NIÑA

Absueltos dos presuntos violadores

MADRID.- El Tribunal Supremo ha absuelto ayer, en sendas sentencias, a dos condenados por agresiones y abusos sexuales al dudar de la credibilidad de las versiones que ofrecieron las víctimas, una mujer toxicómana y una niña de 9 años. En las sentencias, el alto tribunal mantiene que el mero testimonio de la víctima es suficiente para condenar los delitos de contenido sexual, pero siempre que existan otras pruebas que den credibilidad a sus manifestaciones, informa Efe.

Un caso se refiere a Francisco Javier R.Ll., con varios antecedentes penales, quien fue condenado en 1997 por la Audiencia Provincial de Valencia a un total de 8 años de prisión por dos agresiones sexuales a la mujer con la que mantenía una relación y a la que maltrataba con frecuencia. Ambos eran toxicómanos y aunque estaba preso tenía permisos.

En la otra sentencia el Supremo absuelve a Julián C.P., que fue condenado a una pena de seis meses de prisión por un delito de abuso sexual a una niña de nueve años. La condena fue porque supuestamente besó en la boca a una menor, pero el tribunal considera que «no hay nada» que justifique las declaraciones de la niña, quien en un principio relató hechos más graves que después no mantuvo durante el juicio oral.

SOCIEDAD

Jueves, 10 de junio de 1999

El fiscal pide 117 años para Tamarit y otros cuatro acusados por pederastia

MONTSE MARTINEZ

BARCELONA.- Nueve niños victimizados. Cinco acusados. Peticiones de pena que, globalmente, ascienden a 117 años de prisión. Son los principales ejes del escrito de acusación presentado por el ministerio fiscal en relación a los casos de pederastia descubiertos en el barrio del Raval de Barcelona.

Xavier Tamarit, un educador social, se convierte en el principal implicado. Pesa sobre él la petición de 57 años de cárcel por una decena de delitos de abusos sexuales y tres de utilización de menores de edad con fines pornográficos.

El informático Jaume Lli, amigo de Tamarit, se enfrenta a 35 años de cárcel por idénticos delitos que Tamarit pero en menor cantidad. Antonio Durán Cardador y Núria Martín Castillo, también procesados, son los padres del menor Oscar -una de las víctimas-, que, según el fiscal, no sólo consentían que su hijo fuera objeto de abusos sexuales sino que, además, recibían dinero y regalos a cambio. El fiscal pide, para cada uno, 10 años de cárcel.

Completa la lista de procesados Josefa Guijarro, para la que el fiscal pide una condena de 15 años de reclusión por cuatro delitos de abusos sexuales en las personas de sus cuatro hijos.

Precisamente ayer, coincidiendo por casualidad con la trascendencia de la calificación fiscal, debía ser excarcelado.

La expectación era grande en la Audiencia. Pero la protesta de los funcionarios de prisiones la desinfló.

Debía comparecer ante la sección décima de la Audiencia, encargada de revisar la orden de prisión provisional. Pero la reivindicación funcionarial, que ha bloqueado los accesos al centro penitenciario de Quatre Camins, abortó la comparecencia de Xavier Tamarit.

Uno de cada 2.500 niños españoles sufre malos tratos de alguna clase

BELEN REYES GUITIAN

MADRID.- Uno de cada 2.500 niños españoles sufre abandono, maltratos físicos o emocionales o abusos sexuales. En Estados Unidos, en 1996 se produjeron 1.185 muertes de niños por malos tratos, en una tendencia francamente al alza. Los autores del libro Violencia contra niños, coordinado por el profesor José Sanmartín, director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, han intentado acercarse a las causas de este preocupante fenómeno.

«Siempre hubo maltrato infantil», aseguró ayer Sanmartín durante la presentación de la obra, «pero durante las tres últimas décadas ha empezado a parecernos algo con lo que no podemos seguir viviendo».

Sanmartín resumió ayer las raíces profundas del maltrato infantil, apuntadas por el periodista Fernando Onega, el pediatra Ignacio Gómez de Terreros, el fiscal Félix Pantoja y el psicólogo y premio Príncipe de Asturias José Luis Pinillos. «En las familias se produce una gran interacción, relaciones en las que alguien gana y alguien pierde, es una fuente de conflicto constante», apuntó. «Pero para que el conflicto derive en violencia deben confluir numerosos factores». Entre ellos situó la jerarquía autoritaria, la presencia de un individuo psicótico en su seno, el consumo de ciertas sustancias, que falte dinero, el paro, el hacinamiento, etcétera. Situaciones, en suma, cotidianas en nuestra sociedad, pero que si no somos capaces de manejar, derivan en violencia contra los más débiles.

El profesor José Luis Pinillos por su parte, profundizó en este concepto. Afirmó que el mundo moderno, «regido por un sistema tecnoeconómico en el que no cabe la moral», causa «frustraciones inmensas que producen violencia». Para Pinillos, no se acabará con el maltrato a los menores mientras el sistema en el que vivimos no sea más humano. Mientras tanto, a los especialistas -pediatras, psicólogos, fiscales- sólo les queda la posibilidad de seguir «apagando fuegos».

SOCIEDAD

Jueves, 6 de mayo de 1999

La Federación Mujeres Progresistas critica a los jueces y fiscales

La presidenta de la Federación Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano, afirmó ayer que los jueces y los fiscales son los responsables de que haya que reformar constantemente el Código Penal en materia de libertad sexual, como consecuencia de «sus interpretaciones tan desafortunadas, que causan tanta alarma social», según informa Servimedia.

OPINION

Miércoles, 26 de mayo de 1999

TRIBUNA LIBRE

ENRIQUE GIMBERNAT

La reforma de los delitos sexuales

A partir de mediados de los años 60 empieza a imponerse en la Europa democrática el criterio de que, en materias sexuales, el Derecho penal sólo debe intervenir en dos supuestos: en primer lugar, cuando una de las personas involucradas no acepta libremente el comportamiento carnal, bien porque se impone la conducta contra -ejerciendo violencia o intimidación- o sin el consentimiento de la víctima -que se encuentra inconsciente-, o bien cuando dicho consentimiento está viciado porque el autor se sirve de engaño o de una situación de superioridad para obtenerlo; y, en segundo lugar, cuando se actúa contra un niño.

De acuerdo con estos principios, el Derecho penal sexual occidental -también el español, a partir de la llegada de la democracia- entra en un radical proceso de reforma despenalizadora, desapareciendo de los Códigos -porque se trata de conductas ejercidas libremente entre adultos- los tradicionales delitos de adulterio y de amancebamiento, de homosexualidad, de comercialización de productos pornográficos, etc.

La reciente reforma del Código Penal (CP), por Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de los «delitos contra la libertad e indemnidad sexuales» rellena dos lagunas en referencia a la protección de la infancia que la torpeza o la imprevisión del legislador habían dejado sin cubrir en el CP 1995.

Como el Código anterior sólo castigaba incondicionalmente -es decir: aunque se practicaran con su «consentimiento»- las acciones sexuales ejercidas sobre menores de 12 años, y como la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), para reprimir adecuadamente los abusos cometidos con niños de 12 y de 13 años, acudía al tipo de la corrupción de menores, la supresión por el CP 1995 de este delito dejó desamparados -a pesar de que todavía se encontraban en una edad infantil- a los sujetos pasivos que se encontraban en tales edades, desamparo que se puso de manifiesto espectacularmente cuando el TS, al aplicar por primera vez el nuevo Código, tuvo que anular la condena de cuatro años y nueve meses de prisión impuesta a un padre por la Audiencia Provincial de Madrid, por la desaparecida corrupción de menores, que «acariciaba y besaba los senos y los órganos genitales de una hija suya de 12 años de edad, llegando incluso en alguna ocasión a introducir los dedos en éstos», dictando una nueva e inevitable sentencia en la que -respetando, como no podía ser de otra manera, el principio de legalidad- se sancionaba al autor solamente con una irrisoria pena pecuniaria.

La torpeza del legislador de 1995, que no previó qué alcance tenía la supresión sin sustitutivo alguno de la corrupción de menores, ha sido enmendada por la Ley Orgánica 11/1999 que, al elevar la protección sexual incondicional del menor hasta abarcar a los que tienen una edad de 12 años, va a permitir imponer ahora, en cualquier supuesto semejante al enjuiciado en la referida sentencia de 1996, una pena de prisión de 3 años (art. 181.2 en relación con el 180.3ª y 4ª), y, en el caso de que el abuso llegue al acceso carnal, una de hasta 10 años de privación de libertad.

La pornografía infantil es un fenómeno delictivo nuevo que empieza a manifestarse masivamente a partir de finales de la década pasada, y que, por la imprevisión del legislador de 1995, no se supo abordar adecuadamente en la redacción del nuevo Código. Para subsanar dicha falta de previsión, la Ley Orgánica 11/1999 tipifica, por primera vez en nuestro Derecho, la comercialización de pornografía infantil -hasta ahora sólo era delito su elaboración-, habiendo sido rechazada en el Congreso de los Diputados, por la oposición de los parlamentarios del PSOE, una enmienda introducida en el Senado -y que contó posteriormente con el apoyo del PP, de IU y de CiU-, que preveía también castigar penalmente la adquisición de ese material pornográfico, conducta esta que, en mi opinión, asimismo -y aunque sólo se hubiera sancionado con una pena simbólica- debería haberse incorporado al CP, por las razones que expongo a continuación.

En primer lugar, porque estamos ante un comportamiento estructuralmente semejante al clásico delito de la receptación -que se comete, por ejemplo, cuando se compran objetos robados con conocimiento de su ilicitud de origen-, ya que la razón por la cual esa conducta se considera punible reside, por una parte, en que el receptador ataca el mismo bien jurídico (la propiedad) que el delincuente originario, pues al adquirir la cosa sustraída perpetúa y agudiza la situación patrimonial antijurídica creada por el ladrón; y, por otra, en consideraciones de prevención general, ya que el perista supone un estímulo para que se cometan delitos contra la propiedad, en cuanto que -por acudir a un ejemplo característico- muchos robos de joyas no se cometerían si el autor no contara con que, a posteriori, iba a encontrar una persona que diera salida a las alhajas sustraídas. De la misma manera, el adquirente de pornografía infantil, por una parte y cada vez que pasa en el vídeo las imágenes reproducidas -a veces de menores de cinco o de seis años o, incluso, de bebés-, perpetúa el ataque a la libertad y a la dignidad de los niños que han sido grabados previamente; y, por otra parte, contribuye al mantenimiento y expansión de una nueva y degradante «industria» que tiene como objeto y presupuesto la comisión de gravísimos delitos sexuales contra niñas y niños, pues aquélla sólo puede desarrollarse sobre la base de que el material filmado va a generar beneficios, encontrando compradores.

En segundo lugar, porque el argumento que a veces se utiliza contra la opinión que aquí se mantiene, de que, igual que no constituye delito la adquisición de droga para el propio consumo, tampoco lo debería constituir la de pornografía infantil, carece de fuerza de convicción, ya que establece una equivocada analogía entre dos supuestos que nada tienen que ver entre sí. El bien jurídico protegido en los delitos de tráfico de drogas es el de la salud, y el titular de ese bien jurídico es el adquirente, por lo que carecería de cualquier clase de lógica políticocriminal que se pretendiera castigar precisamente a aquél a quien la legislación penal trata de amparar; además: como la vida y la integridad física son bienes disponibles por su titular, de ahí que un CP que no castiga ni el suicidio frustrado ni la automutilación, tampoco pueda castigar, inconsecuentemente, la adquisición para el propio consumo de una sustancia que sólo potencialmente puede menoscabar la vida o la salud de quien legítima y libremente puede disponer de ellas. En cambio, el bien jurídico protegido en un eventual delito de adquisición de pornografía infantil no pertenece al comprador, sino a un tercero (por ejemplo, al bebé cuya libertad e indemnidad sexuales son atropelladas por el productor pornográfico), por lo que, al contrario de lo que sucede con quien se procura droga, el adquirente no tiene ninguna legitimación para disponer de los intereses de un tercero.

Termino como empecé: un Derecho penal progresista sólo puede -pero en esos casos: debe- intervenir para proteger de la imposición de comportamientos sexuales contra o sin el consentimiento de la víctima, o cuando se ejecutan sobre niñas o niños. Por ello, y en la medida en que se han cubierto lagunas legales en relación con la protección sexual de la infancia, la reciente reforma supone un avance frente a la regulación del Código Penal de 1995.

Enrique Gimbernat Ordeig es catedrático de Derecho Penal y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

EUROPA

Miércoles, 26 de mayo de 1999

PRIMER PLANO

La ONU certifica la violación sistemática de kosovares

Decenas de mujeres afirman haber padecido violencia sexual incluso durante días

JULIO A. PARRADO

Especial para EL MUNDO

NUEVA YORK.- La violación de mujeres en Kosovo por parte de las fuerzas serbias ha sido sistemática. Un informe del Fondo para la Población de Naciones Unidas, presentado en Nueva York, recoge decenas de testimonios anónimos de refugiadas kosovares ultrajadas por las tropas de Slobodan Milosevic.

«Estas mujeres afirman haber sido violadas por varios hombres durante horas, y a veces días», señala el documento elaborado por Dominique Serrano-Fitamant, una psicóloga especialista en violencia sexual, que recorrió a principios de mes los campos de refugiados de Kukes y Tirana.

En las poblaciones de Gjakova, Pec y Drenitza se llevaron a cabo violaciones colectivas, asegura el informe. Contingentes de soldados secuestraban a sus víctimas, preferentemente jóvenes, en grupos de cinco a 30 y las conducían en sus camiones a las instalaciones y barracas militares.

De acuerdo con los testimonios de supervivientes, algunas de ellas llegaron a ser quemadas vivas por mostrar resistencia ante los abusos de los soldados. Las que regresaban mostraban señales de violencia en sus pechos, piernas y brazos. Otras muchas siguen aún desaparecidas.

La psicóloga de Naciones Unidas teme que los casos de violaciones sean más numerosos de los recogidos hasta ahora por las agencias humanitarias que trabajan sobre el terreno. «Muchas de las víctimas se han negado a hablar hasta ahora debido a la falta de tacto de estas agencias», segura Serrano-Fitamant.

Algunas víctimas prefieren también guardar el secreto para evitar ser repudiadas por sus maridos y apartadas de sus comunidades. El personal médico de los campos colabora en crear un muro de silencio para protegerlas, impidiendo de esta forma que reciban algún tipo de tratamiento psicológico.

Sin embargo, el informe asegura que muchas no podrán ocultar el terrible incidente durante más tiempo, porque quedaron embarazadas de sus violadores. El documento asegura que durante estos meses unas 70.000 refugiadas se encuentran encinta. De ellas, una parte sin cuantificar ha sido víctima de ataques sexuales.

Para el Fondo, las mujeres que aún permanecen dentro de Kosovo se enfrentan a «graves riesgos». Las conclusiones de esta agencia se unen a las del equipo humanitario de la ONU que acaba de concluir su misión dentro de Kosovo.

«La situación es peor de la que esperábamos,... realmente repugnante», manifestó Sergo Vieira de Mello, al concluir su viaje por la zona, quien dice tener pruebas suficientes de que los serbios practican la limpieza étnica.

SOCIEDAD

Jueves, 8 de abril de 1999

SUCESOS

Seis detenidos en Navarra por abuso de menores

ANA BELASKO

PAMPLONA.- Una cantidad «considerable» de niños y niñas menores de edad, a los que se atraía con promesas, dinero, bebida y coacciones, ha sido víctima durante varios años de abusos sexuales por parte de una red que operaba desde la localidad navarra de Tafalla, según fuentes de la Guardia Civil.

Tras las primeras investigaciones judiciales, que continúan abiertas, han sido detenidas seis personas, algunas de ellas familiares de los muchachos.

El Juzgado número 2 de la citada ciudad ha ordenado el ingreso en prisión de tres de los acusados y la libertad de otros tres -uno de ellos bajo fianza- que deberán comparecer regularmente ante el juez. Todos ellos son vecinos de Tafalla, Olite y Puente la Reina.

Entre los arrestados se encuentra el tío de una de las menores que, según la Guardia Civil, es el cabecilla de este grupo y propietario de la vivienda tafallesa donde se cometían los citados abusos. La red operaba desde hace, al menos, cinco o seis años.

Junto a esta persona, también se sospecha de la implicación del hermano de otra joven y de un hombre de 65 años, de acuerdo con las mismas fuentes.

ESPAÑA

Viernes, 16 de abril de 1999

El PP pierde una votación por no estar presentes sus diputados

El PSOE no refrendó la ley en el Congreso, pese a que recogía sus enmiendas

CARMEN GURRUCHAGA

MADRID.- «La irresponsabilidad del PP y la incoherencia del PSOE», en palabras del diputado de IU, Pablo Castellano, impidieron que el Congreso aprobara ayer el proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal relativa a la violencia doméstica. La ausencia de 14 diputados populares hizo imposible que el partido del Gobierno sacara adelante el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia, al no contar con la mitad más uno de los votos.

El representante de la coalición de izquierdas consideró paradójico que los socialistas votaran a favor de todas las enmiendas, excepto una, que habían sido introducidas en el Senado, y que en el momento de la votación de la ley completa lo hicieran negativamente. Por este motivo calificó de «incoherente» la postura del PSOE.

Asimismo, consideró irresponsable que el PP no amarrara la votación con sus socios parlamentarios. El diputado de IU señaló que ocho parlamentarios de su coalición, «por responsabilidad política», votaron afirmativamente junto con los del PP y los de CiU. Pese a todo, el proyecto de ley no contó con el respaldo suficiente.

Inicialmente, el proyecto de ley estaba dirigido a reformar el título VIII del Código Penal, encaminado a corregir determinadas situaciones delictivas relativas a la libertad sexual de menores. En la Cámara Alta, CiU y PP introdujo determinadas enmiendas relativas a tenencia de pornografía infantil y asistencia a espectáculos pornográficos en los que participaran menores. Asimismo, el PP presentó un proyecto de ley sobre violencia doméstica porque existía alarma social debido a la reiteración de este tipo de casos.

Con la votación de ayer, el texto queda igual a como había salido del Congreso, sin las modificaciones sobre malos tratos en el hogar introducidas en el Senado. Es decir, recupera el delito de corrupción de menores, aunque no ciertas modalidades de abusos sexuales a éstos.

Indefensión

Castellano subrayó que importantes sectores de la sociedad se sentirán defraudados porque una ley ante la que mantenían importantes expectativas para luchar contra situaciones de indefensión, ha sido postergada.

Por su parte, el coordinador de comisiones del Grupo Popular, Ignacio Gil Lázaro, restó importancia a la ausencia de 14 diputados del PP y responsabilizó al PSOE del fracaso de la votación. Explicó que su formación había «chequeado las mínimas ausencias para comprobar que todas eran por causas que se pueden considerar de fuerza mayor». Para Gil Lázaro, «la responsabilidad en términos políticos es de los 141 diputados socialistas, que han vuelto a ser incoherentes con su discurso político de fondo».

Ayer, todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en que se tramite de urgencia y en lectura única, que acorta considerablemente los plazos, el proyecto de reforma del Código Penal en materia de malos tratos.

El tercer proyecto rechazado

Algunos diputados criticaron la, en su opinión, falta de previsión política de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, a la hora de amarrar los votos necesarios para sacar adelante un proyecto de su Ministerio, «porque es la tercera vez que le sucede lo mismo».

Ayer no pudo aprobar la reforma del Código Penal, referente al maltrato doméstico, porque le faltaron un número importante de parlamentarios de su grupo, pese a que contaba con los votos de los de IU.

En otra ocasión, le sucedió algo similar y tampoco pudo sacar adelante la reforma del estatuto del magistrado del Tribunal Supremo ya que no contó con un número suficiente de diputados del PP.

Así pues, algunos miembros de la Cámara creen que la ministra «debe trabajar más los temas y asegurarse de que van a salir adelante, antes de la votación».

El PSOE se justifica por la enmiemda del PP sobre pornografía infantil

C.G.

MADRID.- El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su secretaria general en el Congreso, María Teresa Fernández de la Vega, quiso descargar la responsabilidad que los populares habían atribuido a su partido por el fracaso en la votación sobre la violencia doméstica.

En este sentido, devolvió la pelota al tejado del PP y afirmó que las nuevas medidas contra los malos tratos no se han podido incluir en la reforma del Código Penal por la «irresponsabilidad y sectarismo del PP, que ha tratado de mantener una enmienda que es un disparate». «Con enmiendas tan desproporcionadas se intenta convertir el Código Penal en el garante de la moralidad privada», añadió. La excusa puesta por el PSOE fue que resultaba inaceptable penalizar con cárcel la tenencia de pornografía infantil y la asistencia a espectáculos pornográficos en los que participen menores. Como la enmienda había sido introducida en el Senado, al rechazar el proyecto de ley, ésta quedaba eliminada, pero también lo referente a los malos tratos domésticos.

Por su parte, la portavoz del PP en la materia, María Bernarda Barrios, justificó las modificaciones introducidas en el Senado sobre pornografía infantil y espectáculos pornográficos con menores, al afirmar que «es necesario penalizar todos los eslabones de lo que es el ataque a la libertad sexual».

Por su parte, el representante de CiU Manuel Silva explicó que su grupo entiende que es necesaria una tipificación específica contra los espectáculos pornográficos en los que participan menores, así como sancionar al comprador, porque su comportamiento nunca puede ser considerado «inocuo».

SOCIEDAD

Sábado, 13 de marzo de 1999

BURGOS / LA PROFESORA YA HABIA TENIDO VARIOS ENFRENTAMIENTOS CON LOS PADRES

Denuncian a una maestra por supuestos abusos sexuales a seis niños

SONIA MARTIN

BURGOS.- En la pequeña localidad de Santibáñez Zarzaguda, a unos 40 kilómetros de Burgos, no se recuerda otra historia igual: una de las profesoras del Colegio Virgen de las Heras ha sido acusada por los padres de seis niños de infligir malos tratos y abusos sexuales a sus hijos.

Según fuentes de la Guardia Civil de Burgos, los padres de tres niñas y tres niños acudieron en la madrugada del jueves a sus dependencias para denunciar los supuestos abusos a los que eran sometidos sus hijos, con edades comprendidas entre los tres y cinco años. La presunta autora: una maestra de 52 años.

¿Historia real o patraña inventada? «Lo único que sabíamos es que existían ciertas desavenencias entre la profesora y algunos padres de alumnos, pero en ningún momento conocíamos abusos ni malos tratos», dijo el director provincial del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Fernando Rodríguez Porres.

Por el momento, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ha abierto un expediente para investigar los hechos. Lisador Garrote, inspector del MEC en Burgos, pidió «una prudencia exquisita porque es muy difícil, con niños tan pequeños, discernir dónde termina la afectividad y dónde comienzan los abusos».

Según informa Efe, la profesora será trasladada a otro centro educativo por petición propia, ya que desde el inicio del curso «ha tenido diversos enfrentamientos con algunos padres».

Estos sospechan que los abusos se produjeron desde el inicio del curso, «dado que los niños habían cambiado de carácter y no querían ir a la escuela».

SOCIEDAD

Jueves, 11 de marzo de 1999

El calvario judicial de los abusos sexuales a niños

Save the Children pide que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal

DOBLES VICTIMAS.- Los menores que denuncian los abusos sexuales pasan por un doble calvario. El primero es el de las vejaciones y las agresiones. El segundo, el del proceso judicial. En él tienen que revivir una y otra vez lo sucedido ante personas extrañas, volver a enfrentarse con su agresor y soportar unos procedimientos que les hacen albergar sentimientos de culpabilidad y en los que su palabra es puesta en duda continuamente. Save the Children quiere que se modifique la ley para que las víctimas de los agresores no lo sean también del sistema que debería defenderles.

BELEN REYES GUITIAN

Es una niña, tiene entre 10 y 13 años y su entorno familiar es bastante problemático. Estas características definen el perfil más frecuente de un menor que sufre abusos sexuales. Quizá llegue a denunciar la situación. Pero entonces le espera otro calvario: un proceso judicial en el que tendrá que revivir, ante personas extrañas y en un ambiente hostil, las vejaciones padecidas.

La ONG Save the Children presentó ayer en Madrid numerosas propuestas para que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se pueda evitar así que los más de 200 niños y niñas que se ven involucrados cada año en España en un proceso de estas características se conviertan en víctimas de la Justicia. «En muchos casos, los profesionales que detectan estos casos no quieren denunciarlos porque saben que los niños sufren mucho durante los procedimientos judiciales», explicó Carmen del Molino, portavoz de la ONG. «En el sistema actual, la finalidad primordial es la imposición de una pena al acusado, en lugar de centrarse en los derechos de las víctimas», añade.

El menor declara, al menos, tres veces: una en comisaría, otra ante el juez de instrucción y, por último, en el juicio oral. Entre una comparecencia y la siguiente pueden pasar hasta dos años. Con el tiempo, surgen los sentimientos de culpa y los recuerdos se deterioran. Los niños pueden creer que han hecho algo malo, «porque saben que al tribunal van los malos», señaló Del Molino. Y es que los niños de hoy ven mucha tele. «Pueden llegar a pensar que son ellos los que van a ir a la cárcel».

Además, normalmente, la declaración del menor es la única prueba acusatoria, y automáticamente se desconfía de ella porque se cree que los críos son muy manipulables, sobre todo cuando la denuncia se inserta en el proceso de separación de los padres. Peor aún, el pequeño puede llegar a encontrarse con su agresor en las dependencias judiciales, un lugar donde es forzado a hablar en voz alta ante gente extraña vestida con togas negras en un ambiente excesivamente formal.

Víctimas numerosas

Según datos aportados por Save the Children, un 30% de las víctimas no cuenta a nadie lo que le ha ocurrido porque teme la reacción de los demás por sentimientos de culpabilidad, muchas veces inducidos por el agresor, o por vergüenza.

Se estima que hasta un 23% de las niñas y un 15% de los niños españoles sufren abusos antes de los 17 años. El 60% de las víctimas no recibe ayuda para superarlo, y los niños que han sufrido abusos sexuales tienen un alto riesgo de convertirse en agresores. Prueba de ello es que el 30% de quienes abusan de los críos tiene menos de 18 años.

Ante semejante problema, el arma más efectiva es la prevención mediante la educación y el apoyo. Pero una vez que la situación no tiene remedio, es necesario suavizar el trauma que para un niño supone verse envuelto en un juicio. Para ello, Save the Children ha propuesto a los grupos parlamentarios varias medidas que aún no han tenido respuesta.

Una de las más importantes es crear un procedimiento fiable que permita evaluar en la primera declaración si el relato es real o ficticio, para evitar nuevas comparecencias. Con el objetivo de que el interrogatorio se adecue al desarrollo evolutivo del niño, se propone crear la figura del interrogador juvenil, que ya existe en otros países. Además, si el testimonio se realiza en un entorno más acogedor que una sala de vistas, mejor que mejor.

También es necesario lograr cosas que parecen obvias, como que el niño no se cruce con el agresor en las dependencias judiciales, o que los agentes, jueces, abogados y fiscales que participen en el caso tengan una formación que les permita tratar adecuadamente con niños que han sufrido abusos, hablarles en un lenguaje adecuado y crear un ambiente menos duro.

Otra medida que ha propuesto Save the Children es prohibir la entrada de público y medios de comunicación a los juicios para proteger la intimidad de los menores

Criterios

Las propuestas de Save the Children van acompañadas de un revelador estudio estadístico. En él, se constata que, aunque el 93% de los españoles cree que los abusos deben ser denunciados, sólo el 12% lo ha hecho cuando ha tenido conocimiento de una situación de este tipo.

En Estados Unidos, un estudio semejante mostró que los educadores sólo denuncian la mitad de los casos de abusos que conocen. ¿Por qué? Muchos piensan que es una intromisión en la vida privada de los demás, o que las consecuencias pueden ser malas para el niño, aunque también lo ocultan para evitarse conflictos.

Los padres, sin embargo, evitan denunciar porque creen que no se va a reparar el daño ya hecho y, además, no confían en el sistema judicial. Pero también influye el miedo a la publicidad negativa que puede recaer sobre ellos o sus hijos.

Prevención, educación y ayuda a las víctimas

Save the Children aprovechó la rueda de prensa de ayer para presentar las conclusiones de Secretos que destruyen, una serie de cinco seminarios europeos sobre la explotación y el abuso sexual infantil. Purificación Llaquet, presidenta de esta ONG, la enmarcó en el programa Daphne, creado por el Parlamento Europeo a raíz del caso Dutroux. Los seminarios intentan identificar y satisfacer las necesidades de formación de padres, hijos, educadores y otros profesionales.

Según María Luisa García, portavoz de Save the Children, en estos seminarios «se intentó romper el silencio sobre temas que eran tabúes». Para García, el primer paso en la prevención es «considerar que la sexualidad infantil existe» e incluirla dentro de la educación para la salud.

Los niños más vulnerables son los que tienen la autoestima más baja, por lo que «es necesaria una educación para que puedan protegerse y saber lo que es una sexualidad adecuada y lo que no lo es».

Aunque no existe un perfil definido del agresor, la mayoría son varones que, casi en la mitad de los casos, tienen su primer comportamiento de abuso antes de los 16 años. El último informe de Save the Children señalaba que los abusos cometidos por adolescentes y jóvenes están aumentando debido a factores como el alcohol.

Las consecuencias para las niñas son devastadoras: entre un 60% y un 80% de ellas sufre consecuencias emocionales. Los efectos de las agresiones van desde la depresión, la angustia y el sentimiento de culpa hasta un exceso de curiosidad que lleva incluso a la prostitución infantil. Entre el 27% y el 40% presenta algún tipo de conducta sexual anormal.

En caso de que se conozca una situación de abuso, hay varias cosas que nunca se deben hacer: culpar al niño de la situación, dudar de su palabra y negar los hechos, expresar alarma, tratar al niño como un ser diferente, victimizarle o sobreprotegerle.

Tampoco hay que dejar de abrazarle, acariciarle o besarle. La escritora Elvira Lindo, que apoyó ayer con su presencia la labor de Save the Children, recordó la necesidad del afecto físico para los niños, esencial para reforzar su autoestima y, de paso, sus defensas emocionales.

SOCIEDAD

Viernes, 12 de febrero de 1999

TRIBUNALES/ABUSOS SEXUALES

Polémico interrogatorio a una menor agredida

Preguntan a la niña sobre los órganos del agresor, su padre, con un símil

MONTSERRAT MARTINEZ

BARCELONA.- Equiparó el miembro viril de su padre con una sardineta. En el banquillo estaba el progenitor de una niña acusado de agredir sexualmente a su pequeña, cuando ésta tenía poco más de 12 años. Cuando logró que la niña le confirmara que le había tocado la sardineta a su padre, le preguntó si ésta estaba «dura o blanda» y si era «grande o pequeña». «Grande y dura», respondió la menor.

Tras tomar declaración al acusado, el fiscal, que pide una pena de tres años de prisión, se vio en la obligación de preguntar a la presunta víctima. Delante tenía una niña que ahora cuenta con 16 años.

El representante del ministerio público optó por plantear una, cuanto menos, curiosa estrategia de interrogatorio. Hizo el símil de la sardina para nombrar los genitales del padre. Ante las críticas de unos, que aseguraban que podía haber utilizado otros medios, y los elogios de otros muchos, lo cierto es que la niña contó pormenorizadamente todos los detalles de los abusos.

Escrito de acusación

El fiscal relata en su escrito de acusación que, en una fecha no determinada del año 1994, el acusado, Antoni Sevilla López, se metió en su cama únicamente ataviado con la parte superior del pijama y llamó a su hija A.I., que estaba sola en casa, para que se tumbase junto a él.

Fue entonces cuando, tal y como sostiene el ministerio fiscal, cogió la mano de la pequeña y la puso sobre sus genitales. Le conminó para que le masturbara.

La menor accedió a realizar ambas acciones «por miedo a las represalias de su padre».

El fiscal sostiene que A.I. cesó porque «le producía asco». El acusado, acto seguido, le introdujo los dedos debajo de su ropa y le tocó la vagina. Paró cuando la niña le expresó su necesidad de ir al lavabo.

El juicio, celebrado ayer en la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, quedó suspendido por la imposibilidad de exponer en la vista la prueba pericial.

Sin abandonar el tema de las agresiones sexuales a niños menores de edad, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona hizo pública ayer una sentencia polémica en su día, más que por el contenido de los hechos, por el tema de la declaración de las víctimas, protegidas por dos mossos d esquadra que hicieron las veces de mampara humana.

La sentencia ha absuelto a dos hombres de violar a dos niñas menores. Los argumentos absolutorios son dos: por una parte, las contradicciones en las declaraciones de ambas menores y, por otra, las pruebas periciales.

Los tres magistrados que conforman el tribunal hacen mención explícita a la controvertida obligación de declarar que tienen los menores de edad que han sufrido una agresión sexual.

«La sala y el acto del juicio (...) no es lugar y momento adecuado para que unos niños de corta edad declaren sobre hechos de tanta gravedad y que afectan a personas tan cercanas», destaca la sentencia.

La polémica sobre la idoneidad de poner un biombo entre víctimas menores y acusados empezó cuando el Tribunal Supremo ordenó repetir un juicio por abusos a un menor porque éste había declarado protegido por una mampara.

SOCIEDAD

Lunes, 15 de febrero de 1999

TRIBUNALES

La declaración de la víctima basta como prueba en delitos sexuales

El Supremo rechaza el recurso de un condenado por estupro

MADRID.- Las declaraciones de la víctima son prueba de cargo suficiente en los delitos contra la libertad sexual, en los que habitualmente no existen testigos directos que puedan acreditar lo sucedido. Así lo señala el Tribunal Supremo en una sentencia que confirma la condena de 10 años de cárcel impuesta a un hombre por un delito continuado de estupro, al que sometió a su hijastra.

La Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a Santiago Jesús Yáñez, al considerar probado que abusó desde los 12 años de la hija de su compañera sentimental, a quien el hombre reconoció como propia en el Registro Civil.

El padrastro, según relata la sentencia, «con la intención de satisfacer sus deseos libidinosos comenzó a hacerle tocamientos en sus órganos genitales, cuando Juana Teresa tenía 12 años. Cuando cumplió los 13 años, se produjo la primera penetración vaginal, repitiéndose estos actos en un número indeterminado de veces, pero siempre superior a tres, contra la voluntad de la misma». Además, la amenazaba diciéndole que si se lo contaba a alguien le ocurriría una desgracia a su madre, la cual recibía continuos malos tratos por parte del acusado. La situación se prolongó hasta mayo de 1996, cuando la chica tenía 16 años. Juana Teresa le contó lo que pasaba a su novio, y después, lo denunció en una comisaría.

Condenado por la Audiencia de Las Palmas a 10 años de prisión y al pago de una indemnización de 10 millones de pesetas a su hijastra, Santiago Jesús Yáñez recurrió la sentencia ante el Supremo, alegando que se había vulnerado su derecho constitucional a la presunción de inocencia.

El Tribunal, al rechazar el recurso, destaca que en este caso existe una prueba de cargo consistente «en las diversas declaraciones que la ofendida realizó, tanto en fase sumarial como de plenario, efectuadas con las plenas garantías legales de oralidad y contradicción».

Añade que esa prueba de cargo es suficiente en los delitos contra la libertad sexual en los que «lógicamente» no hay testigos de lo sucedido. Destaca además que, en esta causa, «las declaraciones de la víctima son reiteradas, coherentes, sin fisuras, sin ambigüedades y en las que no se aprecia contradicción alguna».

Para el Supremo, el dato del tiempo transcurrido desde el primero de los abusos hasta la denuncia no tiene virtualidad alguna para tachar las declaraciones de falsarias, «ya que en pura lógica, la menor no se atrevió a poner los hechos de relieve hasta que no adquirió una cierta madurez y le desaparecieron o quedaron paliados los temores que le producían las amenazas a las que estuvo sometida por su padastro».

MADRID

Sábado, 30 de enero de 1999

TRIBUNALES

Absuelto de abusos sobre una niña por falta de pruebas

MADRID.- Un joven ha sido absuelto de un delito de abusos sexuales a una niña por falta de pruebas, dado que ella no declaró en el juicio. /Página 3

SOCIEDAD

Martes, 19 de enero de 1999

Debate en la Unesco sobre la explotación sexual infantil

ROBERTO MONTOYA

Corresponsal

PARIS.- Convocados por la Unesco, ayer se dieron cita en París los 250 participantes de un encuentro internacional sobre «la explotación sexual de los niños, la pornografía que implica a los menores y la pedofilia en Internet». A la reunión, que culminará hoy, asisten especialistas procedentes de 40 países y de 70 ONG, así como representantes de distintas estructuras policiales, entre ellas Interpol y el FBI.

Según el director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, no se trata de censurar, sino de combatir «la cibercriminalidad, buscando identificar y perseguir a los responsables de éstos actos». Mayor Zaragoza aclaró que no está en el ánimo de la Unesco limitar la libertad de expresión y la libre circulación de las informaciones y de las imágenes, sino perseguir los actos delictivos que se cometen gracias a ellas y que tienen como víctimas a los niños. Entre la mayoría de los presentes existe el convencimiento de que la actual cooperación policial y judicial no es suficientemente eficaz.

En el encuentro existe como objetivo explícito es «clarificar las responsabilidades» y poner en marcha una serie de códigos de buena conducta aplicables tanto para los proveedores de espacio y memoria en Internet como para los usuarios.

SOCIEDAD

Viernes, 8 de enero de 1999

Detienen en Segovia a un hombre por violar a su hija de 22 meses

TERESA SANZ

SEGOVIA.- Un hombre de 35 años, J. M. S, fue detenido por la policía en la víspera de la festividad de Reyes después de ser acusado de violar a su hija de 22 meses.

Los hechos se produjeron el día de Fin de Año y fueron denunciados inmediatamente por la madre de la pequeña, que, al ir a vestir a su hija, descubrió síntomas inequívocos de que había sufrido una agresión sexual. Trasladada la pequeña al Hospital General de Segovia, el parte médico diagnosticó «lesiones graves en el ano producidas por agresión sexual».

La mujer, de 35 años, descubrió restos de sangre y mucosidades en el aparato genital de la pequeña, así como en las prendas con las que había vestido a su hija y en las sábanas de una de las camas de la vivienda.

Ante la falta de explicaciones de su marido, la mujer lo denunció convencida de que «sólo el padre pudo ser el agresor sexual», según informan fuentes judiciales.

Al regresar a su casa y comprobar lo sucedido, la mujer denunció los hechos en el juzgado de guardia, que cursó orden de detención contra el padre de la víctima como autor de la agresión sexual, pese a lo cual no pudo ser detenido hasta el pasado día 4.

Tras la denuncia de su mujer había huido del domicilio familiar y había pasado cuatro días en paradero desconocido.

MADRID

Sábado, 30 de enero de 1999

TRIBUNALES

Absuelto de abusar de una niña por falta de pruebas

ROSA M. TRISTAN

MADRID.- Oscar S.G., de 29 años, ha sido absuelto de un delito de abusos sexuales a una niña de 10 años, porque la juez considera que no había pruebas suficientes en su contra, dado que la víctima no fue a declarar al juicio. Tanto el abogado de la familia como el fiscal tienen previsto recurrir este fallo, del Juzgado nº 18 de lo Penal de Madrid.

Para el Defensor del Menor, Javier Urra, «hay que cambiar la ley y equilibrar la presunción de inocencia con el interés del menor, lo que significa poner la carga de la prueba en los peritos». «Hay muy pocos condenados por abusar de niños en la cárcel y es porque algo falla», añade Urra.

Según la acusación, los hechos se descubrieron en junio de 1997, cuando, después de ver un programa sobre abusos sexuales a menores, la niña, que tiene una capacidad intelectual inferior a la de su edad, dijo a su madre que un vecino de Madajadonda, donde residen, hacía lo mismo con ella. Inmediatamente, los padres acudieron a la Guardia Civil.

Su abogado, Gonzalo de Toro, pidió que se hicieran algunas pruebas psicológicas a la menor, que realizaron dos profesionales de la Clínica Forense de Madrid. Las peritos grabaron un vídeo en el que la niña contaba a su madre que Oscar le practicaba tocamientos e, incluso, le metía un dedo por la vagina.

Finalmente, las peritos decidieron que era mejor que no fuera al juicio, porque podía afectarla emocionalmente. En todo caso, sus informes reflejaron que la víctima no es tan imaginativa como para inventarse la historia y que ofreció «detalles organizados en un todo coherente y con consistencia lógica» sobre lo sucedido. «El testimonio creíble al 100% sólo existe si hay semen en una vagina, pero en este caso estoy convencido de que su análisis es certero», asegura Urra.

Finalmente, la niña no asistió al juicio, por lo que la juez considera que «falta la principal prueba de cargo», si bien reconoce en su fallo que hay «indicios de la realización de los abusos que se estudian, según las peritos».

A falta de más pruebas, la juez optó por la absolución. «Tenemos un procedicimiento judicial para adultos», concluye, al respecto, el Defensor del Menor.

SOCIEDAD

Jueves, 28 de enero de 1999

TRIBUNALES / AGRESION SEXUAL

Diez hermanos denuncian por malos tratos a su padre

Lo acusan de violar a sus hijas y nietas con la complicidad de la madre

BARCELONA.- Los 10 hermanos se han unido para acusar a su padre de hasta cuatro delitos de agresión sexual que, supuestamente, cometió sobre dos de sus hijas y nietas, llegando a dejar embarazada a una de ellas.

El fiscal pide una condena de 40 años de cárcel para el acusado, que se encuentra en libertad después de pasar dos años en prisión preventiva y de que un tribunal considerara que la alarma social del caso se había «diluido».

Todos los hermanos acudieron ayer al juicio, que se celebró en la Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona, para declarar contra su padre, al que consideran una «mala bestia» que los sometió a continuos malos tratos y abusos.

Aun así, gran parte del reproche se dirige hacia su madre, que, según ellos, estaba enterada de todo y «tapaba» y «justificaba» las atrocidades que su padre cometía.

Según el fiscal, en enero de 1982 el acusado Francisco O.C. encerró a sus hijos en una habitación de la vivienda que ocupaban en el barrio de la Mina de Barcelona, excepto a una de sus hijas, a la que amenazó con un cuchillo de cocina para llevarla a su dormitorio. Una vez allí, la violó, y lo siguió haciendo en los días sucesivos hasta que la menor quedó embarazada, según informa Europa Press.

La menor, de 15 años de edad, fue internada en un centro y tuvo un niño que dio en adopción, tras lo cual volvió a casa. Posteriormente, el acusado centró su atención en otra de sus hijas, a la que sometió a tocamientos desde que la niña tenía seis años y hasta que cumplió los 13 años, en julio de 1996.

Durante esa época, Francisco O. también abusó de una de sus dos nietas, quienes vivían en la casa familiar.

Tanto las hijas del acusado como sus nietas habían mantenido en secreto los abusos a los que eran sometidas. El detonante para que se denunciara la situación de la familia fue el descubrimiento por parte de una de las hijas violadas de que sus sobrinas también eran sometidas a abusos por el acusado. Estas, además, no tenían un comportamiento normal en el colegio y un psicólogo consiguió averiguar los motivos.

Según dos de los hijos del acusado, su vida familiar ha estado marcada por los malos tratos del padre, que los «destrozaba a palos», siempre con la justificación de la madre, hasta que en 1996 se descubrió la realidad de la situación y denunciaron a su padre.

SOCIEDAD

Sábado, 23 de enero de 1999

SUCESOS / SE HABIA FUGADO DE UN CENTRO DE MENORES

Una joven, forzada a acostarse con 30 hombres una noche

El presunto proxeneta le prometió que la llevaría con su primo, novio de la chica

JAVIER ADAN

Corresponsal

MURCIA.- Aquella truculenta noche no fue obligada a acostarse con un hombre... Su protector la forzó, nada más y nada menos, que a mantener relaciones sexuales con una treintena de sujetos. La niña tenía 15 años y el caso ha causado conmoción en la localidad de Cartagena, lugar donde la Policía Nacional dio con el salvaje explotador.

El final de la pesadilla tuvo lugar el jueves. Ese día, en una pensión de Cartagena, los agentes detuvieron a un hombre de 32 años, identificado como D. B., por un presunto delito de inducción a la prostitución de la menor. Tras el aquelarre de la noche anterior, la pequeña estaba acurrucada. Había sido obligada a hacerlo con 30 hombres, todos ellos de origen magrebí.

Si no fuera por lo espeluznante del suceso, se podría hablar de una extraña y rocambolesca versión de una historia de amor.

La quinceañera quería ver a su novio y el detenido le había prometido llevarla a Holanda -donde, al parecer, vivía su amado, primo a su vez del presunto proxeneta- en cuanto tuviera reunido el dinero suficiente para el viaje. Sólo había una condición: había que trabajar, 30 hombres en una sola noche para fabricar el pasaje hacia el lecho del amor verdadero.

La joven fue identificada como una menor fugada de un centro de menores de Alicante.

Según declaró a los agentes ella no vio ni un duro y fue el detenido quien cobraba el dinero de los clientes.

Una llamada de denuncia

Fuentes de comisaría informaron que todo comenzó cuando en la sala del 091 recibieron la llamada del propietario de una pensión. El dueño solicitó la presencia de una dotación policial para denunciar ciertos hechos ocurridos de madrugada en su establecimiento.

Según el responsable del hospedaje, uno de sus clientes, que compartía habitación con una chica desde el 9 de enero, había llegado en estado de embriaguez. Tras promover un fuerte escándalo tuvo que alojarlos en habitaciones separadas.

Los agentes requirieron a la chica, de nacionalidad española, para que explicara lo ocurrido. Esta, de «propia voluntad y forma espontánea», manifestó que se había fugado de un centro de Alicante y que, durante varios días, había permanecido escondida en un piso de esta localidad, hasta que se traslado en compañía del detenido, de nacionalidad argelina, a Torre Pacheco y posteriormente a Cartagena, donde se hospedaron.

Un falso DNI

Asimismo, explicó a los agentes que se había inscrito en la pensión con un falso DNI -que le fue facilitado por su compañero- quien la noche anterior, tras recoger el dinero obtenido por las relaciones sexuales que mantuvo la menor, se fue a tomar unas copas regresando a las cinco de la mañana. A su regreso, intentó violarla. Ella se opuso y fue agredida.

Al detenido, que fue localizado en la habitación que ocupaba y que se comprobó que tenía decretada la expulsión del territorio nacional, se le intervinieron 166.300 pesetas y el DNI con el que había inscrito a la joven.

La menor fue trasladada al Hospital del Rosell, donde fue atendida de los hematomas fruto de las múltiples agresiones sufridas y, posteriormente, tras instruir las diligencias oportunas, fue entregada a su madre.

SOCIEDAD

Miércoles, 20 de enero de 1999

Los estudiantes, presa fácil de los pederastas británicos

La policía alerta sobre la falta de control a las familias con las que se hospedan

CRISTINA FRADE

Corresponsal

LONDRES.- Hubo un tiempo en que las consecuencias más graves de enviar a un hijo a Gran Bretaña se limitaban a recogerlo en el aeropuerto hambriento de tortilla de patata, colgado de una novia sueca o italiana, con el pelo teñido de verde, una oreja perforada por un pendiente y sin nuevos conocimientos de inglés.

Sin embargo, la policía británica ha advertido que los estudiantes extranjeros son presa fácil de los pederastas y se exponen a un creciente peligro de sufrir abusos, debido a la falta de regulación de las familias que los acogen en sus casas.

Para la gran mayoría de los jóvenes, el viaje concluye felizmente, pero en un 5% de los casos surgen complicaciones. En una investigación del inspector jefe Chris Gould, de la policía de Avon y Somerset, se descubrió que más de 550 jóvenes que han visitado Gran Bretaña para aprender el idioma han sido víctimas de malos tratos y un 10% de éstos han padecido también abusos sexuales.

Una pesquisa efectuada al azar en la localidad costera de Eastbourne, situada en el sur de Inglaterra, reveló que alguno de los miembros de 28 familias de acogida tenía antecedentes penales por delitos relacionados con las drogas, robo, agresión física y, en al menos uno de los casos, abusos sexuales contra menores.

«Me aterra pensar que ésta es una vía para que los pederastas se coloquen en una situación de confianza con niños, en un área que no ha sido regulada», declaraba ayer el policía a una emisora de la BBC, tras presentar los resultados de su investigación. «Un niño extranjero se encuentra a miles de kilómetros de su casa y es especialmente vulnerable a este tipo de criminales».

Para el subsecretario de Interior británico, Paul Boateng, la responsabilidad recae en primer lugar en los padres: «Cuando uno manda a su hijo desde Italia o desde Africa a Gran Bretaña, debe comprobar a qué familia lo manda. No me parece que sea insensato pedir a los padres que lo hagan».

Regulación

Gould y su colega Kaye Jones se proponen visitar Bruselas en las próximas semanas para persuadir a los parlamentarios europeos de la necesidad de regulación de la industria de los cursos de idiomas, una iniciativa que ya cuenta con el apoyo de Caroline Jackson, vicepresidenta de los eurodiputados conservadores.

Entre los casos más alarmantes con los que se han enfrentado, figura el de un niño español alojado en Bath con un condenado por abusos sexuales y el de una niña de 14 años que presenció las palizas diarias que su anfitrión en Londres propinaba a su esposa.

Pero si los estudiantes españoles corren estos riesgos cuando viajan al Reino Unido, peligros similares les acechan en casa. Según dijo ayer Wayne Smith, jefe de la Unidad Anti-pederasta del Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (NCIS), España se ha convertido en uno de los destinos europeos más populares entre los convictos por abusos contra menores, junto a Portugal, Rumanía y la República Checa.

El NCIS ha detectado un aumento superior al 20% del número de viajes al extranjero de los pederastas respecto a 1997. Desde hace año y medio, las personas con antecedentes penales por abusos sexuales están obligadas a dejar constancia de su domicilio en un registro, pero la policía británica reclama una ampliación de la ley que les permita controlar también sus movimientos en el extranjero.

SOCIEDAD

Jueves, 7 de enero de 1999

Reclaman a los jueces sentencias «más radicales» para los delitos de violencia sexual

Matilde Fernández considera que «en estos temas no valen atenuantes»

MADRID.- La diputada del PSOE Matilde Fernández pidió ayer a los jueces sentencias «más radicales y más tajantes» contra los autores de los delitos de violencia sexual, porque así lo demanda la sociedad.

En declaraciones a Servimedia, Fernández mostró su sorpresa por el fallo de la Audiencia de Barcelona, que rebajó de 13 a 4 años de prisión la pena que pedía el fiscal para un padre que abusó sexualmente de su hija, por entender que no ejerció sobre ella suficiente intimidación.

La parlamentaria socialista señaló que actualmente hay en la sociedad española un repudio total a la violencia sexual, «y, sinceramente, creo que en estos temas no valen atenuantes». A su juicio, los jueces deben ser «muy radicales y muy tajantes» en los delitos de violencia sexual, «porque eso es lo que demanda la sociedad y porque estamos ante uno de los delitos peores que podamos imaginarnos».

También pidió a los jueces que tengan en cuenta en sus fallos lo que han asumido los expertos, que los condenados por delitos sexuales son los más difíciles de reinsertar en la sociedad y que estos abusos son profundamente rechazados por los españoles. «Son dos elementos a tener en cuenta por los jueces en el momento actual. Que no se escapen con artilugios legales», manifestó.

SOCIEDAD

Lunes, 18 de enero de 1999

ENRIQUE GONZALEZ DURO

Vivir la cárcel

Decía Foucault -Vigilar y castigar- que la cárcel siempre había fracasado como institución correctora y reductora de la criminalidad, pero que encontraba su utilidad social precisamente en producir y reproducir delincuencia, una delincuencia objetivada, etiquetada y fatalmente orientada hacia una criminalidad localizada, sin poder de atracción, políticamente sin peligro y sin consecuencias económicas. Todo reformismo habido y por haber no ha servido sino para perpetuar el fracaso de su pretendida función rehabilitadora, confirmando su esencia constitutiva como único lugar donde el poder organiza silenciosamente el castigo de los infractores. Como en ninguna parte, en la cárcel el poder se muestra de forma desnuda, aunque moralmente justificada, como dominación serena del bien sobre el mal, del orden sobre el desorden. Y sin embargo, la víctima de ese poder, el preso, suele sentirse injustamente tratado, resentido contra la justicia e impulsado para delinquir de nuevo. Por eso, se ha dicho que la delincuencia es la venganza de la prisión contra la Justicia.

Estar preso significa «vivir la cárcel» permanente y obsesivamente. Significa alejarse progresivamente de los valores y modelos de comportamiento de la sociedad exterior, someterse a la disciplina institucional y adoptar los modos de la subcultura carcelaria. Se trata de un penoso proceso que implica pérdida de identidad y de la capacidad para decidir la propia vida, ceremonias degradantes, mortificación del yo, despersonalización, impotencia, tensión permanente, miedo, sufrimiento psicológico, disminución de la autoestima, etcétera. Todo lo cual induce a la reidentificación con los parámetros adaptativos del medio carcelario: en la cárcel todo contribuye a configurarla como un sistema social paralelo, al que el preso no tiene otra opción que la de adaptarse.

El único mecanismo de defensa es la autoafirmación agresiva, desarrollándose una creciente hostilidad contra la institución y que, a menudo, se disuelve en actitudes violentas entre los propios reclusos. La prisión es una institución estructuralmente violenta, que genera violencia por doquier. En ella, el número de «ofensas» (agresiones, abusos sexuales, tráfico de drogas, etcétera) es mucho mayor que la delincuencia registrada en la calle.

La cárcel, como el manicomio, es una institución total, que proporciona a quienes la habitan un mundo propio de tendencias absorbentes y opuestas a las interacciones sociales con el exterior, lo que explica la inadaptación social de los delincuentes exclaustrados, su tendencia a la reincidencia y su frecuente vuelta a la institución. En los últimos decenios, el manicomio ha sido severamente cuestionado, radicalmente transformado y en muchos casos desmantelado. ¿Por qué no la cárcel? Pese a su ineficacia y su inadecuación a la democracia, se dice que no hay alternativa y que la cárcel sigue siendo necesaria. Más que necesaria, la cárcel es una institución útil, de la misma manera que también existe una delincuencia útil, por ejemplo, la derivada de la prohibición de la droga... Legalizarlas supondría la descriminalización de amplios grupos sociales y, consecuentemente, una alternativa inmediata a la prisión.

Enrique González Duro es psiquiatra.

SOCIEDAD

Jueves, 17 de diciembre de 1998

Permiten las visitas a un padre denunciado por abusos

JOSE CARLOS VILLANUEVA

MARBELLA.- El juez sustituto del Juzgado de Instrucción Número 3 de Estepona ha ordenado restituir el régimen de visitas al padre de una niña de cinco años de edad, a pesar de que la madre de la menor, Amelia Rubiales, separada de su cónyuge, denunció que éste la sometía a abusos deshonestos.

Entre los argumentos que se esgrimen en la providencia, fechada el pasado 1 de diciembre, destaca el hecho de que el magistrado reanuda el régimen de visitas «para evitar un perjuicio irreparable al padre», aunque en presencia de un asistente social, según declaró ayer Amelia Rubiales.

El titular de este mismo juzgado ordenó, el pasado mes de abril, que el padre denunciado, J.J.C., de 52 años de edad, dejara de visitar semanalmente a su hija ante la gravedad de los hechos que se le imputaban, así como para proteger a sus dos hijos menores, de cinco y seis años.

La madre de los pequeños mostró ayer su preocupación ante esta resolución judicial. «Mis hijos tienen pesadillas cada vez que tienen que ver a su padre y existen informes psicológicos en los que ha quedado claro el miedo que sienten hacia él», aseguró Amelia Rubiales.

Ayer, precisamente, la progenitora debía haber llevado a sus hijos a las dependencias municipales de Bienestar Social de Estepona para que vieran a su padre, pero se negó a ello, por lo que podría ser denunciada por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

La decisión del Juzgado Número 3 de Estepona se ha producido a pesar del escrito remitido el pasado mes de noviembre por una asistente social y la Concejalía de Salud del Ayuntamiento, en el que se especificaba el trauma que padecen los dos niños, e incluso se reconocían las carencias del citado centro en materia de medios y personal cualificado para atender a menores en este tipo de situaciones.

Rubiales reveló también diversos informes psicológicos en los que se describe a su ex marido como «un esquizofrénico paranoide que padece todos los síntomas del típico abusador sexual».

Por su parte, el padre acusado de estos presuntos delitos ha replicado que «todo es una calumnia» para impedir que vea a sus hijos.

SOCIEDAD

Miércoles, 2 de diciembre de 1998

Cuatro años de cárcel por abusar de dos alumnas

IÑIGO ARRUE

VALLADOLID.- La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a cuatro años de cárcel a un profesor de Medina del Campo por abusar sexualmente de dos alumnas de siete y ocho años, además de cometer vejaciones sobre otra menor.

Según el fallo al que ha tenido acceso EL MUNDO, la Sala condena a Mariano V. M., docente del colegio público Nuestra Señora de la Merced, a dos años de cárcel por cada delito de abusos sexuales y a una sanción de 20 días con una multa diaria de 1.000 pesetas por una falta de vejaciones por tocamientos a otra niña.

Las víctimas, según confesaron a sus padres, fueron objeto de los abusos durante los tres primeros trimestres del curso 97-98 en horario lectivo y en el propio aula. Además, Mariano V. M. deberá cumplir cuatro años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de maestro, y tendrá que pagar 250.000 pesetas de indemnización a los familiares de cada una de las dos niñas víctimas de abusos y 25.000 pesetas a los padres de la otra menor.

Durante la instrucción del expediente disciplinario, el acusado llegó a confesar al director del colegio y a dos inspectores que se había «propasado» con las niñas, si bien durante el juicio, celebrado el pasado miércoles a puerta cerrada, había negado todos.

Desde que ocurrieron los hechos, las menores han tenido que recibir asistencia médica debido al fuerte trauma sufrido. Una de ellas padece anorexia e incluso durante el pasado verano llegó a dormir totalmente vestida.

SOCIEDAD

Viernes, 18 de diciembre de 1998

CONGRESO/ APROBADA UN LEY QUE PENALIZA EL TURISMO SEXUAL

Se establece en 13 años la edad para tener relaciones sexuales consentidas

Los menores de 15 años no podrán practicar el sexo con los mayores de 18

MADRID.- El Congreso aprobó ayer, con los votos del PP, PNV, CiU e IU, el dictamen sobre el proyecto de ley que penaliza el tráfico de personas para la explotación sexual, la venta y difusión de pornografía infantil, el turismo sexual con menores y el incremento de las penas hasta los cuatro años para los que induzcan a los niños a la prostitución.

Este proyecto de ley orgánica será remitido ahora al Senado para su discusión y votación, y volverá de nuevo al Congreso para su ratificación definitiva.

La nueva normativa eleva de 12 a 13 años la edad para que las relaciones sexuales se consideren como no consentidas y tampoco se considera válido el consentimiento de los menores de 15 años respecto a las relaciones sexuales con mayores de 18 años.

El proyecto penaliza por primera vez el tráfico de personas con propósito de explotación sexual hacia dentro o fuera del territorio nacional y asimismo, y con el fin de acabar con el turismo sexual, se establece que los tribunales españoles puedan juzgar los delitos de prostitución y corrupción de menores cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional. La pena por inducir o favorecer la prostitución de un menor será de entre dos y cuatro años de prisión (ahora es de uno a cuatro años).

Otras conductas que actualmente son sancionadas con multa pasan a serlo con prisión. En general, la pena por abusos sexuales no consentidos se fija entre uno y tres años de cárcel, y si la víctima es un menor, entre seis y 12 años.

Este proyecto de Ley reintroduce el delito de corrupción de menores, para el que se prevé prisión de dos a cuatro años.

La norma penaliza la asistencia a espectáculos pornográficos con menores o incapaces, y también se sanciona la producción, venta, distribución, exhibición o tenencia de ese material.

También se castiga, por primera vez, el acoso sexual cometido por un compañero de trabajo, aunque no sea un superior, cuando suponga una humillación para la víctima y sea una amenaza para sus expectativas laborales. El texto recupera asimismo la denominación jurídica de violación.

En el debate, tanto el PSOE, que se abstuvo, como el Grupo Mixto, que votó en contra, afirmaron que el texto está plagado de definiciones vagas y que en algunos casos, incluso, se vulnera el principio de libertad sexual de los adolescentes.

SOCIEDAD

Martes, 15 de diciembre de 1998

Una menor, obligada a declarar ante sus agresores sexuales

El fiscal asegura que la madre la prostituía

MONTSE MARTINEZ

BARCELONA.- Mari Carmen, de 11 años, pasaba ayer de la risa al llanto en cuestión de minutos. La primera vez que entró a declarar tuvo que salir a los dos minutos hecha un manojo de nervios. Una vez calmada por los psicólogos que la acompañaban recuperó fuerzas para relatar los hechos ante el juez.

El tribunal de la Audiencia de Barcelona aplicó por primera vez una sentencia del Tribunal Supremo y ordenó, a petición del abogado, la retirada del biombo instalado para proteger a los testigos. Los nervios de la niña apenas pudieron soportarlo. En el banquillo estaba sentada su madre, acusada de prostituirla, y los tres hombres que, supuestamente, abusaron de ella.

La madre, María del Carmen Cambra, se enfrenta a 45 años de prisión por cooperar en tres delitos de agresión sexual cometidos contra su hija. Sobre José Sánchez, Michel Belorillo y José Manuel Bou también pesa idéntica petición de pena por abusar de la menor. Los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona consideraron oportuno celebrar el juicio a puerta cerrada, incluida la declaración de los cuatro acusados.

Cuando murió su marido, María del Carmen residía en el domicilio familiar acompañada de sus tres hijos, dos niños de siete y nueve años y una niña también de nueve.

Consentimiento

El fiscal asegura que los tres acusados, habituales en la casa, entraban en la habitación de la pequeña por separado y abusaban de ella. Con el consentimiento de la madre que, presuntamente, cobraba por ello. Los abusos, que empezaron cuando la niña tenía siete años, se prolongaron durante dos.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal relata cómo la niña cerraba los ojos porque «no quería verlos y le daban asco». Aún así, afirma que la menor ha sido capaz de reconocerlos porque les veía la cara en el momento en el que abrían la puerta de su habitación gracias a la luz que procedía del comedor.

También constan las amenazas de la madre a su hija, que intentaba no gritar a pesar del fuerte dolor que sufría para evitar que su progenitora la ingresara en un centro.

Como muestra de que la María del Carmen sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo con su hija, el fiscal aporta el dato de que era la propia madre la que facilitaba los preservativos a los hombres, insistiendo en la exigencia de que los utilizaran para evitar posibles contagios.

Fuentes judiciales explicaron que los acusados negaron en todo momento las acusaciones que se les imputan. Los cuatro llevan dos años en prisión, concretamente desde el día que fueron detenidos por los hechos, denunciados por un familiar.

MADRID

Viernes, 18 de diciembre de 1998

Detenido un monitor acusado de abusar de una menor

MADRID.- Un monitor deportivo conocido como Tito, de 31 años, ha sido detenido como supuesto autor de un delito de abusos sexuales a una menor de unos 5 años de Venturada, según informaron a Efe fuentes jurídicas y de la investigación.

Las mismas fuentes indicaron que la detención, ordenada por el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción del municipio de Torrelaguna a la Guardia Civil, se produjo tras la denuncia presentada en ese órgano judicial por los padres de esta niña y de otros otros menores más del municipio de Venturada.

Según fuentes municipales, el detenido, que ha ingresado ya en la cárcel de Soto del Real, estaba adscrito en calidad de monitor deportivo a los municipios de Venturada, Cabanillas y Redueña y gozaba de la estima de los vecinos, algunos de los cuales están recogiendo firmas en su favor.

Al parecer, los padres de la niña sospecharon del monitor cuando la pequeña les contó que la había tocado durante unos juegos, por lo que en compañía de otros padres de la localidad decidieron denunciarle en el juzgado.

Por su parte, Tito presentó una denuncia por calumnias contra los padres. El juzgado de Torrelaguna, encargado del caso, ha decretado el secreto del sumario y se ha limitado a confirmar la detención del monitor deportivo.

SOCIEDAD

Miércoles, 2 de diciembre de 1998

Los pederastas estarán sometidos a un fuerte control en el Reino Unido

Una nueva ley les puede prohibir, desde ayer, acercarse a las escuelas y parques

LONDRES.- Censados ya en un fichero nacional, los pederastas podrán ser objeto en el Reino Unido de medidas excepcionales de control por parte de la policía y de la Justicia, que podrán prohibirles acercarse a las escuelas y parques frecuentados por niños.

La nueva ley, que puede aplicarse desde ayer, da a la policía y a los jueces el poder de poner bajo rigurosa vigilancia a los pedófilos, según informa France Presse.

Los policías pueden pedir a un juez que prohíba a ciertos pederastas considerados peligrosos acercarse a los lugares frecuentados por niños y, en caso de incumplirlo, se enfrentarán a condenas de hasta cinco años de prisión.

La medida concierne a las personas ya condenadas por pedofilia en el Reino Unido o en el extranjero, pero también a los que han recibido alguna advertencia por parte de la policía.

«Estamos decididos a reducir los peligros que esas personas representan para la población», declaró ayer el secretario de Estado, Paul Boateng.

Según informes recientemente publicados, los casos de abuso sexual de menores son numerosos. Un niño de cada siete confiados por los servicios sociales a albergues para la infancia ha sido víctima de abusos sexuales.

Las autoridades están investigando unas 240 redes de pedofilia, y las acusaciones contra profesores y sacerdotes se han multiplicado. A finales de 1997, el Gobierno había reforzado ya la legislación contra la pedofilia, creando un fichero nacional de las personas condenadas por abusos sexuales contra niños, obligándoles a informar de sus cambios de dirección bajo amenaza de volver a prisión.

La policía ha intensificado, además, sus esfuerzos con el desmantelamiento de una red de imágenes con menores en Internet.

El propio ministro del Interior, Jack Straw, tuvo que intervenir en la primavera pasada para calmar a la población tras la puesta en libertad de Sydney Cooke, uno de los violadores y asesinos de niños más peligrosos del Reino Unido. «¡Prestad atención a este perverso demoniaco! Podría ir a vuestro barrio», había publicado algunos días antes de su liberación el Sun, junto con la foto de Cooke. Al final, Cooke tuvo que ponerse bajo protección policial.

Volviendo a la nueva ley, ésta ha sido preparada por varios representantes de la policía, de la magistratura, de los servicios sociales y de varios colectivos locales, y no ha provocado ninguna polémica en el país. Sólo la Asociación Nacional para la Reinserción de los Autores de Abusos Sexuales ha declarado que unos intensos programas de ayuda psicológica serían más eficaces.

SOCIEDAD

Viernes, 20 de noviembre de 1998

DERECHOS HUMANOS / DIA UNIVERSAL DEL NIÑO

Miles de pequeñas víctimas

Un alto porcentaje de niños y adolescentes españoles sufre desadaptación

MADRID.- Más de la mitad de los menores españoles entre 14 y 16 años presenta conductas desadaptadas, así como uno de cada cinco niños entre 10 y 13 años, el 8% de los que tienen entre 4 y 9 años, y cerca del 17% de los chicos de 17 años o más, según datos de un estudio facilitado por la fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), con motivo del Día Universal del Niño, que se celebra hoy.

A pesar de que la mayoría vive con sus padres, dos de cada cinco pertenece a una familia monoparental, y algunos se encuentran internados en centros residenciales para menores o vive con sus abuelos u otros familiares.

La fundación ANAR, que gestiona el Teléfono del Menor, ha registrado 1.530 llamadas en los últimos 18 meses referidas a este problema, un 13% del total de consultas recibidas. Asimismo, subraya que las conductas desadaptadas tienen como consecuencia que otros pequeños se convierten en víctimas de los críos con este problema. «El 13% de las llamadas de menores víctimas de otros menores desadaptados se refieren a agresiones o abusos sexuales, frente a un 87% que corresponde a agresiones físicas o verbales».

En general, ANAR denuncia la inexistencia de recursos especializados en este problema, y resalta el desconocimiento y la desconfianza por parte de la población hacia los servicios sociales, el centro escolar y otros organismos o instituciones de apoyo, junto con la insatisfacción hacia su actuación cuando se han dirigido hacia ellos en busca de ayuda.

Otro de los asuntos que centran la celebración del Día del Niño es el de las adopciones internacionales. En España se producen un total de 1.000 adopciones nacionales y 3.000 internacionales al año, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales facilitados ayer por el ministro Javier Arenas, durante una recepción con padres adoptantes de niños chinos y sus hijos.

Concretamente, España cuenta ya con 253 adopciones de niños de la República Popular China, el 90% niñas, de acuerdo con los certificados de idoneidad expedidos.

LEVANTE

Sección: Sucesos Publicado el día: 2/9/98

La niña narra en un vídeo casero los abusos sexuales a los que era sometida en la guardería

Los padres de la pequeña han presentado la cinta como prueba en la fiscalía de menores

T. DOMÍNGUEZ/E.LIS valencia

Los padres de la niña de tres años que supuestamente sufrió abusos sexuales en una guardería de Valencia por parte de dos menores de 11 y 12 años, han presentado en la fiscalía un vídeo casero en el que la pequeña, en el ambiente relajado de su hogar y entre sus juguetes, desgrana los abusos a que fue sometida. La grabación fue presentada en la fiscalía de menores el pasado 12 de junio, el mismo día en el que fueron denunciados los supuestos abusos. En la cinta la pequeña muestra cómo la masturbaban y cuenta que a ella no le gustaba. La noche antes de presentar la denuncia la madre había descubierto horrorizada como la niña, que supuestamente ya había sufrido tocamientos unos meses antes, volvía a tener la vagina totalmente irritada. Tal como adelantó ayer en exclusiva Levante-EMV, los padres de la pequeña observaron el 25 de marzo que ésta tenía importantes escoriaciones en la vulva. La niña les contó que se lo había hecho un niño de 11 años en la guardería, por lo que se lo contaron a la directora y ésta expulsó al menor. Sin embargo, cuando los abusos supuestamente volvieron a repetirse tres meses después, esta vez por parte de un chico de doce años, la responsable del centro no tomó ninguna medida, según asegura la madre de la niña. «No me hizo ningún caso y me dijo despectivamente que yo necesitaba un psicólogo, así que a continuación me fui al juzgado de guardia», señaló ayer a este diario la denunciante. «Me indignó la actitud de la directora porque una cosa así le puede pasar a cualquiera una vez, pero es intolerable que después no hubiera ningún tipo de vigilancia para evitar que se repitiera», añade. Antes de acudir al juzgado, la madre de la pequeña mostró, según asegura, la cinta de vídeo a la directora y a una profesora de la escuela infantil. La responsable del centro, por su parte, negó en declaraciones a este diario que haya tenido algún problema con una madre por supuestos abusos sexuales y asegura que no tiene constancia de que se haya presentado ninguna denuncia. Niños interrogados El caso está siendo investigado por agentes de la policía autonómica que, según está previsto, próximamente tomarán declaración a los dos niños que presuntamente realizaron tocamientos a la pequeña. Por el momento, los agentes ya han acudido a la guardería para interesarse por la identidad de los dos chicos.

Sección: Sucesos Publicado el día: 20/8/98

La niña que desveló los abusos sexuales de Gandia está «totalmente traumatizada»

La pequeña, de 7 años, y sus padres llevan dos meses bajo asistencia psicológica

La pediatra que atendió en primera instancia a la niña que destapó el caso de los abusos sexuales de menores en Gandia, vio a la pequeña tan traumatizada que decidió ponerlo en conocimiento de Servicios Sociales. Por su parte, el hermanastro de la niña cuando su madre se enteró le espetó a que la pequeña «se acuesta con todos, por eso está así». Se trata de una familia desestructurada y de un extracto humilde, por lo que la niña ha crecido en un ambiente poco propicio.

TERESA DOMÍNGUEZ Valencia

La niña que destapó el caso de abusos sexuales cometidos en Gandia entre finales del año pasado y mayo de este año continúa recibiendo asistencia psicológica de un gabinete especializado en agresiones sexuales y, pese al tratamiento, la pequeña, de sólo siete años, «continúa estando muy traumatizada», según fuentes conocedoras del caso. La pequeña es hija del segundo matrimonio de una vecina de Gandia, que también tuvo hijos de su primer compañero. Se trata de una familia con problemas de desestructuración y de extracto social humilde. Del informe de Servicios Sociales se desprende que la niña está creciendo en un ambiente en el que se respira más dosis de violencia de la deseable. En el programa de recuperación también están incluidos los padres, que están recibiendo el mismo tipo de asistencia por parte de expertos del gabinete de apoyo psicológico Espill, con quien la Generalitat posee un convenio de colaboración para atender a menores que han sido víctimas de abusos sexuales. Fue precisamente un hermanastro de la niña quien dio la voz de alarma. El pasado 24 de mayo, y después de una de las excursiones de la niña a la caseta de obra donde se produjeron los abusos, la madre la notó más extraña de lo normal. Al desvestirla, observó que tenía escoriaciones en la zona genital y le pidió explicaciones. El hermanastro, de 15 años, le espetó a su madre que la pequeña «se acuesta con todos, por eso está así». Incrédula aún, habló con la menor, quien finalmente accedió a relatar, muerta de miedo, lo que ocurría desde hacía algo más de medio año. La madre fue ese mismo día a la comisaría de Gandia y denunció que alguien había estado violando sistemáticamente a su hija durante meses. La alerta de la pediatra Al día siguiente, 25 de mayo, la pequeña fue llevada al Hospital Comarcal Francesc de Borja, en Gandia, donde fue explorada por una pediatra. Las lesiones no revestían demasiada gravedad —la mayoría de los abusos consistieron en obligarla a practicar felaciones a los tres menores encerrados en el centro de Burjassot—, pero la médica la vio tan sumamente traumatizada por lo ocurrido, que solicitó de inmediato la intervención de Servicios Sociales a través del Teléfono de Atención al Menor. Tras recibir las llamadas de Gandia, se puso en marcha el operativo habitual. Pese a que ya existía una denuncia anterior en la comisaría local, Conselleria puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía de Menores que, a su vez, ofició a primeros de junio a la policía autonómica para que, a través del Grupo de Menores (Grume), se pusiera manos a la obra. Tras los intensos y pacientes interrogatorios de los policías autonómicos, la niña, que inicialmente sólo aportaba un nombre de pila, fue desgranando qué, cuándo y cómo habían sucedido los hechos en la caseta de obra de la calle Madrid de Gandia.

Sección: Sucesos Publicado el día: 16/8/98

Cuatro niñas de entre 8 y 12 años sufrieron en junio abusos sexuales en una caseta de obra de Gandia

M. P. valencia

Las agresiones sexuales cometidas por un grupo de menores contra cuatro niñas de entre 8 y 12 años de edad en Gandia se llevaron a cabo en una caseta de obra a la que acudían con frecuencia para jugar durante las tardes. Según ha podido saber Levante-EMV, el caso se destapó hacer un par de meses a raíz de la denuncia que formuló la madre de una de las niñas en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en la capital de La Safor. Los jóvenes pudieron acceder al interior de la caseta de obra donde presumiblemente se cometieron las agresiones tras romper el candado que cerraba la puerta de acceso. A raíz de la primera denuncia presentada ante la policía, las otras madres de las niñas optaron por hacer lo mismo ante lo que las pequeñas les narraban y, en algunos casos, los evidentes síntomas de haber sido víctimas de una agresión sexual. Agentes del grupo operativo de la policía judicial gandiense iniciaron las investigaciones y lograron relacionar a las niñas con un grupo de jóvenes marginales de la ciudad. Estos al parecer, habían aprovechado la ubicación de una caseta de obra en un descampado en donde próximamente se iba a edificar «para construir ellos mismos allí su propia cabaña» según indicaron fuentes policiales. Un colchón de base Así las cosas, los agentes encargados de la investigación lograron tras interrogar a diversos grupos de menores de la ciudad, fijar el punto de reunión que éstos tenían y proceder a su puesta a disposición de la fiscalía de menores. En la citada «cabaña» que se habían construido los acusados aprovechando la ausencia de obras en el descampado, se pudo localizar un colchón en el que supuestamente se cometieron las agresiones sexuales así como diversas sillas en su interior que supuestamente las habían colocado los acusados. Según fuentes policiales, el mayor de los acusados de estas agresiones sexuales tiene 13 años de edad y junto con el resto del grupo fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Valencia. Las agresiones consistieron al parecer, en tocamientos, escoriaciones varias, y posiblemente alguna relación oral, según el testimonio aportado por las víctimas ante los investigadores del caso. Al parecer, tanto las víctimas como el grupo de niños acusados se conocían por ser vecinos de una zona concreta de Gandia, lo que facilitó en gran manera su localización y posterior puesta a disposición judicial.

Sección: Sucesos Publicado el día: 16/7/98

Suspenden de empleo y sueldo al maestro acusado de abusos sexuales

Sección: Sucesos Publicado el día: 15/7/98

La Audiencia Nacional asume el caso de los abusos sexuales a jóvenes deficientes

Cuatro familias valencianas han denunciado ya al profesor acusado de las agresiones

Cuatro familias han denunciado al profesor de un centro de educación especial de un municipio valenciano acusado de haber abusado sexualmente de varios de sus alumnos durante un viaje de fin de curso a París y Poitiers, en Francia. Los padres presentaron las demandas a primeros de junio en dos juzgados diferentes de Valencia, que posteriormente se inhibieron en favor de la Audiencia Nacional al tratarse de un supuesto delito cometido en el extranjero por un ciudadano español.

Teresa DomÍnguez.Valencia

Un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional se ha hecho cargo de la investigación del caso de abusos sexuales supuestamente cometidos por un profesor de educación especial a alumnos disminuidos psíquicos durante un viaje de fin de curso a Francia, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia. Las supuestas agresiones fueron denunciadas los pasados días 1 y 2 de junio en los respectivos juzgados de guardia de Valencia, apenas 48 horas después de que el profesor fuera sorprendido por una compañera suya con un alumno en los aseos de un restaurante de Poitiers (centro de Francia). Según ha podido averiguar este diario, las demandas judiciales fueron presentadas por los padres de cuatro alumnos diferentes: una de las familias denunció el día 1 y las otras tres, al día siguiente. En el primer caso, los padres estuvieron a punto de no poder denunciar cuando relataron ante el juez que los supuestos abusos habían sido cometidos en territorio francés, lo que impide la actuación de un juzgado ordinario. La insistencia de la fiscal, sin embargo, hizo que se le diera luz verde a la demanda y que, incluso, se le tomara declaración ese mismo día a los profesores y a los alumnos. Pese a esas primeras actuaciones, ambos juzgados terminaron por inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, dado que es a este órgano a quien corresponde la instrucción del caso por una cuestión jurisdiccional. Ello se debe a que los supuestos abusos fueron cometidos en territorio extranjero. El hecho de que el supuesto agresor sexual sea un ciudadano español es lo que faculta a la Audiencia Nacional a intervenir. Dos veces en pocas horas La primera de las supuestas agresiones atribuidas al profesor, que es funcionario y posee su plaza en propiedad, fue detectada en la noche del 29 de junio, cuando la excursión, formada por cuarenta alumnos y diez profesores, se detuvo en un restaurante de Poitiers tras haber visitado un parque temático en esa ciudad. Una profesora sorprendió a su colega con los pantalones bajados dentro de un aseo mixto en el que se había metido con un alumno deficiente, tal como adelantó el pasado domingo Levante-EMV. Desde ese momento, el sospechoso fue sometido a una estricta vigilancia y los responsables de la excursión avisaron de inmediato por teléfono al director del centro, que no había viajado con ellos. Pero los abusos continuaron. Unos kilómetros más allá, cuando el autobús paró de nuevo en un área de descanso de una autopista francesa, el sospechoso fue sorprendido nuevamente por personal docente. En esa segunda ocasión, sometió a supuestos tocamientos a otro alumno sentado a su lado en el autobús, que estaba estacionado, pero con todos los asientos ocupados por los excursionistas. La tensión del viaje acabó el sábado por la mañana, cuando el autocar llegó a Valencia. El director del centro acudió a recibirlos al paseo de la Alameda, punto final del viaje. Esa misma tarde, los profesores, un padre y el director mantuvieron una reunión para analizar la situación y determinar qué iban a hacer. Tras un intento fallido de denunciar los hechos en el Teléfono de Atención al Menor —los cuatro alumnos afectados son mayores de edad—, el mismo grupo acudió a primera hora del lunes, 1 de junio, a los Servicios Territoriales de Educación y relataron al inspector de área todo lo sucedido. A continuación, el padre afectado y varios profesores se trasladaron al juzgado de guardia, ubicado enfrente, y presentaron la primera de las cuatro denuncias. La diligencia del grupo llegó hasta tal punto, que, tras la interposición de la demanda, entregaron una copia de la denuncia al inspector de Educación, acción repetida al día siguiente con las otras tres denuncias. La continua información y la actuación de lo maestros ha llevado a los padres a agradecerles su gesto y su apoyo en todo este asunto.

Sección: Comunidad Publicado el día: 5/6/98

La mitad de los padres cree que los niños se inventan historias sobre los abusos sexuales

La sexualidad infantil es un tabú para los padres. Más de la mitad considera que los niños inventan historias sobre abusos sexuales para vengarse de determinados adultos, una creencia compartida mayoritariamente por los profesores. Los adultos poseen ideas distorsionadas sobre estos delitos, y aunque la mayoría asegura que hablan de estos temas con sus hijos, estos últimos lo desmienten, según aseguró ayer una experta en el seminario «Rompiendo silencios» que se celebra en Valencia.

JULIA RUIZ. Valencia.

La mayor parte de los niños que sufren abusos sexuales callan, pero cuando hablan se topan en demasiadas ocasiones con la incredulidad de sus confidentes. Las cifras hablan por sí solas, ya que más de la mitad de los padres —un 52%— consideran que muchos menores inventan historias de abuso sexual para vengarse de algunos adultos, pese a que los expertos aseguran que los niños generalmente siempre dicen la verdad en estas cuestiones. Así se pone de manifiesto en la ponencia que ayer ofreció la psicóloga de Salamanca Amaia del Campo Sánchez en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Valencia, donde se celebra desde ayer un seminario sobre prevención de abusos sexuales. Los estudios dejan claro el desconocimiento de los padres sobre este tipo de delitos, ya que mayoritariamente opinan que «son infrecuentes» y que suceden en situaciones sociales específicas, como familias con bajos ingresos o con muchos problemas. Además creen erróneamente que el agresor es una persona que ejerce la violencia en el hogar y que en la mayoría de los casos son pederastas. Las investigaciones dan al traste con estas creencias, ya que sólo en un diez por ciento de los casos de abusos se emplea violencia física y son muy pocos los pederastas agresores. «Los agresores suelen utilizar otro tipo de estrategias, como ganarse la confianza del menor, utilizar sobornos o amenazas, engaños, etc.», señala Amaia del Campo. Y es que está claro que el tabú del sexo separa todavía hoy a padres e hijos. Las encuestan revelan una situación paradójica: mientras que el 55% de los padres afirma haber hablado alguna vez con sus hijos sobre los abusos sexuales y casi un 70% dice haber mantenido conversaciones con ellos sobre la sexualidad, sólo entre el 27 y el 29% de los menores manifiesta que en el hogar se hable sobre abusos o sexualidad. Aunque la actitud de los padres hacia la denuncia es altamente positiva (un 98% ve correcto denunciar los abusos sexuales), sólo el 52% afirma que sabría cómo actuar ante un posible caso. Dos datos llamativos: un 4% sólo denunciaría si existieran pruebas físicas y un 12% afirma que reaccionaría con violencia hacia el agresor. Tampoco los profesores salen bien parados respecto a su disponibilidad a creer al menor víctima de una agresión sexual. Para empezar, un número muy elevado —un 78%— mantiene la falsa creencia de que los profesionales que denuncian un abuso sexual pueden ser demandados por la familia si el caso no es admitido a trámite por los juzgados. También más de la mitad —un 65%— opinan que los menores inventan los abusos para vengarse.

Sección: Comunidad Publicado el día: 4/6/98

Una de cada cuatro niñas sufre abusos sexuales en España

Aumenta el número de agresores jóvenes

El 23% de las niñas y el 15% de los niños sufren abusos sexuales en España antes de cumplir los 17 años, según un estudio que refleja una tendencia creciente de agresores adolescentes y padrastros.

JULIA RUIZ. Valencia.

Cerca de la cuarta parte de las niñas —en torno a un 23%— y un 15% de los niños en España sufren algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 17 años, según un informe elaborado por la Fundación Cooperación y Educación (Funcoe) que fue dado a conocer ayer en la presentación del seminario europeo sobre prevención de abusos sexuales a menores que se celebrará en Valencia hoy y mañana. Estas importantes cifras, similares a las de otros países occidentales, dan al traste con la falsa creencia de que este tipo de delitos son infrecuentes y ponen de relieve la necesidad de acabar con el tabú que estos temas generan en la sociedad y de «romper los silencios», tal y como han bautizado los organizadores el seminario. El estudio, basado en entrevistas realizadas a 2.000 personas en todo el territorio español y que es representativo de todas las comunidades autónomas, revela que aunque los abusos sexuales son un problema viejo —las cifras son similares a las de hace 40 años—, existe en la actualidad un incremento de abusos cometidos por adolescentes y padrastros. Según explicó ayer Félix López, catedrático de sexología en la Universidad de Salamanca, el aumento de los agresores menores de edad se debe, entre otras cuestiones, a la mayor permisividad del sistema educativo, a la violencia sexual que reflejan los medios audiovisuales y al ocio mediatizado por el alcohol y las drogas. El retrato robot del agresor responde a un adulto joven, casi siempre varón, que pasa por ser supuestamente normal, pero que en realidad son personas mal socializadas, que no han adquirido los valores de respeto a la infancia o no tienen capacidad para cumplirlos. En un tercio de los casos son hombres que sufrieron abusos en su infancia. Félix López advirtió, sin embargo, que «fuera de esta fotografía existen demasiados casos». El estudio refleja también que la mitad de los agresores no conocen a las víctimas, mientras que la otra mitad son familiares o conocidos, aunque en España los casos de incesto son más bajos que en otros países. Además, el número de pederastas que abusan de niños es muy bajo. También resulta difícil hacer un perfil de las víctimas, aunque las chicas tienen el doble de probabilidades de ser agredidas sexualmente. Los abusos se dan mayormente entre los 9 y 14 años e incluyen desde conductas sin contacto físico, como el exhibicionismo, hasta el coito anal o vaginal.

Sección: Sucesos Publicado el día: 24/5/98

Dos detenidos por abusos sexuales en Valencia

CARLOS ALÓS. Valencia.

La policía ha detenido en los últimos días en Valencia a dos personas como presuntos autores de sendos delitos de abusos sexuales. La primera de las detenciones tuvo lugar el pasado martes cuando los agentes identificaron a Higinio P. G. R., de 64 años, por un presunto delito de abusos sexuales a un disminuido psíquico. El mismo día la policía detuvo a Boualem M., de 38 años, de origen argelino, como presunto autor de un delito de abusos sexuales a una menor. El hombre era buscado por la policía desde el pasado día 2 cuando agredió sexualmente a la menor en el cauce del río Turia. El detenido fue identificado en la estación de autobuses de Valencia.

Sección: Internacional Publicado el día: 27/5/98

La hijastra de Ortega relata los abusos sexuales realizados por el líder del FSLN

EP/AFP Managua

El secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) nicaragüense, Daniel Ortega, amenazó con contrademandar a su hijastra, Zoilamérica Narváez, si ésta presenta una denuncia ante los tribunales por acoso sexual y no prospera por carecer de pruebas. El portavoz del FSLN, Silvio Mora, tildó a Narváez de «perturbada mental» por las acusaciones contra su padrastro, de quien dijo este lunes que «me violó a los 15 años». El diario local La Tribuna publicó ayer parte del testimonio de Zoilamérica Narváez, en el que narra el trauma que arrastra desde 1978 tras los abusos a los que presuntamente fue sometida por Ortega. El testimonio ofrece la imagen de un Ortega pervertido sexual «Daniel Ortega me violó en 1982. No recuerdo con exactitud el día, pero sí los hechos: fue en mi cuarto, tirada en la alfombra por él mismo, donde no solamente me manoseó, sino que con agresividad y bruscos movimientos me dañó. Sentí mucho dolor y un frío intenso. Lloré y sentí náuseas». El documento relata escenas como las veces en las que la menor fue obligada a sostener sexo con otro hombre, mientras Ortega observaba. «Él, desde su silla, daba indicaciones de cómo proceder. Ante mi negativa, él mismo que quitó bruscamente la ropa y empujó al otro participante a abusar de mí».

La incomparecencia de acusado y víctima obliga a aplazar un juicio por abusos

Y. L. Valencia

La sección tercera de la Audiencia de Valencia suspendió ayer el juicio contra José María R. M., acusado de agredir sexualmente al hijo de la mujer con la que convivía, cuando éste tenía cuatro años. El tribunal se vio obligado a aplazar la vista oral ante la incomparecencia tanto del acusado como del niño y de su madre. José María R. trabaja como feriante y, aunque tiene un domicilio fijo, no ha sido posible localizarlo ya que viaja constantemente. La justicia tampoco ha podido dar con el paradero de la mujer que le denunció. El fiscal solicita provisionalmente siete años de prisión para el acusado, al que imputa haber llegado a mantener una relación sexual con el niño en 1995. La acusación pública admite como atenuante la condición de alcohólico crónico del feriante, que padece un trastorno antisocial de la personalidad. La defensa, por su parte, rechaza que se produjera una penetración incompleta, como sostiene la fiscalía.

Sección: Sucesos Publicado el día: 6/5/98

Suspenden un juicio por abusos a dos niñas por un error judicial

La sala devuelve el caso a Llíria para que se tramite como sumario

Un error del juzgado de instrucción número 4 de Llíria obligó ayer a suspender el juicio contra un hombre acusado de abusar de dos amigas de su hija durante una supuesta sesión de espiritismo. La causa ha sido devuelta al instructor.

Y. LAGUNA. Valencia

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia acordó ayer devolver al juzgado de instrucción número 4 de Llíria el caso de Pedro R. P., acusado de abusar de dos amigas de su hija. El tribunal tomó la decisión tras comprobar que la causa se tramitó como procedimiento abreviado cuando correspondía hacerlo como sumario, ya que una de las acusaciones particulares solicita más de nueve años de prisión para el inculpado, según informaron a Levante-EMV fuentes jurídicas. El inicio de la vista oral estaba previsto para las diez de la mañana. Al Palacio de Justicia acudieron Pedro R. P. y los 14 testigos y 4 peritos citados. Sin embargo, el tribunal no pudo evitar el aplazamiento. El fiscal planteó como cuestión previa al inicio del juicio una petición de suspensión, tras poner de relieve el error. Las acusaciones particulares se adhirieron a lo solicitado por el fiscal, así como la defensa, quien alegó que, tal como se había instruido el proceso, su cliente podría quedar en una situación de indefensión. En efecto, el procedimiento sumario supone más garantías para los implicados en delitos graves. Los hechos ocurrieron el 26 de abril de 1997. Las acusaciones sostienen que Pedro R. P. estaba en su casa junto a dos amigas de su hija, entonces de once años, a las que supuestamente convenció para realizar una sesión de espiritismo, en la que iban a invocar a un espíritu llamado Pumuki. Si desobedecían a éste, «les podría pasar algo malo», les advirtió. La fiscalía sostiene que, de esta forma, el acusado consiguió que las dos menores le masturbaran, algo que él niega. El fiscal solicita provisionalmente para Pedro R. P. sendas penas de dos años de cárcel como autor de dos delitos de abusos sexuales. Una de las acusaciones eleva a tres años la petición, pero la otra reclama dos penas de ocho años de prisión por considerar que en este caso el delito es de agresión sexual equivalente a la violación. Esta circunstancia es la que motivó ayer la remisión de los autos al juzgado de Llíria. El nuevo Código Penal Hasta la entrada en vigor del Código Penal de 1995, el procedimiento abreviado se aplicaba a los delitos castigados con penas no superiores a prisión mayor, es decir, seis años y un día. La nueva ley penal, sin embargo, modificó el artículo 779 de la ley de enjuiciamiento criminal y estableció que este tipo de procedimiento corresponde a delitos castigados con menos de nueve años de cárcel. En este caso, una de las acusaciones califica los hechos como constitutivos de un delito que lleva aparejada una condena de hasta doce años y, por tanto, superior a los nueve que marca la ley.

Sección: Nacional Publicado el día: 14/9/99

La fiscalía revela que las denuncias por delitos sexuales aumentaron un 66%

Europa press Madrid

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, mostró su preocupación por el incremento del 66,29% experimentado en 1998 en las causas abiertas por delitos contra la libertad sexual, aunque matizó que en parte puede deberse a un aumento de las denuncias formuladas por las víctimas y una mayor eficacia de la policía, y no necesariamente a la existencia real de más casos. «Quizá estemos asistiendo —dijo el fiscal— a un desvelamiento de conductas criminales que antes no engrosaban las estadísticas porque permanecían ocultas a la acción investigadora de la autoridad. Si ello significa una mengua de los espacios de impunidad y un corrimiento de los velos que impedían conocer en su dimensión real este intolerable fenómeno criminal, la referencia estadística puede ser un síntoma de salud y regeneración del tejido social». Malos tratos Cardenal también quiso resaltar el aumento experimentado en 1998 en las causas seguidas por delito de aborto (52,38%), lesiones (8,28%), detenciones ilegales y amenazas contra las personas (4,65%), delitos contra la Constitución (6,36%), delitos contra el orden público (1,48%) y delitos contra el honor (1,11%). El fiscal general destacó el esfuerzo de la fiscalía en defensa de la mujer y de los niños maltratados en el ámbito doméstico, y explicó que se han centrado en la adopción de medidas cautelares eficaces para prevenir las agresiones. Asimismo, el Ministerio Público se ha impuesto una interpretación de las leyes que favorezca los intereses de las víctimas de los delitos dolosos violentos.

Sección: Deportes Publicado el día: 22/6/99

Una ex campeona olímpica rusa dice que fue «esclava sexual» de su entrenador

Korbut denuncia más abusos a otras jóvenes

La ex campeona olímpica rusa de gimnasia Olga Korbut ha desvelado que cuando tenía quince años era «esclava sexual» de su entrenador, Renald Knysh, y que otras deportistas de la escuela soviética eran obligadas a mantener relaciones sexuales.

EFE Moscú

La campeona olímpica rusa de gimnasia Olga Korbut ha revelado que fue «esclava sexual» de su entrenador, Renald Knysh, y que muchas otras gimnastas de la escuela soviética eran obligadas a mantener relaciones sexuales con sus preparadores. Korbut, quien a los quince años, en 1972, obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Múnich, prepara actualmente la publicación de sus memorias, que contienen sórdidas páginas sobre la cara oculta del deporte soviético. «La verdad es que muchas gimnastas eran no sólo “máquinas deportivas”, sino también esclavas sexuales de sus entrenadores. Yo fui una de ellas», declaró la campeona olímpica en una entrevista concedida al diario Komsomólskaya Pravda. Korbut asegura que Knysh entrenaba no sólo gimnastas, sino «doncellas para su servicio personal». «El “proceso de preparación”, en su opinión —de Knysh— concluyó poco antes de los Juegos Olímpicos de 1972, cuando vino a mi cuarto con una botella de coñac y me obligó a beber varias copas. Lo que ocurrió después son recuerdos terribles que me acompañaron durante largos años», cuenta. A los quince años Entonces Korbut tenía sólo quince años y, según sus propias palabras, «dependía terriblemente del entrenador», al que también temía. «Temía que si la verdad salía a la luz ésta me aplastaría. Le temía al propio Knysh. Me golpeó varias veces. Llegaba a casa con moratones y tenía que mentir y decir que eran producto de caídas en los entrenamientos», añade. Según la campeona olímpica, años después el que fue su entrenador fue procesado por violación, pero el caso fue cerrado por «falta de pruebas». Otros casos Los escándalos sexuales en el deporte no desaparecieron con la desintegración de la Unión Soviética: el año pasado fue destituido el entrenador del equipo femenino de baloncesto Samara-Básquet, Leonid Okuniev, de 62 años, acusado de acoso sexual. Durante diez años, Okuniev acosó a sus pupilas, a las que prometía ayudarlas en su carrera deportiva a cambio de favores sexuales. «Todo empezó cuando comencé a jugar bien. Te pondré en el equipo titular si tenemos relaciones sexuales», me propuso (Okuniev) y luego agregó: «Es mejor para el equipo, para una mayor compenetración», relató una de las jugadoras del Samara-Básquet, equipo de primera división. En 1995, las jugadoras presentaron una denuncia colectiva contra su entrenador, que no prosperó.

Sección: Nacional Publicado el día: 5/5/99

CiU propone que se endurezca la tipificación penal de los delitos sexuales

Servimedia Madrid

El grupo de CiU del Congreso presentó ayer una proposición de ley para modificar el Código Penal en materia de delitos sexuales, de manera que la introducción de «órganos como los dedos» por vía vaginal o anal se penalice con la misma dureza que la introducción de objetos. Esta modificación pretende atajar la interpretación «tan estricta y apartada de lo que el legislador pretendía» que ha quedado de manifiesto en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que redujo la condena a un hombre que abusó sexualmente de sus hijas con los dedos. CiU propone la modificación de los artículos 179, 182.1 y 183.2, que establecen que, dentro de los abusos sexuales en los que no media violencia o intimidación, se agraven especialmente las penas «cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal» que se produzca con «objetos» por alguna de las dos primeras vías. Esta redacción no contempla el uso de los dedos o la lengua, lo que bajo una interpretación estricta lleva a considerar que no existe violación. Los nacionalistas catalanes defienden las reformas necesarias para que la violación a través de la introducción de órganos tenga la misma consideración penal que la realizada con objetos.

Sección: Sucesos Publicado el día: 16/4/99

Detienen a once menores por la agresión sexual a una chica de 13 años

EUROPA PRESS Soria/Barcelona

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron ayer a un grupo de once menores, de entre 13 y 15 años de edad, que presuntamente abusaron sexualmente de una niña de trece años, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Soria. Los arrestos se produjeron en la mañana de ayer, después de la denuncia presentada el miércoles por una vecina del municipio soriano de Covaleda, en la que reflejaba las presuntas agresiones sexuales sufridas por su hija de 13 años. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la fiscalía de menores y del juzgado de instrucción de guardia de Soria. Los detenidos fueron interrogados por la fiscalía de menores con la presencia de sus padres y de un abogado de oficio. Un violador de permiso Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido a un recluso de la cárcel Modelo de Barcelona acusado de agredir sexualmente a tres jóvenes mientras se encontraba en la calle disfrutando del tercer grado penitenciario. Pedro S. R., de 26 años y vecino de Tordera, no había vuelto el pasado 27 de febrero a la prisión, donde sólo acudía a dormir, ya que disfrutaba del tercer grado penitenciario. Además de las violaciones le imputan dos atracos, en uno de los cuales iba armado con una catana japonesa.

Sección: Ultima Publicado el día: 1/3/99

Valencia es la autonomía con más delitos sexuales resueltos

Es la cuarta en índices de delincuencia

EFE madrid

La policía y la Guardia Civil esclarecieron, durante el pasado año, 251.000 de los 917.000 delitos que investigaron, lo que representa un 27,37% del total. Las comunidades autónomas donde se registraron los mayores índices de delincuencia fueron: Andalucía, con 184.000 delitos conocidos; Madrid (178.000); Cataluña (154.000); Comunidad Valenciana (124.000) y Canarias (59.000). También en estas comunidades se dio el mayor índice de delitos esclarecidos: 51.600 en Andalucía; 43.000 en Cataluña; 31.500 en Madrid; 30.000 en la Comunidad Valenciana y 19.000 en Canarias. En el capítulo de las agresiones sexuales, la Comunidad Valenciana registró el mayor índice de esclarecimientos, 631 de las 815 conocidas, lo que supone un 77,4%; seguida de Canarias, donde se resolvió un 75,5% de estos casos. Los índices más bajos de delincuencia se registraron, además de en el País Vasco —con menor presencia de la Guardia Civil y la policía—, en Ceuta y Melilla, La Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura. El porcentaje más alto de delitos esclarecidos (95%) correspondió a los cometidos contra la administración de justicia —prevaricación, encubrimiento, fugas de cárcel—, seguido de los delitos contra el orden público (93,17%) y la seguridad colectiva, como incendios.

Sección: Comunidad Publicado el día: 22/12/98

Justicia creará un registro de vestigios biológicos y ADN para saber si un agresor sexual cometió otros delitos

Velasco presenta un plan de 41 medidas de mejora «urbana» para órganos de Castellón, Alicante, Elx y Valencia

LARA RIPOLL Valencia

La Generalitat Valenciana tiene previsto crear un registro de muestras de ADN y de vestigios biológicos —restos de sangre, semen, saliva, pelos, etcétera—, que estén relacionados con una agresión sexual, con el fin de conocer si un acusado por un delito de estas características ya tuvo alguna presunta vinculación a un hecho similar con anterioridad a esa detención. Esos marcadores genéticos estarán almacenados en el futuro Instituto de Medicina Legal de Valencia, que comenzará a funcionar en enero al igual que los de Castellón y Alicante, y ante un caso de violación, por ejemplo, se contrastarán con el ADN del presunto autor del delito, lo que posibilitará «una mayor eficacia en la lucha contra la violencia sexual». Así lo anunció ayer el subsecretario de Justicia, Eloy Velasco, durante la presentación pública del que ha bautizado como Plan de Mejora de la Justicia Urbana, un programa que recoge 41 medidas de actuación para desarrollar a lo largo de 1999 en sedes judiciales de Castellón, Alicante, Elx y Valencia. Aunque Velasco aseguró que cada una de esas iniciativas está «perfectamente presupuestada» en la relación de inversiones del próximo ejercicio —unos 2.000 millones—, preguntado por la cifra económica que ello supondrá dijo, sin embargo, que «no tiene una cuantificación global (…) para evitar que el político hable de tantos o cuantos millones». Según explicó, el coste económico de las medidas se ha introducido en la partida del proyecto del que depende y puso de ejemplo los cerca de 40 millones de pesetas para la implantación de programas informáticos específicos y propios de cada jurisdicción, que saldrán del dinero destinado a la informatización. A este respecto, el nuevo plan recoge también la conexión informática por correo electrónico entre los juzgados y los órganos con los que tienen relación: centros penitenciarios, jefaturas de policía, Hacienda, entre otros. Asimismo, en Valencia se iniciará una experiencia piloto con el Colegio de Procuradores para que las notificaciones y entregas de escritos se hagan por medio del correo electrónico, sin tener que ir físicamente a los juzgados. Además de estas actuaciones, el proyecto elaborado por Velasco incluye potenciar el uso de la lengua autóctona en las dependencias judiciales, la enseñanza del Derecho Civil Valenciano y la mejora de la accesibilidad a los palacios de justicia de las personas con minusvalías. De igual forma, se estudiará cómo actualizar la interpretación de las normas de expurgo para racionalizar los archivos de expedientes y piezas de convicción; se incrementarán las medidas de seguridad laboral en las grandes sedes judiciales; y se llevarán a cabo programas de acompañamiento a juicio de las víctimas del delito. El plan de mejora, por último, continuará en la línea de «paulatina implantación de más juzgados de nueva creación en función de la demanda ciudadana que reflejen las estadísticas y las reformas legislativas».

Sección: Comunidad Publicado el día: 26/11/98

«El violador es mentalmente sano y se mueve por afán de dominio y no por deseo sexual»

Una inspectora de policía compone el perfil del agresor sexual y de su conducta habitual

Actúa solo, casi siempre de noche, su lugar preferido son los portales, es rápido y su principal arma son las manos. Procede de la clase media, suele estar soltero, tiene estudios y, casi siempre, un trabajo cualificado. Es el perfil del agresor sexual que ayer trazó la psicóloga e inspectora de la policía nacional Gloria Acín a través del análisis de los 92 casos de esta naturaleza que se registraron el año pasado en Valencia. Destacó el caso de un hombre que ejecutó 13 agresiones entre enero y octubre.

ALFONS GARCIA. Valencia

«El violador es el producto imperdonable de una cultura que transmite la falsa idea de que la personalidad masculina ha de ir unida a la virilidad.» Y a lo que ella implica: poder, dominio, violencia… Gloria Acín, inspectora del grupo de homicidios y agresiones sexuales en la jefatura de Valencia de la policía nacional, cerró con esta descripción el recorrido que trazó por los rasgos habituales de este sujeto delictivo. La psicóloga presentó ayer en las jornadas La violencia de género en la sociedad actual el estudio elaborado por su unidad durante el año pasado, los datos del cual llevan a concluir que el violador «no busca satisfacer sus necesidades sexuales; no es un perturbado, está mentalmente sano; está integrado social y laboralmente, y su motivación es el afán de dominio de la mujer». En 1997 se produjeron 92 delitos contra la libertad sexual en la ciudad de Valencia, de los que 29 fueron violaciones (con penetración vaginal, anal o bucal), 59 se tipificaron como agresiones sexuales y 4 como abusos. No hubo ninguna denuncia por acoso. De los 92 casos, 51 fueron esclarecidos y se produjeron 43 detenciones. Entre ellas, la de un agresor en serie que fue el autor de trece delitos. El lugar más habitual donde se registran las agresiones es el portal de la casa de la víctima. Le sigue el interior del domicilio y la vía pública. «Hubo un caso de una violación consumada que se produjo entre dos coches en una calle céntrica», explicó la inspectora de policía. Las horas preferidas son las nocturnas: de 10 de la noche a 7 de la mañana. Entre las 15 y las 20 horas es, por contra, cuando menos agresiones sexuales se producen. Los meses más peligrosos son los de verano, aunque el año anterior fueron septiembre y octubre por la incidencia, dijo Acín, del agresor en serie. Suele actuar solo y sin armas La duración normal de estos delitos va de 15 a 30 minutos desde el contacto inicial hasta la huida del autor de los hechos. En cerca del 90% de los casos se trata sólo de una persona, cuya principal arma son las manos, seguida de las armas blancas y, en muy pocas ocasiones (4 denuncias), las de fuego. El violador suele ser además desconocido (60% de los casos) y actúa de manera planificada (80%). En la mayoría de agresiones, la víctima no sufre lesiones físicas (55%) o éstas son leves (35%). Otro rasgo que la experta recalcó es que casi ningún violador besa en la boca. La mujer suele denunciar enseguida los hechos: en 68 casos lo hizo en la hora posterior a padecer la agresión. De los 43 detenidos, el 78% tenía entre 19 y 35 años; el 65% eran solteros, y el 5%, separados; el 80% eran de extracción social media-baja, y el 5%, media-alta; el 50% tenía trabajo cualificado y el 85% poseía estudios primarios o secundarios. Del total, 36 eran españoles. El 80% declaró que habían cometido la agresión porque ellas estaban solas e indefensas.

Sección: Sucesos Publicado el día: 16/10/98

La policía detiene a un separado acusado de agredir sexualmente a su hija en Valencia

T. DomÍnguez/Y. Laguna. Valencia

La policía arrestó ayer en Valencia a un hombre acusado de haber agredido sexualmente a su hija cuando ésta contaba menos de nueve años y aprovechando el régimen de visitas fijado por el juez que sentenció la separación del matrimonio, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes próximas a la víctima. El acusado fue denunciado por su ex mujer el pasado 20 de septiembre, pero la detención, realizada por agentes del Grupo de Menores, no se practicó hasta que se recibió un informe psicológico encargado a una institución especializada en la detección de abusos a menores. Los hechos denunciados se remontan a hace varios años. Los padres de la víctima se separaron hace siete años, cuando la pequeña tenía cuatro. Desde el primero momento, la menor quedó bajo la custodia de su madre, pero el juez fijó el habitual régimen de visitas. Cuando la niña alcanzó los nueve años de edad, siempre según la denuncia interpuesta ahora, la menor se negó en redondo a regresar con su padre, si bien parece que no explicó los motivos. Aún así, se suspendió las visitas. Dado el anormal comportamiento de la chica, su madre decidió ponerla en manos de un especialista. Después de dos años de tratamiento, la niña relató al psicólogo los supuestos abusos a que la había sometido su padre, lo que empujó a la madre a denunciar los hechos. El acusado pasó ayer por la mañana a disposición del juez de instrucción de Valencia que recibió en su día la denuncia. Abusos a los cuatro años Por otra parte, la Audiencia de Valencia celebró ayer el juicio contra Juan Manuel F. L., acusado de abusar de su hija, cuando ésta tenía cuatro años. La fiscalía sostiene que los supuestos abusos se produjeron en diciembre de 1996 y consistieron en tocamientos a la niña en sus genitales. Asimismo, Juan Manuel presuntamente exigió a su hija que le cogiera el pene y le dijo que no contara nada «o la mataba». El acusado negó ayer los hechos. Su relato provocó una reacción de sorpresa en la sala, ya que al preguntarle cuál era su trabajo, contestó que era agente del Cesid. Una testigo declaró que el acusado, quien padece una esquizofrenia paranoide con delirios de persecución y grandeza, le dijo que era «un nieto perdido de Franco». Respecto a la credibilidad del relato de la niña, el tribunal escuchó dos informes contradictorios. La psicóloga de la Clínica Forense explicó que el testimonio de la pequeña «no se puede considerar veraz» y añadió que no aportó dato alguno que corroborara la existencia de abusos y se mostró natural. Sin embargo, una psicóloga de un servicio público, que trató a la niña, insistió en que ésta presentaba un «bloqueo» absoluto respecto de su padre, del que no quería hablar y que, poco a poco, le fue dando referencias sexuales compatibles con la existencia de una agresión. El juicio se aplazó ante la incomparecencia de la madre, que sufre una minusvalía.

Sección: Castellon Publicado el día: 16/10/98

Los profesionales de la Justicia discrepan sobre cómo acabar con la violencia sexual

TXEMA RODRÍGUEZ. Castellon.

Sección: Sucesos Publicado el día: 16/9/98

Los homicidios aumentaron un 34,48% en Valencia y se denunciaron 445 delitos sexuales

La memoria de la Fiscalía General de 1997 revela un incremento del consumo de drogas

La memoria de la Fiscalía General del Estado revela que el número el número de homicidios cometidos en Valencia ciudad aumentó un 34,48% en 1997. Sin embargo, en los municipios valencianos las muertes violentas descendieron un 35,48%. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, el año pasado se denunciaron 445 casos. La estadística pone de manifiesto, además, un aumento del consumo de drogas, sobre todo de diseño y entre jóvenes, en la Comunidad Valenciana.

EFE madrid

El consumo de drogas de diseño, principalmente por jóvenes, y de cocaína aumentó en la Comunidad Valenciana en 1997, y disminuyó el de heroína, según recoge la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. En Valencia, las Fuerzas de Seguridad del Estado decomisaron droga por valor de 55.000 millones de pesetas, la mayor parte cocaína; 558 personas fueron puestas a disposición judicial por delitos de tráfico de drogas y 18 murieron por consumo excesivo de estupefacientes. El número de diligencias abiertas por asuntos de narcotráfico aumentó en Alicante un 6,24% respecto a 1996. De ellas, 1.038 fueron por drogas que causan grave daño a la salud y 185 por drogas que no causan grave daño. Finalmente, en Castellón se iniciaron 150 diligencias previas por este tipo de actuaciones delictivas, aunque parte fueron archivadas al tratarse de «supuestos claros de tenencia para el autoconsumo», explica el informe. En esta provincia, grupos organizados procedentes de Andalucía y Galicia, apoyados por magrebíes, introducen por el litoral importantes cantidades de hachís, mientras que «el pequeño tráfico se mantiene en niveles semejantes a los años anteriores». Respecto a otros delitos, los homicidios aumentaron un 34,48% en la ciudad de Valencia (de 19 en 1996 pasaron a 29 el año pasado), aunque disminuyeron un 35,48% en la provincia (de 31 a 20). Los delitos contra el patrimonio aumentaron en la capital el 18,12%, sobre todo los robos violentos (57,73%) y la sustracción de vehículos (36,84%), y bajaron los tirones (-38,68%) y los hurtos (-31,48%). En la provincia de Valencia, los delitos contra el patrimonio se redujeron un 4,60%, especialmente los robos violentos y los hurtos, mientras que se disparó la sustracción de vehículos. El número de delitos contra la libertad sexual en Valencia fue de 445, de los que 213 fueron abusos sexuales sin penetración; 73, exhibicionismo y provocación; y 57, acoso sexual. Alicante y Castellón El informe de la fiscalía asegura que la delincuencia aumentó un 3,26% en la provincia de Alicante en 1997, con un incremento del 30,17% de las diligencias por conducción de vehículos bajos los efectos del alcohol, y del 20,57% de los delitos contra la libertad sexual. En Castellón, el número de delitos creció un 2,6% respecto al año anterior. Según el estudio anual, los hurtos y los atracos disminuyeron «sensiblemente», aunque las sustracciones de vehículos experimentaron un alza del 17%, así como las estafas y las defraudaciones (28%), y los delitos contra la libertad sexual (12%). La memoria de la fiscalía destaca que, aunque se siguen produciendo «veredictos sorpresivos» del jurado, estos son minoritarios e incide en que los problemas interpretativos que surgieron al entrar en vigor la ley empiezan a solventarse

Sección: Sucesos Publicado el día: 18/8/98

La policía interroga a otros 6 menores por las agresiones sexuales a 4 niñas de Gandia

Los acusados también sufrieron agresiones sexuales y físicas en su entorno familiar

Seis de los menores implicados en los supuestos abusos sexuales a cuatro niñas de entre 8 y 12 años de edad cometidos hace un par de meses en una caseta de obra de Gandia prestaron ayer declaración ante la policía autonómica. Los investigadores temen que haya más víctimas de los supuestos abusos, e incluso que alguna madre esté ocultando los hechos. Asuntos Sociales cree que los supuestos autores podrían haber sido violados por sus padres o sufrir carencias afectivas.

M. P./ europa press Valencia

El grupo de menores de la policía autonómica se desplazó durante la mañana de ayer hasta la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Gandia para tomar declaración a seis de los menores implicados en los abusos sexuales a cuatro niñas que se venían cometiendo en una caseta de obra de la capital de La Safor. Según la agencia EFE, cinco de esos menores, de entre 9 y 14 años, ingresaron anoche en el centro de menores de Burjassot. Las víctimas, cuatro niñas de entre 8 y 12 años, declararon ante la unidad de menores y una de ellas confesó lo sucedido, que fue ratificado posteriormente por las otras tres. La pasada semana comenzaron a declarar los supuestos agresores y ayer los seis restantes. Uno de los menores implicados ha reconocido completamente los hechos, según informó el director general de Interior, Luis Villanueva. En un principio fueron internados en el centro de Godella tres jóvenes de 14 años, uno de 13, otro de 12 y de 11 y otro de 15, no descartando que pueda haber implicado en estos hechos un niño menor de ocho años y otro de 17. De los siete menores que fueron internados el pasado viernes en Godella, cuatro abandonaron el centro por decisión judicial porque los padres han asumido la responsabilidad de su tutela. La directora general de Servicios Sociales, María Luisa García Merita, afirmó que ahora deben ver lo que sucede con los menores y con el de menos de ocho años, que no será en ningún caso susceptible de cumplir alguna medida judicial. La directora general aseguró ayer que los menores acusados de cometer estos abusos con las niñas también han sufrido «en su entorno alguna agresión física, carencias afectivas e, incluso, algunas agresiones sexuales». Puede haber más víctimas La propia García Merita afirmó además que no se descarta que puedan aparecer más víctimas por parte de este grupo de menores. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación, la madre de una posible víctima podría estar ocultando el hecho de que su hija también se encontraba entre el grupo de niñas que frecuentaba la caseta de obra, si bien no ha formulado denuncia alguna sobre lo ocurrido. Antecedentes familiares El director general de Interior, Luis Villanueva señaló a Europa Press que ahora «tenemos que detectar si ha habido abandono por parte de la familia biológica y si tenemos que intervenir por si ha habido desamparo», indicó y afirmó que detrás de estos casos «hay casi siempre, por no decir siempre, una historia de violencia, ya que la mayoría de las veces son menores que a su vez han sido violados por los padres, o que han tenido una carencia afectiva muy fuerte». Como ya informó Levante-EMV las supuestas agresiones se cometieron en una caseta de obra de Gandia hace un par de meses y el caso se destapó por la denuncia que una de las madres formuló ante la policía judicial de Gandia. En la «cabaña que ellos mismos se adecuaron, se localizó un colchón que servía de base para cometer estos supuestos abusos así como diversas sillas», señalaron fuentes policiales.

Sección: Sucesos Publicado el día: 26/7/98

La jueza ordena la detención de un acusado de agredir sexualmente a dos menores

El agresor y las víctimas residen en un municipio de La Vall d’Albaida

Y. L. Valencia

Una jueza de Ontinyent ordenó el jueves la detención de un vecino de un municipio de La Vall d’Albaida, al que dos menores de edad habían acusado de agredirlos sexualmente, según confirmaron a Levante-EMV fuentes cercanas al caso. El acusado admitió que mantuvo relaciones sexuales con los adolescentes, pero aseguró que fueron consentidas y que, en ningún momento, empleó la fuerza o algún tipo de coacción. Los hechos fueron denunciados a finales de la semana pasada. Según las fuentes antes citadas, dos menores acudieron a dependencias de la Guardia Civil para denunciar que habían sido objeto de varias agresiones sexuales por parte de un hombre, al que identificaron plenamente. Los chicos relataron que el sospechoso los forzaba, recurriendo a la violencia física, a mantener relaciones sexuales con él. Reconocieron que, cuando acababa, a veces les entregaba algunas monedas, pero hicieron hincapié en que ellos nunca accedieron voluntariamente a las peticiones del ahora detenido. Por el momento, no ha trascendido cuándo se iniciaron los abusos, en cuántas ocasiones se produjeron y dónde. Los agentes tomaron declaración a las supuestas víctimas de las agresiones sexuales y al hombre al que habían denunciado. Tras instruir las diligencias, las remitieron al juzgado de Ontinyent que se encontraba en funciones de guardia. La jueza llamó a declarar de nuevo esta semana tanto a los dos chavales como al presunto autor de los abusos. Tras oír a ambas partes, el jueves decidió ordenar la detención e ingreso en prisión del hombre denunciado, según informaron las fuentes antes citadas. La investigación se está llevando en el más absoluto de los secretos. No ha salido a la luz ni la identidad del hombre detenido, que tiene cerca de cuarenta años, ni el municipio en el que residen éste y las víctimas. Tan sólo consta que pertenece al partido judicial de Ontinyent.

Sección: Opinion Publicado el día: 16/7/98

Sexualidad infantil

Manuel Jesús Dolz Lago. Fiscal coordinador de menores del TSJ-CV.

«En la sexualidad se condensa el gozo de la vida, la capacidad de dar y recibir placer, la posibilidad de emocionarse.» M. Pros Casas. El origen de la vida humana está en el sexo. No se comprende, salvo por razones culturales, cómo algo tan natural como es la sexualidad acabe siempre en el lado oscuro de nuestra vida. La psicología moderna cifra muchas de nuestras frustraciones en los aspectos sexuales de la personalidad (Freud). Desde el punto de vista del derecho, el libre desarrollo de la personalidad a que se refiere el artículo 10 de la Constitución, entre los derechos de la persona, enmarca lo que podría denominarse el tratamiento jurídico del sexo. A su vez, la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico es una referencia inexcusable. Los niños y adolescentes, como todos, tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad. Tienen derecho a que se respete su sexualidad. En general, las referencias públicas que tenemos sobre la sexualidad infantil, desgraciadamente, sólo suelen ser para destacar abusos o corrupción de menores. Casi nadie se ocupa del aspecto positivo de la sexualidad infantil. Hablar de sexo y menores parece tabú cuando se contempla desde la perspectiva del menor, como sujeto activo de esa sexualidad. No descubro nada nuevo si recuerdo que el ser humano, desde su nacimiento, ejerce activamente su faceta sexual. Y que algunas de las sensaciones sexuales más placenteras del recién nacido son las que se producen con motivo de su alimentación mediante la lactancia materna. Ya en la edad adulta, ciertos comportamientos sexuales se guían por estas primeras sensaciones de la infancia. Por eso, olvidar que el menor tiene y ejerce la sexualidad es ir contra natura. Partiendo de esta base, jurídicamente se debe proteger la sexualidad del menor como una faceta más de su personalidad y de su libre desarrollo. El problema surge en determinar cuándo el menor es libre para disponer de su sexualidad. Las leyes, que son abstracciones de la realidad, sólo pueden fundamentarse en la realidad. De esta forma, reconocen el libre ejercicio de la sexualidad de los menores de 18 años. Por un lado, dan autonomía al menor en la realización de los actos de su esfera personal, sin que sus representantes legales puedan suplir su voluntad. Y, por otro, limitan esa autonomía a sus condiciones de madurez. En el Código Penal se entiende que, a partir de los 12 años, el menor puede otorgar consentimiento libre para tener una relación sexual. Pero, al mismo tiempo, protege especialmente este consentimiento castigando al que para obtenerlo se prevalece de superioridad o engaño sobre el menor. A los 14 años, se puede obtener dispensa judicial para contraer matrimonio. Será, pues, una combinación de la edad y de las condiciones de madurez del menor las que nos den la pauta para conocer jurídicamente cuándo el menor es libre en el ejercicio de su sexualidad. Por eso, una adecuada educación sexual en los colegios es básica con el fin de que los menores puedan alcanzar esas condiciones de madurez que les permitan gobernarse a sí mismos, al contrario que muchos adultos, «para gozar de la vida, para dar y recibir placer y para emocionarse». Al fin y al cabo, la vida tiene que ser fiel a su origen, al menos, hasta su final.

Sección: Comunidad Publicado el día: 6/6/98

Una experta denuncia el «horror» del abuso sexual en Internet

JULIA RUIZ Valencia

Cuantificar el volumen de imágenes relacionadas con la pornografía infantil que circula por la red Internet es imposible ya que el flujo de información cambia continuamente. Es más, cada día se abusa sexualmente de más niños para introducir nuevas fotografías en la red de redes. Así lo puso de manifiesto ayer Jeanette Asliy, asesora de la Redd Barna, un centro situado en Noruega que investiga desde 1991 la pornografía infantil en medios electrónicos, quien advierte que el material que se ofrece no son sólo imágenes sino «documentos de abusos sexuales reales a niños cometidos por adultos que les dañan de la peor manera posible». Los resultados de las investigaciones realizadas desde la Redd Barna y que fueron expuestos ayer en Valencia por la experta en el seminario Rompiendo silencios que ayer se clausuró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), son escalofriantes. El contenido de las imágenes y los métodos que utilizan los usuarios para sortear la legalidad ponen en evidencia la dificultad de controlar estas prácticas hasta el punto que Jeanette Asliy llega a la conclusión de que «la batalla está perdida» si la producción, comercialización y distribución del material pornográfico infantil no se prohíbe a nivel mundial. Y es que la tecnología convierte al ciberespacio «en una selva» donde se esconden los abusos sexuales. En Japón, por ejemplo, donde la legislación es insuficiente en esta materia, la información pornográfica en las páginas web, a las que cualquier usuario puede acceder, es altísima. Es más, muchos pedófilos compran espacios en este país para depositar allí de forma legal sus bases de datos sobre pornografía infantil, algo que en su país de origen sería ilegal. Otro de las formas utilizadas por los pederastas para evitar ser descubiertos es la que se conoce como hacer autoestop, consistente en mover constantemente el material de un servidor a otro. El horror de las imágenes El material que circula por la red es muy dispar. Según relató ayer la experta noruega se ofrece desde direcciones o lugares donde practicar el turismo sexual hasta fotografías de variadas prácticas sexuales donde aparecen niños, incluso menores de dos años. Imágenes de incestos, violaciones repetidas de adultos de ambos sexos a niños forman parte también del horror que esconde Internet. Algunas de estas imágenes fueron mostradas ayer mediante transparencias en el congreso. Las prestaciones de la alta tecnología llega a límites insospechables, ya que ofrece a los usurarios la posibilidad de ver en directo espectáculos pornográficos donde pagando el servicio se puede tomar parte y solicitar a los actores un show a la carta. Los círculos de pedófilos que consumen esta información tienen además facilidades. Determinados proveedores copian las imágenes que se distribuyen entre los llamados grupos de debate. Con este material crean un servicio propio que ofrecen a los pedófilos que previo pago pueden acceder a esta pornografía sin necesidad de buscar en toda la red. El abuso sexual es, por lo tanto, un negocio con escaso riesgo. Funcionan también en los grupos de debate o chat el intercambio de fotografías y direcciones, donde también se prestan servicios para contactar con niños y adolescentes con los que se preparan citas en la vida real. «Muchos abusos han ocurrido de esta manera», explicó la experta. Además de la necesidad de una prohibición mundial de la pornografía infantil, la experta habló también de la necesidad de presionar a los proveedores de Internet para que censuren este tipo de material a los usuarios a los que dan servicio. Esta restricción se ha impuesto en países como Noruega, aunque a «mínimo que se conozca la red se puede encontrar un proveedor que te dé esta información». La Redd Barna trabaja con informadores que se infiltran en la red para destapar los círculos de pedófilos. En 1996 se creó una red de línea caliente para tomar el pulso a la pornografía infantil. Se recibieron 3.500 mensajes. A lo largo de 1998 ya han llegado 1.600.

Sección: Sucesos Publicado el día: 5/5/98

Las fiscalías actuaron en 1.133 delitos sexuales y 315 maltratos

El fiscal jefe del TSJ-CV presenta la estadística del año 1997

Las fiscalías de la Comunidad Valenciana intervinieron en 1.133 diligencias abiertas por delitos contra la libertad sexual y 315 de maltrato familiar, aunque ninguno de estos últimos recayó en la fiscalía de Valencia.

Y. LAGUNA Valencia

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV), Enrique Beltrán, hizo públicos ayer los datos estadísticos de la memoria de 1997, que ha hecho llegar al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal. Beltrán entregará el próximo miércoles a los medios de comunicación las valoraciones que, a partir de estos datos, ha incluido en su informe, aunque ayer precisó que se ha detectado un «ligero» aumento del número de delitos. Las fiscalías de Valencia, Castellón y Alicante intervinieron en un total de 1.133 diligencias previas abiertas por delitos contra la libertad sexual a lo largo del año pasado. Entre estos figuran agresiones y abusos sexuales, acoso, exhibicionismo y provocación, y prostitución. Por otra parte, en el capítulo de los delitos de lesiones, se investigaron un total de 315 casos de maltrato familiar. Todos los casos se produjeron en Alicante y Castellón. En la estadística de la fiscalía de Valencia no consta la intervención en diligencias por este delito. Probablemente se deba a que los asuntos que se dieron fueron calificados como faltas. Según el nuevo Código Penal para que los malos tratos sean considerados como un delito la agresión debe cumplir con el requisito de la habitualidad. Esto es, que se repita al menos en tres ocasiones en un plazo no superior a cinco años y el agresor haya sido condenado. De esta forma, se pueden calificar los hechos como constitutivos de un delito de lesiones tipificado en el artículo 153 de la ley penal y castigado con penas de prisión de seis meses a tres años. Por lo que respecta a los delitos contra las relaciones familiares, se produjeron 2 delitos de inducción de menores al abandono del domicilio; 1.575 de abandono de familia y 449 de impago de pensiones; se abrieron diligencias por 199 abandonos de niños, y se investigaron 12 casos de utilización de menores para mendigar. Las cifras se disparan al hablar de robos, atracos y hurtos. En total, 154.874, a los que hay que unir 16 supuestas extorsiones y 1.752 estafas. Por otra parte, se recogen dos asuntos por posibles delitos contra el mercado y los consumidores. En cuanto al tráfico de drogas, el número de diligencias previas asciende a 2.126, entre estos, 41 hacen referencia al tráfico de sustancias utilizadas para la fabricación de estupefacientes. Finalmente, las conducciones temerarias, bajo influencia del alcohol o con riesgo para terceros provocaron la apertura de 12.840 diligencias.

domingo 31 de octubre de 1999

Un asesino en serie siembra Colombia de fosas con niños violados y degollados

Un hombre de 42 años confiesa haber matado y enterrado a 140 menores en cinco años

Se hacía llamar «El loco», «Tribilín», «Conflicto» y «El cura». Tras un sinfín de rostros, Alfredo Garavito llevó su campaña de muerte por más de medio país. Al menos 114 osamentas de sus víctimas han sido ya encontradas en 59 ciudades.

FOTO
Luis Alfredo Garavito fotografiado
por la Policía tras confesar sus crímenes.

Agencias/Redacción - Bogotá/Madrid .-
El pasado jueves, a las tres de la tarde, la enorme cadena de desapariciones de niños que conmovía a Colombia desde hacía años logró romperse en el despacho de un fiscal de la ciudad deVillavicencio, próxima a Bogotá. Ante el acusador público, Luis Alfredo Garavito Cubillos, un preso de 42 años, encarcelado en abril por secuestro y violación de niños, comenzó un macabro relato en el que confesó sin titubear y a sangre fría ser el autor de la violación y muerte de 140 niños en los últimos cinco años.
    En las últimas 48 horas, su orgía criminal entre la población infantil ha aterrorizado a todo el país a medida que se han ido encontrando los restos de sus víctimas enterrados en más de la mitad del territorio colombiano. Por las osamentas halladas hasta ahora, parece que el siniestro Garavito centró su macabra actividad en los departamentos de Risalda, del que es capital Pereira; del Valle del Cauca y del Quindío, donde se han hallado las osamentas de 41, 27 y 11 de sus pequeñas víctimas, respectivamente. El fiscal general de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, afirmó que en total se han lozalizado 114 esqueletos, pero advirtió que «los casos pueden ser muchos más».
    Los cuerpos sin vida de los niños, casi todos entre 8 y 16 años, se han encontrado degollados. El criminal, primero les ataba, luego les violaba y finalmente les asesinaba, siempre con una navaja. Posteriormente, Luis Alfredo Garvito les enterraba en descampados. En ocasiones, llegaba a mutilar a sus víctimas para desahacerse de sus restos por separado.
    El asesino múltiple tenía una gran capacidad para asumir distintas personalidades y no dudaba en hacerse pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado o representante de fundaciones ficticias que trabajaban en favor de ancianos y niños. De esa forma abordaba a los menores, a los que ofrecía bebidas, comida y dinero. Una vez que conseguía su confianza, les llevaba engañados a lugares solitarios. Cuando los niños estaban agotados, se abalanzaba sobre ellos y les sometía a aberrantes prácticas sexuales.
    El descubrimiento el año pasado de los restos de 36 menores en fosas distintas, situadas en lugares urbanos de la ciudad de Pereira, fue el detonante de una oleada de denuncias de desapariciones de niños en todo el país. Al principio, las autoridades las atribuyeron a la práctica de rituales satánicos, ya que muchos de los cadáveres se encontraron decapitados. La falta de resultados en la investigación provocó ceses dentro de la Fiscalía colombiana, que entonces volcó todos sus esfuerzos en desentrañar el misterio que rodeaba a cientos de niños por todo el país.
    Las denuncias por desaparición fueron centralizadas y exáminadas una por una. Esta información fue cruzada con hallazgos de restos similares a los de Pereira en el Valle del Cauca, Armenia, Buga, Cali y otras ciudades colombianas. De esta forma, una comisión especial de la Fiscalía, instalada en Buga, descubrió que las muertes eran muy similares y por primera vez se empezó a sospechar que la autoría podía corresponder a un sólo hombre ante las evidencias mostradas en cada caso. A principios de año, esta comisión celebró una cumbre en Pereira. A la reunión se llevaban las fotografías de 95 sospechosos. Tras intercambiar numerosas información, la lista se redujo a tres. Uno de ellos era Luis Alfredo Garavito Cubillos, encarcelado en Villavicencio con el falso nombre de Bonifacio Morera Lizcano. Los investigadores comprobaron que el sospechoso había estado en los últimos cinco años en todos los lugares donde se habían registrado casos de niños desaparecidos o encontrado restos. El jueves pasado, el fiscal sólo tenía pruebas de su participación en 20 asesinatos de niños. Pero él se derrumbó y «cantó».

Una víctima de abusos «enganchada» a la muerte

Luis Alfredo Garavito Cubillos ocupa ya un lugar destacado en la galería de los mayores asesinos en serie de la historia criminal de la Humanidad. Por la selección de sus víctimas, todas menores, está considerado el mayor de los criminales en esta especialidad. Natural de Génova, población del Qundío, en el centro oeste del país, Garavito nunca llegó a superar estudios primarios y su vida siempre ha estado marcada por los abusos de que era objeto en su infancia. Los exámenes psicológicos a los que ha sido sometido en la cácel han concluido en que el asesino multiple sufre trastornos mentales severos, originados por una infancia siniestra. La víctima de aquellos abusos ha pasado a ser verdugo y ha dedicado cinco años, no sólo a superar con creces lo que él mismo sufrió, sino que ha ido perfecionandose a través de sus crímenes. De esta forma, y como ocurre en los casos de asesinos en serie, Garavito se enganchó a la muerte como los yonquis lo hacen con la heroína

EL PAIS

Martes 26 octubre 1999 - Nº 1271

La Junta de Andalucía recurre la petición de indulto al padre que violó a su hijo

EFE / J. L. R, Málaga / Córdoba
El consejero andaluz de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, anunció ayer que la Junta recurrirá la sentencia de la Audiencia de Córdoba que propone el indulto para un padre al que se condena a siete años de prisión por agredir sexualmente a su hijo de cuatro años. La sentencia considera probado que el padre penetró analmente al menor y que le causó desgarros que le obligaron a acudir a un médico, aunque el tribunal señala que la pena no sólo repercutiría negativamente en el acusado, sino también en su familia, que se vería privada de la única fuente de sustento.

Pérez Saldaña manifestó en Málaga que la sentencia es "una absoluta aberración" y opinó que "no es lógico ni racional" que se proponga el indulto para el procesado, cuando se reconoce que los hechos "fueron reales".

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para defender los intereses del menor", dijo Pérez Saldaña, que añadió que el indulto crearía "un grave precedente jurídico que iría en contra del bien a proteger, que no es el padre, sino el niño".

El consejero invitó a los jueces a que reflexionen "seriamente" sobre las repercusiones sociales que tienen este tipo de decisiones, que crean "intranquilidad" en la sociedad. Según Pérez Saldaña, el mecanismo judicial que podría evitar al padre cumplir una condena de siete años de cárcel es "perverso" y la sentencia es "absolutamente injusta".

"Un menor ha sido violado y la sentencia así lo reconoce", subrayó el titular de Asuntos Sociales, que sostuvo que el Estado no puede renunciar a su cumplimiento "ni siquiera en aras de la convivencia familiar".

Decisión unánime

Mientras, el magistrado ponente de la sentencia, Antonio Puebla, señaló ayer que "hay que conocer las situaciones concretas y específicas" del caso para entender "la decisión colegiada unánime" del tribunal. Puebla se mostró sorprendido de que la sentencia haya salido ahora a la luz, pues fue dictada en junio y en estos momentos está recurrida ante el Tribunal Supremo, con lo que no se ha iniciado aún el trámite del indulto para el condenado, Francisco G.M., vecino de Guadalcázar (Córdoba).

El magistrado, que admitió las críticas que puedan surgir, recomendó leer la sentencia antes de pronunciarse sobre ella. "Había que haber estado en el juicio y conocer las situaciones concretas y específicas", dijo.

En la sentencia, el tribunal reconoce la existencia del delito de agresión sexual del padre a su hijo cuando ambos se duchaban, pero añade que las relaciones entre el procesado y su familia son "inmejorables", ya que, "conociendo la verdad, han perdonado y preferido ignorar el suceso en aras de mantener esa buena armonía familiar". La sala considera que la pena que ha de imponer no satisfaría en su plenitud los intereses de la justicia material, por lo que "estima procedente" proponer el indulto.

OPINION

EL MUNDO Domingo, 31 de octubre de 1999

En la red

CRISTINA GARAIZABAL

Indignación

¿Indultaría al padre condenado por violación?

La demanda de indulto para un acusado de haber agredido sexualmente a su hijo y condenado por tal hecho a siete años de cárcel, no puede por menos que despertar la indignación, más si tenemos en cuenta los argumentos esgrimidos por el juez Juan Ramón Berdugo.

Los hechos, probados y reconocidos en la misma sentencia, no dejan lugar a dudas: el niño de cuatro años sufrió una violación por su padre, violación que produjo lesiones físicas de tal importancia como para que tuviera que ser llevado al médico. Lo que parece increíble es que a estas alturas, en las que tanto se habla de los derechos y de la protección de la infancia, el juez se atreva a pedir el indulto contrapartida, sin demanda de tratamiento psicológico para tratar de limitar o erradicar abusos posteriores.

Los argumentos son, además, patéticos y responden a las más rancias ideas sobre la familia y el papel del padre en ella. Su preocupación inicial de que «una pena represora no serviría de nada ni beneficiaría a nadie» es compartida por mí, no sólo en este caso sino en general. Pero lo que hay que hacer es buscar tratamientos alternativos, que reduzcan las posibilidades de reincidencia y que protejan eficazmente a las víctimas de estos delitos.

Las razones aducidas para la petición de indulto son fundamentalmente que «el hecho no ha tenido repercusión social», que el inculpado tiene «una conducta intachable con sus vecinos y allegados», «la armonía familiar y el hecho de que del acusado depende económicamente la familia».

El argumento de la repercusión social me parece insólito, pues delitos de menor repercusión que éste, por ejemplo, los que cometen raterillos de barrio, son castigados duramente mientras que ladrones de guante blanco, que nos han robado a todos, consiguen indultos y prebendas si es que son juzgados, pues la mayoría siguen sueltos. Por otro lado, aludir a su conducta intachable como ciudadano me parece el colmo del cinismo. Está perfectamente demostrado que los agresores no son necesariamente seres marginales y asociales. Por el contrario, muchos de ellos son ciudadanos de pro, lo cual ni quita ni pone a su agresión, aunque obviamente parece que la policía y los jueces están más prestos a juzgar a cualquier pobre marginado que a todo un señor. La supuesta armonía familiar y lo querido que es el padre no dejan de ser intuiciones del juez, en absoluto avaladas por expertos, y basadas más en su particular forma idílica de concebir la familia que en pruebas concretas.

En resumen, una petición judicial incomprensible que está despertando todo tipo de reacciones y que, lo que es más grave, deja al niño completamente desasistido e indefenso ante nuevas agresiones.

Cristina Garaizabal es psicóloga clínica.

SOCIEDAD

EL MUNDO Lunes, 25 de octubre de 1999

SENTENCIA / EL MISMO JUEZ LO CONDENA A SIETE AÑOS DE PRISION POR ESE DELITO

La Audiencia de Córdoba propone el indulto para un padre que violó a su hijo

El tribunal considera la armonía familiar más importante que la agresión

Convencimiento

La agresión a la niña tuvo lugar en un palomar que tiene el acusado en Abrucena, municipio donde la familia de la pequeña solía pasar los fines de semana.

SOCIEDAD

EL MUNDO Martes, 26 de octubre de 1999

«¿Qué sentido tiene que el padre ingrese en prisión y cumpla siete años de cárcel?»

Habla el juez de Córdoba que pide el indulto para el hombre que violó a su hijo de cuatro años

SILVIA MORENO

No obstante, Berdugo subrayó que la versión del padre, tras las pruebas médicas practicadas, «es totalmente irreal e imposible de creer».

La propia sentencia recoge que Francisco G.M. es «de intachable conducta, gozando del afecto y consideración por parte de sus convecinos, así como del cariño de su esposa e hijos».

No hubo denuncia familiar. Fue el médico que atendió al pequeño quien dio parte al juzgado.

La Junta de Andalucía recurrirá la sentencia

MADRID

EL MUNDO Martes, 9 de noviembre de 1999

SUCESOS

Detenido un agresor sexual de menores buscado desde 1997

LORENZO MARINA

MADRID.- Agentes de la Comisaría de Puente de Vallecas detuvieron el pasado sábado a un hombre buscado desde 1997 por dos agresiones sexuales y cuatro abusos de seis menores de Coslada y Alcalá de Henares. Cinco de sus víctimas eran niñas, con edades entre los ocho y los 10 años, y un niño de 11 años.

Diómedes Augusto A.T., de 36 años y nacionalidad peruana, decía trabajar en televisión y ofrecía a los menores participar en un programa para captar su confianza. El último de los delitos tuvo lugar el 21 de septiembre de 1997. Diómedes fue sorprendido por el padre de la pequeña y se dio a la fuga en su automóvil.

Los agentes de la Comisaría de Coslada-San Fernando localizaron el vehículo y dieron con la identidad del agresor. Hasta hace unos días no se supo nada de él. Diómedes, fichado en 1995 por un delito de agresión sexual en Tenerife, fue detenido en el hospital Gregorio Marañón cuando iba a visitar a un familiar directo allí ingresado. Previamente, la policía había establecido un dispositivo de vigilancia especial.

SOCIEDAD

EL MUNDO Miércoles, 10 de noviembre de 1999

Niños y adultos en el mismo registro

CRISTINA FRADE

Corresponsal

LONDRES.- En Gran Bretaña, una condena por un delito sexual lleva aparejada la inscripción automática en un registro y así es como el nombre de una niña de 12 años figura, desde esta semana, junto a los de peligrosos adultos en el listado de Inglaterra y Gales.

La chica, que no puede ser identificada por razones legales, se declaró culpable de tres cargos de asalto indecente contra tres niños de cuatro, cinco y seis años y de incitar a otra menor. Un juez de Manchester la condenó a ser vigilada durante los próximos 12 meses.

El registro de delincuentes sexuales fue establecido en septiembre de 1997 por una ley que obliga a todos los convictos a notificar a la policía su paradero y cualquier cambio de domicilio. A la luz de la experiencia de Estados Unidos, no se espera que el listado sirva para reducir sustancialmente el número de delitos, pero sí puede ayudar a las autoridades a esclarecer este tipo de crímenes, al tener localizados a los posibles sospechosos. La no inscripción está castigada con multas de hasta más de un millón de pesetas e, incluso, con la privación de libertad. El periodo durante el cual el convicto permanece fichado depende de la gravedad de su delito: desde cinco años, si la pena no fue de cárcel, hasta de por vida, si recibió una pena de prisión superior a los 30 meses.

Diversas organizaciones de protección de la infancia han criticado la inclusión de menores en el listado, alegando que sólo sirve para estigmatizarlos. Señalan que la mayoría de los niños que cometen delitos sexuales han sido, a su vez, víctimas de abusos y que es en el tratamiento donde deberían centrarse los esfuerzos. Un niño de 11 años es la persona más joven inscrita en el registro de Escocia.

SOCIEDAD

EL MUNDO Martes, 9 de noviembre de 1999

SUCESOS / LA PEQUEÑA SE DECLARO CULPABLE DE CINCO ASALTOS INDECENTES

Una niña de 12 años, fichada en el registro policial de delincuentes sexuales de Inglaterra

MANCHESTER.- El nombre de una niña de 12 años está, desde ayer, en el registro británico de delincuentes sexuales.

La pequeña fue declarada culpable por un tribunal de Manchester, localidad al noroeste de Inglaterra, de cinco delitos de ataque indecente cometidos en el verano de 1998. Tres de los ataques tuvieron como víctimas a niños de 4,5 y seis años.

Además, la jovencísima delincuente sexual admitió haber incitado en dos ocasiones a otra niña de menos de 14 años a cometer actos indecentes. «Normalmente los que comparecen ante este tribunal son adultos, pero a veces son niños los que abusan de otros niños», le dijo ayer el juez Adrian Smith a la pequeña tras dictar sentencia: tener a la cría en supervisión durante 12 meses e inscribir su nombre en la lista de negra de agresores sexuales.

«La diferencia de edad entre tú y esos niños era muy grande», la soltó el juez. «Ellos te mirarían y te verían como una niña grande y eso es importante, porque el motivo por el que los tribunales se toman estas cosas muy en serio es porque este tipo de comportamientos son muy, muy nocivos para los niños pequeños».

En febrero pasado, un niño de 11 años fue declarado culpable de haber acosado a una compañera de clase y también fue fichado en el registro de delincuentes sexuales de la policía. Así lo decidió la Justicia británica.

Los magistrados decidieron que el nombre de este pequeño apareciera, durante dos años y medio, en el fichero en el que normalmente se incluyen los pedófilos. Asimismo, lo jueces ordenaron que el niño pasará los tres próximos años bajo control policial.

La Sociedad Nacional de Prevención de la Crueldad contra los Niños criticó ayer abiertamente la inclusión de menores en el registro de delincuentes sexuales.

«La mayoría de los niños que abusa de otros niños han sido ellos mismos víctimas de agresiones sexuales», aseguraba un portavoz de esta organización en declaraciones a la cadena pública BBC.

SOCIEDAD

EL MUNO Miércoles, 10 de noviembre de 1999

ESTADOS UNIDOS / TRIBUNALES

El niño de 11 años acusado de incesto se declara inocente

En la primera vista oral le encadenaron los pies para que se estuviera quieto

CARLOS FRESNEDA

Corresponsal

NUEVA YORK.- Raoul, el niño de 11 años acusado de incesto por bajarle los pantalones a su hermana pequeña, se ha declarado inocente y será juzgado antes de 60 días, de acuerdo con las implacables leyes de Colorado. Sus padres, forzados a salir de Estados Unidos por miedo a perder la custodia de sus otros tres hijos, no pudieron arropar al pequeño. Ejerció de padrino en la vista oral el cónsul honorario de Suiza, Walter Wyss, que le trajo al chaval una hamburguesa y patatas fritas para matar el hambre y el tedio judicial.

El caso de Raoul ha creado una conmoción nacional en Suiza, el país natal de su padre. El niño fue detenido en agosto, tres meses después de que lo denunciara una vecina que lo vio «toquetear» a su hermana de cinco años mientras jugaban en el jardín de su casa, en las afueras de Denver.

La niña estaba desnuda y el hermano mayor tenía los pantalones bajados. Los padres alegan que el chaval estaba ayudando a orinar a su hermana. La vecina insistió en que la propia niña le había confesado que su hermano abusó de ella en varias ocasiones anteriores. El caso llegó a los asistentes sociales, que entrevistaron a la familia y decidieron elevar finalmente la denuncia a la policía.

Esposado en plena noche

Sin previo aviso, los agentes irrumpieron en el domicilio familiar en plena noche, sacaron al niño de la cama y se lo llevaron esposado. Raoul ingresó en una cárcel juvenil; sus padres, que no acababan de creerse lo ocurrido, pidieron ayuda a las autoridades suizas.

Ajenos a las protestas internacionales, y en riguroso cumplimiento de las leyes del estado de Denver -donde la edad penal se ha rebajado hasta los 11 años-, Raoul compareció en la primera vista oral con unas argollas en los pies, como si fuera un preso peligroso. Las autoridades alegaron que era la única manera de que el niño, diagnosticado como hiperactivo, se estuviera quieto en el banquillo.

«Mi cliente está abrumado por todo lo que está ocurriendo», alegó su abogado, Arnold Wegher, en la última vista oral, el pasado lunes. «Tanto él como sus padres, que no han podido verlo desde hace tres meses, están deseando que se acabe esta pesadilla».

«Mi cliente se declara inocente y rechaza todos los cargos contra él», declaró Wegher, que denunció lo inhumano del procedimiento: por decisión judicial, Raoul no ha podido ser puesto en libertad bajo fianza. «No hay ninguna evidencia física de que mi cliente abusara físicamente de su hermana, y la acusación reposa únicamente en la declaración de una vecina».

Wegher desestimó una oferta de la Fiscalía del condado de Jefferson: si Raoul se declaraba culpable de abuso sexual e incesto, podría ser puesto en libertad para seguir un tratamiento en Suiza.

La segunda vista oral se celebró a puerta cerrada, sin testigos ni periodistas. La única persona de confianza a la que se permitió el paso fue el cónsul honorario suizo, Walter Myss, con quien el pequeño Raoul ha entablado una estrecha amistad en los últimos meses.

Las presiones del Gobierno suizo han servido, al menos, para sacar a Raoul de la cárcel de menores donde pasó las dos primeras semanas. El niño consume ahora sus días en un centro para huérfanos, bajo vigilancia policial y la supervisión de un psicólogo.

OPINION

EL MUNDO Sábado, 20 de noviembre de 1999

EDITORIAL

LA INFANCIA INFELIZ

Niños soldados, niños explotados, niños enfermos, niños ejecutados... Diez años después de que se aprobara la Convención de los Derechos del niño la lista de abusos contra la infancia es aún interminable. Cada año mueren 12 millones de menores por un sarampión o una diarrea, 250 millones se ven obligados a trabajar, a menudo en condiciones peligrosas para su salud, como los 60 millones que son explotados sexualmente. Este tipo de abusos prolifera en los países pobres y subdesarrollados, en los que los niños -y especialmente las niñas- son las víctimas más vulnerables de una organización social injusta. Esta se mantiene, en parte, con la connivencia de algunas multinacionales que adoptan en el Tercer Mundo prácticas laborales intolerables en sus países.

Pero otra nueva forma de desprotección emerge en las naciones desarrolladas: la ejercida por los propios estados. El año pasado fueron ejecutadas 19 personas por delitos cometidos siendo menores. En EEUU otros 65 esperaban su ejecución.

Los derechos humanos de los niños deben ser una prioridad de todos los países, no sólo porque son un grupo social muy desprotegido, sino también porque invertir en su protección es garantizar la prosperidad futura.

SOCIEDAD

EL MUNDO Viernes, 12 de noviembre de 1999

El juez decreta la libertad del niño suizo de 11 años acusado de incesto en EEUU

CARLOS FRESNEDA

Corresponsal

NUEVA YORK.- Raoul, el niño suizo de 11 años acusado de cometer incesto con su hermana pequeña, fue puesto ayer en libertad después de 72 días en manos de la implacable Justicia americana. El chaval partió al encuentro de sus padres, obligados a exiliarse en Berna por miedo a perder la custodia de sus otros tres hijos. Su liberación fue celebrada por el Gobierno suizo, cuyas gestiones fueron decisivas para poner fin a esta pesadilla.

El juez James Zimmerman dio por zanjado el asunto a última hora del miércoles. A su entender, Raoul merece la libertad por los abusos cometidos por las autoridades de Colorado (se lo llevaron esposado y lo tuvieron varias semanas en una cárcel juvenil) y por habérsele negado el derecho a un juicio rápido al cabo de 60 días de su detención.

Desde Suiza, la familia de Raoul ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el sheriff local por difamación (hizo circular que los padres comercializaban vídeos pornográficos con menores). «Estamos locos de alegría, pero también muy preocupados por el futuro de nuestro hijo», declaró el padre al diario Blick. «El niño ha sufrido mucho y el trauma le puede durar toda la vida. Es increíble que en un país democrático se pueda tratar a niños inocentes como si fueran asesinos».

Raoul fue denunciado el pasado mes de mayo por una vecina que le vio «toquetear» a su hermana. Una noche, la policía irrumpió en el domicilio y se lo llevó esposado. En Colorado, la edad penal es de 11 años, por lo que Raoul ingresó en una prisión juvenil.

En la primera vista oral, compareció con unos grilletes en las piernas. La juez que instruyó el caso negó la posibilidad de que saliera bajo fianza. El magistrado James Zimmerman puso fin ayer a la aberrante historia (increíblemente ignorada por la prensa americana). Sin prejuzgar si hubo o no hubo incesto, Zimmerman estipuló que el chaval ya ha tenido suficiente castigo.

MADRID

EL MUNDO Viernes, 5 de noviembre de 1999

VIOLENCIA

Cada día se denuncia una agresión sexual a un niño

RAFAEL JOSE ALVAREZ

MADRID.- Cada día se denuncia en Madrid una agresión sexual a un menor. La cifra revela pesadillas como la de D. (seis años) o la de F. (ocho).

La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales informó ayer de que en 1998 se produjeron en Madrid 1.184 denuncias por agresiones sexuales a mujeres y niños, es decir, 23 a la semana. El 36% de esos delitos lo sufrieron los menores de edad, o sea, ocho cada semana, algo más de un niño al día. Los datos de este año llevan el mismo camino.

Los números están basados en denuncias oficiales, pero la realidad es inabarcable y más abultada. Nadie sabe cuántas agresiones sexuales se producen en la actualidad, porque el miedo silencia a muchos menores y algunas complicidades familiares esconden durante años este infierno infantil.

El mapa del abuso es especialmente dañino para los niños. En el 98% de los casos, la agresión se produce en la propia casa y es cometida por un familiar directo, fundamentalmente por la figura paterna -padre o padrastro-. «Después, aparece el abuelo, los tíos, los primos y, por último, los hermanos. La proporción de víctimas es de un niño cada cuatro niñas», cuenta Soledad Galiana, psicóloga del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales de Madrid.

F. tenía cuatro años cuando J.G., un primo de su padre, empezó a abusar de ella. Cada vez que los padres se ausentaban, J.G. tumbaba a la niña en un sofá y «se desnudaba y restregaba sus genitales contra el cuerpo de la menor, normalmente boca abajo y, a veces, también le tocaba los genitales con un dedo, amenazándola con pegarla si se lo contaba a sus padres», según una sentencia del 8 de julio de 1998. La niña sufrió ese espanto durante tres años, de 1994 a 1997. J.G. fue condenado a 20 meses de cárcel y a un millón de pesetas de indemnización.

«Los agresores creen que el seno familiar les otorga más seguridad y disminuye la probabilidad de que el niño hable», asegura la psicóloga Elena de Marianas.

Florentina Alarcón, presidenta de la asociación, percibe que cada vez son más los propios niños los que denuncian los abusos. En la noche del 23 de febrero de 1998, la madre de D. se encontró en un bar con su amigo J.M.G. Tras unos minutos de charla, J.M.G. pidió permiso a la madre para sacar al niño a ver escaparates. La sentencia del 23 de febrero de este año narra lo siguiente: «Una vez en la calle, el procesado condujo al niño a un parque cercano, sentándolo en un banco, le bajó los pantalones, le besó por todo el cuerpo, le chupó su pene "para ponérselo grande" y obligó al niño a chuparle el miembro, intentando por último penetrarlo analmente, aunque sin conseguirlo. Después, lo cogió de la mano y regresaron juntos al pub...». J.M.G. ha sido condenado a siete años de prisión y a pagar dos millones a los padres del niño.

¿Castración química?

Las psicólogas y abogadas de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales no aceptan que un tratamiento médico o químico sustituya a la prisión para un acusado de abusos sexuales. Sin embargo, ayer reconocieron que algunos fármacos pueden reprimir el deseo de los agresores que sólo buscan satisfacer su deseo sexual. «La persona que ha cometido estos actos tiene dificultad para controlar sus impulsos, por lo que se deberá ponerles un límite desde fuera a través del miedo al castigo. Si no existe este temor real, no se controlarán los impulsos, por lo que la pena debe aplicarse y no sustituirse», explicó la psicóloga del Centro de Atención a las Víctimas, Helena de Marianas.

La asociación reunió ayer a unas 200 psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales en un hotel de Madrid para orientarlas en la atención primaria a víctimas de agresiones sexuales. Una de las pautas más importantes es «intervenir sólo con adultos y en total ausencia de los/las menores».

SOCIEDAD

EL MUNDO Domingo, 28 de noviembre de 1999

LA ULTIMA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS DEL MILENIO

Salto atrás a Occidente

DIA 48.

LUIS PANCORBO

En Australia, la mayor avanzadilla de Occidente, la violencia procede de la estragada sociedad de la abundancia y no es muy distinta de la nuestra pese a la geografía. Lo bueno, acaso, es que los australianos siempre llegan antes. Empiezan a corregir ciertos abusos. «El turismo sexual es un problema creciente». Sólo en Asia un millón de niños se ven envueltos en redes de prostitución. «Es erróneo creer que los niños no contraen o difunden el virus del sida». En Brisbane dan un número de la policía para informar de casos de turismo sexual que impliquen a menores de 16 años. Eso, tan milenarista también, ya se castiga aquí con penas de 12 a 17 años de prisión.

SOCIEDAD

EL MUNDO Sábado, 20 de noviembre de 1999

EEUU ha ejecutado a 10 condenados menores de edad

Se niega a ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, que hoy cumple 10 años

BELEN REYES GUITIAN

MADRID.- La Convención sobre los Derechos del Niño cumpe hoy 10 años. Es el tratado internacional más aceptado de la historia de las Naciones Unidas, ratificado por todos sus estados miembros excepto dos: Somalia y Estados Unidos. Este último país sigue negándose en redondo a aplicarlo, y predica su oposición con ejemplos, ya que durante esta década ha ejecutado a 10 presos que cometieron crímenes cuando eran menores de edad, algo que el texto prohíbe en su artículo 37.

En abril de 1998 fue ejecutado mediante una inyección letal Joe Cannon, condenado por haber matado a una mujer cuando tenía 17 años, en 1977. Un historial de esquizofrenia y una lesión cerebral que jamás fueron tratados, sumados a una infancia infernal, hicieron que el pabellón de la muerte fuera el mejor sitio en el que había vivido nunca. Allí aprendió a leer y escribir. Pero la Justicia fue implacable. Un mes después lo siguió Robert Carter, otro joven asesino con una lesión cerebral que nunca llegó a ser conocida por el jurado que lo condenó.

EEUU encabeza la lista de países que han impuesto la pena capital a menores de edad, por delante de Arabia Saudí, Irán, Nigeria, Pakistán y Yemen, países que sí han ratificado la Convención pero que no la aplican. En total, 19 ejecuciones, según denuncia Amnistía Internacional.

La ONG Save the Children, en su informe Derechos de los niños ¿realidad o retórica?, afirma que quienes se oponen a la ratificación de la Convención en EEUU, encabezados por el senador republicano Jesse Helms, creen que este texto ataca la integridad de las familias porque amenaza su derecho a tomar decisiones sobre cómo educar a sus hijos y porque ofrece a los niños la oportunidad de participar en la vida familiar y de la comunidad.

Esta terrible amenaza se basa en cuatro principios fundamentales: no discriminación; interés superior del niño; derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y derecho a la participación de los niños y las niñas. Una base que ha servido para que 50 estados reformen sus leyes en defensa de una infancia que continúa estando desprotegida.

Fuera de Estados Unidos, pero sin salir de la cárceles, la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch denuncia que los niños acusados de cometer delitos en Pakistán son habitualmente torturados por la policía mediante el apaleamiento o el colgamiento con la cabeza hacia abajo, y pueden permanecer hasta tres meses detenidos antes de ver a un magistrado.

Inexcusable

Esta ONG ha sido también una de las muchas voces que se han levantado contra la actitud de Estados Unidos. «Es inexcusable. ¿Qué clase de mensaje nos deja? Esto mina la credibilidad de EEUU como nación que se preocupa por sus niños», afirma Lois Whitman, portavoz de esta ONG. Aunque no son sólo las organizaciones civiles las que acusan. La ministra francesa de Trabajo, Martine Aubry, calificó el jueves de «poco admisible» que Estados Unidos no haya ratificado aún la Convención.

De todas maneras, la ratificación no es la panacea para los niños. De otro modo, no se explicaría que 300.000 niños luchen en conflictos armados, que 12 millones mueran cada año por enfermedades que se pueden prevenir o curar -según UNICEF-, que 250 millones se vean obligados a trabajar en condiciones que amenazan su desarrollo, que 130 millones no vayan a la escuela, que 20 millones vivan en la calle o que 13 millones sean refugiados.

Pongamos, por ejemplo, el caso español. Joaquín Ruiz Jiménez, presidente de UNICEF en España, puntúa con un siete sobre 10 la situación de los menores en el país, aunque señala que hay algunos problemas sin solucionar: la situación de los niños inmigrantes y gitanos, los abusos contra niños, malos tratos y abandonos, la violencia en centros escolares, el trabajo ilegal o de riesgo para menores de 16 años, y las cadenas de explotación sexual.

El sindicato UGT asegura que, en España, unos 250.000 niños trabajan en actividades irregulares y, citando datos de Eurostat, que 1.700.000 viven en hogares pobres. Destaca la situación de los hijos de los inmigrantes, sobre todo los que no tienen regularizada su estancia -unos 1.500-, que habitan viviendas infrahumanas y carecen de recursos suficientes.

Salgamos ahora a la Unión Europea. Durante la última semana se ha denunciado la trata de niños por parte de algunos clubes de fútbol italianos. Se trata de más de 5.000 menores de 16 años fichados en 1998 por sociedades futbolísticas italianas, vendidos por representantes que se embolsan una buena comisión y que se desentienden de los niños, que se enfrentan a un futuro más que incierto si no logran triunfar. Una denuncia que hasta hoy no ha tenido consecuencias judiciales.

En Holanda, 18 extranjeros menores de edad fichados irregularmente por clubes de fútbol pueden ser expulsados del país.

Mientras, las ONG participantes en la campaña Ropa limpia, denuncian que miles de niños trabajan en condiciones cercanas a la esclavitud en países como la India o Pakistán fabricando balones o equipamientos deportivos.

Europa también recluta niños soldados

ANA ALONSO MONTES

Corresponsal

BERLIN.- Los 300.000 niños soldados no están sólo en el Africa profunda. Países europeos como el Reino Unido siguen reclutando a menores de edad en sus Fuerzas Armadas. En la Conferencia Europea sobre los Niños Soldados, celebrada en Berlín, Europa ha sido acusada de aplicar una doble moral. Cuando se trata de suscribir llamamientos dirigidos a otros países en guerra, Europa señala con el dedo a quienes utilizan a menores para tomar las armas. Sin embargo, muchos países europeos miran hacia otro lado cuando se les pide que dejen de alistar a jóvenes que aún no han cumplido los 18 años.

Para Jo Becker, presidenta de la Coalición contra el Uso de los Niños Soldados, «es necesario que Europa dé ejemplo y deje de aplicar un doble rasero». La Declaración de Berlín insta a los estados a que promuevan leyes internacionales que prohíban la participación de los menores de edad en los conflictos armados. El texto finalmente no fue suscrito por varios países europeos como Austria, Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda y el Reino Unido. Sin embargo, Jo Becker se felicitó por las modificaciones en la legislación que se han introducido recientemente en España, Portugal, la República Checa, Dinamarca, Finlandia y Noruega, encaminadas a elevar la edad de reclutamiento.

En el Reino Unido la edad mínima para alistarse en las Fuerzas Armadas son los 16 años. Unos 5.700 niños y 800 niñas prestan actualmente servicio en el Ejército británico. Según los datos de la Coalición contra el Uso de los Niños Soldados, al menos 92 niños han muerto en actos de servicio en las Fuerzas Armadas británicas desde enero de 1982. También llama la atención esta organización internacional sobre el riesgo que corren los niños de ser víctimas de abusos. En agosto de 1997 una joven de 17 años fue violada por un instructor borracho durante unas maniobras. La chica dijo que no había gritado «porque se trataba de un superior al que debo obedecer».

Otros países europeos donde las Fuerzas Armadas aceptan a niños de 16 años son: Bélgica, Bosnia, Irlanda, Eslovaquia y Suiza. También en Noruega pueden sumarse a la guardia nacional, o a la policía de fronteras en Alemania. Croacia y Noruega se reservan el derecho de reclutar a los 16 años en caso de guerra.

A los 17 años, de forma voluntaria, pueden alistarse en el Ejército los jóvenes de Austria, Croacia, Chipre, Estonia, Yugoslavia, Macedonia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia y Eslovenia. Francia, Italia y Alemania están en proceso de reformar la edad mínima de alistamiento.

MADRID

EL MUNDO Martes, 14 de diciembre de 1999

INFANCIA

Investigados 5.000 posibles casos de malos tratos a los niños en 1999

ROSA M. TRISTAN

MADRID.- La Comunidad ha abierto, desde que comenzó el año, 5.000 expedientes para investigar otros tantos casos de malos tratos a los menores. El médico José Antonio Díaz Huertas, que dirige el Programa de Atención al Maltrato Infantil, puesto en marcha en hospitales y centros de salud, dio ayer a conocer estos datos en las jornadas sobre este tema organizadas por APIMM (Asociación de Prevención de Malos Tratos en la Infancia).

Díaz Huertas señaló que un 38% de estas sospechas son por abandono y negligencia en el cuidado de los hijos, si bien también son numerosos las agresiones de otro tipo. Así, a través del programa en los centros sanitarios, desde enero se han detectado 260 situaciones de riesgo social, de las que un 40% resultó ser cierta.

Según sus datos, más de un tercio eran maltratos físicos, mientras que un 22% eran de carácter emocional y un 26% abusos sexuales. Díaz Huertas añadió, no obstante, que sólo se conoce entre el 1% y el 10% del total de menores en situación de riesgo.

El Defensor del Menor, Javier Urra, destacó que las instituciones deben conseguir que los procesos judiciales no sean tan largos, porque perjudican aún más al desarrollo del niño.

SOCIEDAD

EL MUNDO Domingo, 19 de diciembre de 1999

AGRESION/ INTERVINO EL MISMO JUEZ DEL «CASO BELALCAZAR»

Absueltos porque la chica era «proclive» al sexo

CARMEN REINA

CORDOBA.- Una sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a tres jóvenes de agredir sexualmente a una menor de 14 años al no considerarse probado que intimidaran a la chica, a la que se califica como «proclive a la prosmiscuidad sexual» y de la que se dice que «era una chica fácil para el acceso carnal».

Se da la circunstancia de que el ponente de este tribunal, que es quien se encarga de estudiar los antecedentes de los hechos y dictar la sentencia, es Juan Ramón Verdugo, el mismo juez que intervino junto a otros dos en la sentencia que pedía el indulto para un padre que había abusado sexualmente de su hijo en la localidad cordobesa de Belalcázar, señaló el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Córdoba, Narciso Ariza.

El tribunal, que sí condena a dos de los acusados por abusos, considera que no hubo agresión sexual y que la joven, «pese a su corta edad», era «receptiva a las relaciones sexuales», además de indicar que pudo comunicar a otras personas «las pretendidas agresiones sexuales» de las que era víctima y no lo hizo.

No obstante, la sentencia reconoce que sí existió un abuso de superioridad por parte de los jóvenes porque eran conscientes de que se encontraban en superioridad física y numérica ante la chica, circunstancias que aprovecharon para relacionarse sexualmente con ella, cuya libertad «estaba mermada».

SOCIEDAD

EL MUNDO Domingo, 12 de diciembre de 1999

TRIBUNALES

EEUU extradita a España a un pederasta que se había fugado

MIAMI.- Estados Unidos extraditó ayer a España a José Sarasola Ibáñez, que se había fugado para no cumplir una condena de 10 años de prisión por abuso sexual de menores, según informa Efe.

Este es el primer caso de extradición a España de un ciudadano español detenido en Estados Unidos tras la enmienda al tratado entre ambos países aprobada este año, por la cual se agilizan estos trámites. Sarasola Ibáñez, de 37 años, fue detenido en Miami el 4 de agosto pasado.

Su extradición en poco más de cuatro meses es de una rapidez inusual, ayudado por el hecho de que él no se ha opuesto al trámite de regreso a su país. Otro español, Ramón Aldasoro Magunacelaya, presunto miembro de la organización terrorista vasca ETA, fue detenido en Miami en diciembre de 1997 y podría ser extraditado pronto al agotarse los recursos de apelación de sus abogados.

Sarasola Ibáñez fue reclamado a Interpol por la Audiencia Provincial de San Sebastián después que se fugara de España tras una sentencia de 10 años de prisión, en 1994, «por autor criminalmente responsable de tres delitos de abusos deshonestos entre 1988 y 1989 de una niña» de siete años.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de San Sebastián expuso que Sarasola Ibáñez se aprovechó para realizar los actos deshonestos que como marido de una antigua empleada de hogar tenía acceso a la casa de la niña y un trato habitual con los padres.

Estos tres actos tuvieron lugar en la habitación de la niña, cuando el acusado se ofreció a llevarla a clases de ballet en Irún y cuando la llevaba en su camión a visitar a su propia hija.

El tribunal desestimó las acusaciones contra Sarasola Ibáñez de haber cometido actos también deshonestos contra otras tres niñas familiares suyas por haber expirado el plazo para juzgarle por esos cargos. Posteriormente, la Audiencia Provincial de San Sebastián rechazó un recurso de la familia de la niña donde pedía que se le condenara por un mayor número de cargos que podrían representar una sentencia de más de 20 años prisión.

EL MUNDO Jueves, 9 de diciembre de 1999 SOCIEDAD

Un hombre que vio una violación múltiple y no hizo nada, absuelto

Según el Supremo, no fue cooperador necesario de las agresiones sexuales

IRENE HDEZ. VELASCO

MADRID.- Asistió impasible a la violación de una mujer por parte de cuatro hombres. No movió un dedo por ayudar a la víctima, no hizo absolutamente nada por evitar que fuera agredida sexualmente. Pero, según la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Abdelkader H.M. no puede ser condenado por agresión sexual. Ni siquiera se le puede achacar haber cooperado con la cuádruple violación.

Total: los 48 años de cárcel a los que la Audiencia de Málaga le había sentenciado en julio de 1998 quedan revocados. Abdelkader H.M. es inocente, según ha fallado ahora el Supremo.

La agresión sexual en cuestión ocurrió en Melilla en mayo de 1997. Todo empezó cuando Hicham E.I. abordó en las proximidades de una explanada a F.R., una ciudadana argelina que se encontraba en España en situación irregular. Se acercó a ella, le tapó la boca con una mano y la arrastró a un lugar cercano en donde se encontraban Hamed M.H., Reduan H.A., Mohamed A.D., y Abdelkader H.M.

La mujer fue entonces violada analmente, de formas sucesiva, por Hicham E.I., Hamed M.H. y Mohamed A.D. Ella lloraba y rogaba a sus agresores que la dejaran, que tenía 51 años, que era muy mayor... Ellos hicieron caso omiso de las súplicas de su víctima, golpeándola en el rostro y las costillas.

Mientras esto ocurría, Reduan H.A., otro de los implicados en el suceso, se dedicaba a esnifar pegamento. Luego, este hombre fue obligado por los tres violadores a penetrar analmente a la mujer.

¿Y Abdelkader? «Durante todo este tiempo Abdelkader H.M. estuvo de pie, parado, mirando lo que ocurría», afirma la sentencia.

No intervino en un sentido ni en el otro. No agredió sexualmente a la víctima, pero tampoco intervino para evitar que sufriera la cuádruple violación. Su participación en los hechos, según la sentencia, se limitó a golpear a la mujer en un pie cuando, consumadas las agresiones, ésta intentó huir.

La Audiencia malagueña condenó en su día a Mohamed A.D., a Hicham E.I. y Abdelkader H.M. a 48 años de cárcel a cada uno como autores directos de un delito de agresión sexual y como cooperadores necesarios de otros tres. A Hamed M.H. le impuso una pena de 12 años de prisión, al aplicarle la atenuante de minoría de edad, y a Reduan H.A., una condena de tres años de cárcel.

Abdelkader H.M. recurrió al Supremo... y éste acaba de fallar a su favor. El Tribunal ha anulado la condena que la Audiencia de Málaga le había impuesto y ha optado por absolverlo. El argumento: no agredió sexualmente a la mujer, como consta en el relato de hechos probados que acompaña a la sentencia de la Audiencia de Málaga, ni se le puede considerar tampoco cooperador necesario de las violaciones.

«No aportó esfuerzo físico alguno para la consumación de las agresiones llevadas a cabo, ni consta acreditado un plan preordenado al que el recurrente hubiese prestado su asentimiento o hubiese intervenido en su organización», dice la sala de lo Penal al absolver a Abdelkader como cooperador necesario de las violaciones.

«Aunque estuvo de pie mirando lo que ocurría», dice el tribunal, «su sola presencia no pudo favorecer la intimidación o incrementar el temor de la víctima, ya que estaban presentes otras cuatro personas, los acusados, autores directos cada uno de ellos de una agresión sexual, que era suficiente para provocar el miedo o la intimidación en la víctima, sin que su sola presencia pasiva aumentara aquéllos».

«Si la denegación de auxilio y la tolerancia de una violación no se contempla como delito en el Código Penal, tendremos que pedir una reforma legislativa», asegura Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, al conocer esta sentencia. «Pero yo me pregunto qué harían los jueces con alguien que presenciara una acción terrorista y no llamara a la policía y no denunciara. No creo que en ese supuesto los tribunales fueran tan tolerantes. Creo que en éste lo han sido porque la víctima es sólo una mujer».

«A mí no me cabe la menor duda: fue cooperador necesario desde el momento en que pudo impedir que se cometiera delito y no lo hizo», opina María Durán, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. «Además, la misma Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó el año pasado a una madre como cómplice de los abusos sexuales de su marido contra la hija de ambos por no hacer nada para evitarlo».

El artículo 450 del Código Penal

Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, no tiene nada que objetar a la sentencia del Supremo. «Ese hombre no había cometido una agresión sexual y, aunque la había presenciado, no por ello se le puede considerar cooperador necesario. No por ser testigo de un robo se es un ladrón», afirma.

Según Gimbernat, a Abdelkader H.M. sólo se le puede achacar la omisión del deber de impedir delitos, un comportamiento regulado en el artículo 450 del Código Penal.

Y como el delito no impedido por Abdelkader no era contra la vida, éste sólo habría sido condenado a pagar una multa.

MADRID

EL MUNDO Domingo, 19 de diciembre de 1999

-VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA-

Los profesores denuncian cada día dos casos de malos tratos a niños

ROSA M. TRISTAN

MADRID.- Cada día de clase, los profesores de la Comunidad de Madrid ponen en conocimiento de la Consejería de Educación dos casos de alumnos que, según sus fundadas sospechas, sufren malos tratos, tanto físicos como de abandono o negligencia en su cuidado por parte de sus familias.

Los maestros, que cuentan con un cuestionario específico para describir estas situaciones, han comunicado, desde que comenzó este año, que 300 menores están en situaciones de riesgo, un número que se añade a los 260 detectados a través de los centros de salud y los hospitales. Entre ambos canales, pocos casos coinciden.

En los colegios, esta información se centraliza a través del conocido como Equipo 10, un grupo de 14 profesionales de la Consejería que trabajan, desde hace ya una década, en el Programa de Apoyo Escolar para la Protección a la Infancia.

«Las escuelas son, sin duda, un observatorio privilegiado sobre la actitud de un niño. El profesor es quien mejor detecta si tiene problemas de conducta, si es agresivo, si está sucio, si está triste o sufre. También puede fijarse si tiene golpes o heridas», explica Blanca Varona, directora de Equipo 10.

Después de visitar los 1.200 colegios públicos de la región y contactar con casi 19.000 docentes, este equipo ha distribuido ya más de 5.000 guías destinadas a ayudar a los profesores a detectar los malos tratos a la infancia y ha conseguido resquebrajar el muro de silencio que rodea estas situaciones por desconocimiento o miedo.

Desde que iniciaron el trabajo, la Consejería de Educación ha recibido 2.973 notificaciones, de la que casi ninguna era infundada. De ellas, una gran mayoría era de niños, mucho más expresivos cuando hay problemas. Sus compañeras, ya desde muy pequeñas, sufren en silencio.

El protocolo o cuestionario que se facilita a los profesores contiene un centenar de preguntas en las que se recoge exhaustivamente la información sobre el niño, desde su aspecto externo a su actitud, desde si falta a clase a si está enfermo con frecuencia inusual.

Con este documento, el Equipo 10 elabora un informe que se traslada a los servicios sociales de cada Ayuntamiento para que intervengan directamente con la familia, a la vez que en la escuela el profesor toma también las medidas que le recomiendan.

Sin embargo, es en la ayuda a la familia donde se manifiestan los problemas de la escasez de recursos, según los profesionales. «Son pocos los casos en los que se retira al niño de sus padres, pero, en los demás, la escuela no puede solucionar el asunto ella sola, necesita apoyo y ahí hay falta de coordinación y trabajo en equipo», se queja Varona.

Cambio de colegio

Otros especialistas, que participaron en días pasados en unas jornadas organizadas por la Asociación Madrileña para la Prevención de Malos Tratos a la Infancia (APIMM), comparten su opinión.

Ante la perspectiva de enfrentarse a la familia sin ayuda, que los padres terminen sacando al chaval del colegio si se sienten acusados, o ante las consecuencias personales, si las sospechas son infundadas, aún hay muchos profesores que se resisten a dar el paso de la denuncia, si bien la sensibilización comienza a hacer mella en las aulas.

Victoria Nogueral, especialista en abusos sexuales a la infancia, considera que la situación cambiaría si los efectos legales del ocultamiento de una situación de malos tratos fueran más duros. «En Estados Unidos si alguien sospecha que un niño sufre violencia y no lo denuncia, puede ser suspendido de empleo y sueldo. Aquí es obligatorio denunciar los casos, pero luego no actúa la Justicia», asegura Nogueral.

Dispersión judicial

En este sentido, el fiscal Antonio del Moral, quien durante muchos años estuvo al frente de la Fiscalía de Menores y hoy es miembro de APIMM, destaca la dispersión judicial que hay en el maltrato a los menores. «No hay estadísticas porque los procesos se distribuyen entre los 45 juzgados de instrucción existentes en Madrid. Hoy es imposible saber la realidad judicial de estos casos. No vendría mal especializarse», recomienda.

Del Moral también enumera las dificultades que genera la falta de pruebas a los fiscales. «Los niños no cuentan lo que les pasa como las personas mayores. Por ello, a la Fiscalía los casos llegan a través de los hospitales y siempre con sus partes médicos. De los colegios son pocas las denuncias que siguen adelante porque los menores se recuperan enseguida de los golpes. Los fiscales, además, tienen que tener mucho cuidado con las denuncias de malos tratos que son recíprocas entre los padres y entre las que hay muchas que no son reales», añade el fiscal.

Respecto a las penas, Antonio del Moral no cree que porque se impongan «más altas sean mejores porque lo importante es que sean ineludibles».

Aumenta la burocracia

Los profesores que denuncian casos de malos tratos a la infancia, a través del llamado Equipo 10, cada vez se encuentran ante una mayor burocracia en la respuesta social, con situaciones más complejas ante las que cuentan con pocos recursos y con una total falta de formación de los padres sobre cómo educar a sus hijos. Estas son algunas de las deficiencias que se encuentra el Equipo 10 en su trabajo diario.

«La escuela sigue preocupándose de esos niños en situación de riesgo social, pero sin casi contar con ayuda externa. Por ejemplo, hoy no hay recursos para los menores que tienen problemas de salud mental, niños enfermos para los que la escuela no es una solución. Y en los centros de Secundaria la situación es peor», afirma Blanca Varona, responsable de este programa de apoyo a la protección de la infancia.

Su equipo todavía tiene pendiente iniciar una campaña de sensibilización entre profesores de la ESO, si bien esperan poder dedicarse a esta etapa de ahora en adelante.

MADRID

EL MUNDO Domingo, 26 de diciembre de 1999

SOLIDARIOS EN LA TRINCHERA / (Y VII)

La madrina de las «muñecas rotas»

Se ha pasado la vida luchando contra los malos tratos dentro del seno familiar, dando la cara por miles de mujeres que sufren en sus carnes los abusos de sus maridos. Ella sabe muy bien lo que es este dolor y, por eso, desde la Asociación de Mujeres Separadas, de la que es una de las fundadoras, se dedica a recomponer a estas mujeres, a estas muñecas rotas, para que recuperen su antiguo esplendor.

ROSA M. TRISTAN

MADRID.- Ana María Pérez del Campo supo, desde muy joven, lo que era pelear por sacudirse el yugo del hombre. Hoy su trinchera social está en la guerra contra los malos tratos que, en el límite del milenio, siguen padeciendo miles de mujeres españolas.

«Tenía 25 años y tres hijos cuando me separé. Como mi marido no me pasaba la pensión, tenía que trabajar, pero la ley me impedía hacerlo sin autorización del esposo. Cuando él se enteró de que tenía empleo, intentó que me echaran. Mis alternativas eran la mendicidad o la prostitución. Finalmente, no logró que me despidieran y así pude salir adelante».

A Ana María, que ya ha cumplido los 63, la vida le ha curtido la piel peleando por la dignidad del mal llamado sexo débil. Lejos quedan ya aquellos tiempos en los que las batallas se hicieron para ganar el derecho al divorcio, a la anticoncepción, a la igualdad en las leyes.... Lejos, pero no tanto como para olvidar que fue entonces, al poco de crear con otras compañeras la Asociación de Mujeres Separadas, cuando se topó con las primeras víctimas de una guerra que se escondía entre las cazuelas y las sábanas de muchos hogares.

«Un día, a la asesoría jurídica que teníamos en la asociación, allá por los años 70, llegó una mujer tuerta. Le costó tiempo quitarse las gafas y reconocerme que había sido su marido. El individuo la había vaciado un ojo a golpes y ella era la que estaba avergonzada». Eran tiempos aquéllos en los que las muertas aparecían en El Caso bajo el epígrafe de crímenes pasionales.

Desde el año 89, su organización cuenta en una localidad de Madrid con un centro de recuperación de mujeres maltratadas por el que ya han pasado cientos y cientos de víctimas. Un lugar secreto. Un zulo social. Lo único que garantiza la seguridad de quien se siente perseguida y acosada.

Y es que, sólo huyendo y a escondidas, muchas mujeres han conseguido salvarse de esa violencia con la que algunos hombres les han marcado durante años, mientras ellas, ya acostumbradas al dolor, quizá ya habitual desde la infancia, aguantaban los golpes y el desprecio. Salvarse y, a la vez, recuperar la dignidad perdida.

«Yo he visto aquí a una mujer acuchillada en el cuello por su marido, que la hacía arrastrarse delante de él cada noche, he visto pechos quemados con cigarrillos, huesos rotos, almas partidas...». Y mientras pasea su mirada alrededor del comedor donde nos encontramos, Ana María, con disimulo, me muestra «a esa joven, a la que su marido reventó el bazo porque no quiso acostarse con él una noche; a esa otra, que ha perdido la menstruación hace meses, a causa del pánico a las palizas; a la funcionaria que sufre de anorexia, o a la chica que ha llegado a pesar 100 kilos a causa de la ansiedad».

Antiguo esplendor

Lentamente, vuelven a reconstruir las piezas de esas muñecas rotas, una a una, con la misma paciencia y el mismo cariño con el que un restaurador recompone su más valioso objeto para que recupere su antiguo esplendor.

«Aquí hay ahora mismo dos médicas, una periodista, tres abogadas. Los malos tratos existen en todas las esferas y clases sociales. Todas necesitan ayuda de psicólogos para recuperar su autoestima y volver a encauzar su vida».

Esta recuperación en el centro está marcada de indicadores feministas. «Ahora parece que está mal visto ser feminista. A las que lo proclaman se las tacha de radicales, pero se olvida que siempre tiene que haber una vanguardia, que es la que nos ha permitido a las mujeres alcanzar algunos de nuestros objetivos. Y queda mucho por hacer. Demasiado. No hay más que pasearse por cualquier pequeño pueblo del país».

Para Ana María y su equipo es fundamental «desconectar» cuando la termina la jornada. «Es una cuestión de supervivencia para no volverse loca. Por aquí han pasado mujeres que recordaban a las de los campos de concentración nazis. Es su fortaleza para salir adelante lo que a nosotras nos da fuerzas».

Sin embargo, cada noticia sobre una nueva muerta a manos de su compañero es una nueva herida. «El corazón da un salto, hasta que comprobamos si se trata de una de las que han pasado por aquí. Y luego siempre queda la rabia».

Si. Rabia. Y dolor por la impotencia. Y desesperación. «¿Cómo puede haber lista de espera para conseguir una plaza cuando se está escapando de la muerte? ¿Qué hacer con esa mujer que, después de poner 20 denuncias, se encuentra cada noche en casa con su maltratador sentado en el sofá? ¿Quién la salva a ella?».

Preguntas para las que Ana María responde siempre igual: «Aquí a los políticos se les llena la boca cuando hablan de las mujeres maltratadas, pero lo que tendrían que hacer es una ley integral contra la violencia doméstica que diera soluciones inmediatas a su sufrimiento».

Los muros de la Justicia

Y es que ella asegura que tiene claro dónde está ahora el enemigo, hacia dónde hay que dirigir las balas para que caigan los muchos prejuicios que aún sobreviven entre los muros de la Justicia. «Los jueces y los fiscales aún consideran que los malos tratos forman parte del ámbito de la familia. Por ello archivan las denuncias y dejan libres a individuos que amenazan impunemente de muerte a sus mujeres. Da igual lo que marque la ley, que diga que esos casos no se archivan».

Y es que es habitual oír decir que los cambios sociales son lentos, que se tardará tiempo en conseguir que ningún hombre pegue a una mujer, que se ha avanzado mucho en pocos años... Pero ni ella, ni sus compañeras, ni sus residentes pueden esperar tanto.